La insistente asfixia presupuestaria que el gobierno nacional aplicó durante meses sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos encontró un límite infranqueable en el Poder Judicial. Tras una seguidilla de advertencias, presentaciones judiciales y una medida cautelar que evidenció el riesgo de paralización de un organismo clave para la identificación de nietos apropiados durante la última dictadura, la administración de Javier Milei terminó transfiriendo 590 millones de pesos. El desembolso, lejos de responder a una rectificación voluntaria, fue la consecuencia directa de un fallo del Juzgado Federal N°1 de La Plata que dejó al descubierto las consecuencias de una política de ajuste que comprometía cuatro décadas de búsqueda de identidad.
La situación crítica venía siendo denunciada desde hace meses por Abuelas de Plaza de Mayo y por la propia directora del Banco, Mariana Herrera Piñero. Según los informes que obran en el expediente, el presupuesto asignado para 2026 cubría apenas el 55,96% de los fondos necesarios, lo que ponía en riesgo servicios tan elementales como la limpieza, la seguridad y, lo más grave, el mantenimiento edilicio indispensable para preservar muestras biológicas consideradas únicas e irrepetibles. La Fiscalía Especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado (UFICANTE) fue la primera en alertar al juez Alejo Ramos Padilla sobre la situación de “extrema criticidad” que afectaba los tiempos de entrega de análisis de ADN y la capacidad de respuesta ante los requerimientos de la Comisión Nacional del Derecho a la Identidad y los propios tribunales federales.
El magistrado no demoró en reaccionar. A mediados de mayo dictó una medida cautelar interina en la que intimó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al Ministerio de Justicia a adoptar medidas urgentes para garantizar la operatividad del organismo. En su resolución, Ramos Padilla fue taxativo al recordar que el Estado argentino tiene obligaciones internacionales en materia de investigación de crímenes de lesa humanidad y que cualquier alteración en las condiciones de refrigeración o bioseguridad del archivo constituiría un daño irreversible. La presentación de Abuelas como querellante reforzó el pedido: la organización, con la firma de su presidenta Estela de Carlotto, advirtió que “cualquier interrupción del Banco afectaría pruebas irreemplazables y comprometería las obligaciones internacionales de Argentina en materia de verdad, identidad y justicia”.
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete intentó argumentar que la falta de operatividad se debía a una gestión ineficiente de los recursos, pero en el mismo informe reconoció la necesidad de una compensación de crédito por 590 millones de pesos. El giro finalmente se concretó y esta semana Ramos Padilla levantó la medida cautelar tras considerar que “el acuerdo arribado garantiza el correcto funcionamiento del BNDG en lo inmediato y en el transcurso del año”. El juez dejó en claro, sin embargo, que la intervención judicial cesaba únicamente porque había cesado “la situación de gravedad extrema” que motivó el fallo original, aunque advirtió sobre los riesgos de incurrir en un nuevo incumplimiento. El Banco, creado en 1987 y modelo a nivel mundial, resguarda actualmente más de 32 mil muestras y perfiles genéticos de familiares que aún buscan a 300 nietos desaparecidos.
