La investigación por la presunta estafa millonaria al Estado en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza con una serie de indagatorias claves esta semana, en un caso que expone un sofisticado entramado de corrupción con funcionarios infiltrados, empresarios como directores paralelos y sobreprecios descomunales que afectaron a los sectores más vulnerables. El juez federal Sebastián Casanello ordenó la prisión domiciliaria para el empresario Pablo Atchabahian, considerado una pieza angular del esquema, después de que eludiera a la Justicia durante semanas. Atchabahian se negó a declarar el viernes pasado durante su indagatoria en su domicilio de Mendoza. La ronda de declaraciones continúa con Miguel Ángel Calvete, este martes, y Diego Spagnuolo, el miércoles.
Según la investigación del fiscal Franco Picardi, Atchabahian actuaba como un “funcionario sin cargo” o “jefe para-estatal” de la ANDIS, dando órdenes desde las sombras a Daniel Garbellini, el director de Acceso a los Servicios de Salud del organismo. La fiscalía sostiene que, en los hechos, Atchabahian era el jefe de Garbellini, una relación que se forjó durante su paso compartido por la función pública en el gobierno de María Eugenia Vidal y que se mantuvo tras su salida. La prueba más contundente de esta injerencia ilegítima es una fotografía hallada en su teléfono donde se ve un papel con anotaciones manuscritas que ordena “fraccionar los pagos de a poco” a una droguería y no pagar a otras seis, bajo acusaciones de ser “bocón” o “no cumplir con lo acordado”.
El mecanismo delictivo, detallado en un dictamen de 276 páginas, se basaba en la manipulación del sistema de compras mediante la creación de licitaciones “reducidas” o “acotadas”. Mientras que en las compulsas generales participaban alrededor de 15 droguerías, en estas instancias restringidas solo competía un cartel de cuatro empresas que operaban de manera coordinada. Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. se adjudicaron el 93,11% de las compras de medicamentos PACBI, por un monto de 30.337 millones de pesos. Otras dos, New Farma S.A. y Floresta S.A., actuaban como oferentes “pantalla” para simular competencia. Este sistema generó sobreprecios exorbitantes; el caso más flagrante es el del medicamento Macitentan, que en una licitación general costaba $411.764, pero que en una compulsa reducida se facturó a $8.290.000 la unidad, un incremento de casi 2000%.
Miguel Ángel Calvete, otro imputado detenido –aunque por una causa previa de explotación económica–, es señalado por la fiscalía como el articulador central entre el sector privado y los funcionarios de la ANDIS. Calvete, exconcejal de Cambiemos, operaba como un lobbista para diversas droguerías y empresas de insumos, ejerciendo de “director para-estatal”. De sus teléfonos y cuadernos incautados se desprenden pruebas cruciales: mantenía chats con Garbellini para destrabar pagos millonarios y contaba con una red de informantes dentro del organismo, como la empleada Lorena Di Giorno, quien le facilitaba información privilegiada e incluso le facturó $5,3 millones a una de las droguerías del entramado. Cuando estalló el escándalo, Calvete desplegó un “operativo limpieza”, pidiendo a un contacto que bloqueara a Spagnuolo en sus teléfonos y borrara el historial de llamadas.
Diego Spagnuolo, exabogado personal del presidente Javier Milei y quien fuera director de la ANDIS hasta su remoción en agosto, será indagado el miércoles. Si bien el juez Casanello rechazó su detención al considerar que se mantuvo “a derecho”, la fiscalía alega que su complicidad en el esquema no era gratuita. Se mencionan entregas de dinero en efectivo, incluidos 5 millones de pesos, y hay registros de cámaras que lo muestran ingresando a la casa de Calvete con una mochila. Como hecho objetivo, se le encontraron 80.000 dólares en una caja de seguridad, muy por encima de los 25.000 que tenía declarados. El fiscal Picardi, si bien no incluyó en su acusación los audios donde Spagnuolo aludía a un “tres por ciento” para Karina Milei, señala que en los chats los imputados impulsaban su designación argumentando que “hay que llegar a Karina, que es la que decide todo”.
Los vínculos personales son un pilar de esta organización. En un mensaje de WhatsApp, Atchabahian afirmaba: “Somos familia”. La investigación también sigue la ruta del blanqueo de capitales, que apuntaría a dos vías principales: la aplicación de criptomonedas Neblockshain, manejada por un tal Alan Pocovi, y transferencias a la empresa de aviones privados Baires Fly, propiedad de Sergio Mastropietro, quien fue vinculado en una causa al haber presentado al narcotraficante Fred Machado con el diputado José Luis Espert. El fiscal promete profundizar en esta conexión. Mientras las indagatorias de los 15 imputados se suceden esta semana, el caso ANDIS devela un sistema de corrupción estructural que desvió recursos vitales de las personas con discapacidad.
