La derrota del oficialismo en la Cámara de Diputados durante la última semana evidenció una creciente fragilidad política. Este revés legislativo no fue un hecho aislado, sino el reflejo de un malestar acumulado entre gobernadores aliados y legisladores que, tras apoyar medidas polémicas como los vetos presidenciales al aumento jubilatorio, perciben un incumplimiento sistemático de acuerdos por parte del entorno presidencial. Figuras como el misionero Martín Arjol –expulsado de la UCR por su alineamiento con el Gobierno– manifestaron sentir una palpable decepción tras ser excluidos de las listas electorales provinciales pese a su lealtad previa. “¿Y qué garantías tengo de que cumpla? Nosotros jugamos bien y acompañamos, me dejan solo”, expresó Arjol tras ser marginado por el círculo de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, encargados de la estrategia electoral libertaria.
Este escenario se agrava con la tensión en territorios clave. En Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés consideró “inexplicable” el colapso de un pacto que entregaría los primeros lugares de la lista de diputados nacionales a La Libertad Avanza (LLA) a cambio de respaldo a su candidato gubernamental. Según fuentes cercanas al mandatario, Lule Menem exigió inicialmente vetar al hermano de Valdés por considerarlo “muy casta” y luego pretendió encabezar la lista, una demanda calificada como “ridícula” en el entorno radical. Este episodio, sumado al voto disidente de aliados como Mariano Campero en proyectos sensibles (fondos universitarios y emergencia del Garrahan), alimenta la percepción de que el Gobierno trata por igual a amigos y adversarios. “Lo que están haciendo con nosotros no tiene nombre”, reclama un legislador oficialista afectado.
La fractura trasciende los desencuentros provinciales y penetra el núcleo duro del poder. En la Casa Rosada, la pugna entre el ala liderada por Karina Milei y Lule Menem –priorizando listas “puras” de LLA en todas las provincias– y la facción de Santiago Caputo –defensora de alianzas con gobernadores para asegurar gobernabilidad– alcanza su punto más álgido. Los caputistas, sin nombrar directamente a la hermana presidencial, acusan a los menemistas de “privilegiar a su propia gente” en detrimento de acuerdos nacionales. Un colaborador de Caputo advirtió: “El miércoles [con el quórum opositor] demostró que el Congreso está fuera de control. Ese es el rubicón: la pérdida de gobernabilidad”. La estrategia de aislamiento incluso motivó que Patricia Bullrich, histórica mediadora con radicales y ex PRO, se distancie de las negociaciones ante el temor de conflictos abiertos con Karina Milei.
Frente a este panorama, algunos oficialistas especulan con una intervención directa de Javier Milei para contener la crisis. No obstante, el Presidente mantiene su aversión a la política “de rosca”, delegando esas tareas en su hermana. Su única incursión notable fue el impulso al acuerdo con el PRO en Buenos Aires, donde tras reunirse con Cristian Ritondo ordenó personalmente cerrar la alianza. Este pacto se erige hoy como una excepción en un mapa de alianzas desmoronado. Mientras los gobernadores avanzan con un proyecto unificado para aumentar la coparticipación –respaldado por todos los bloques excepto LLA–, los aliados aguardan con escepticismo. Presumen que el Gobierno, necesitado de votos para sostener sus vetos clave, deberá recurrir a ellos “corriendo, arrepentido y con mejores ofertas”.
