La CGT convoca al paro general contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió un paro nacional de 24 horas para el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, en una medida que promete paralizar el transporte y gran parte de la actividad productiva del país. La central obrera, que llevará a cabo su cuarta huelga general desde el inicio de la gestión de Javier Milei, resolvió en una reunión de consejo directivo realizada de manera virtual no convocar a una movilización hacia el Congreso, aunque diversas organizaciones sociales, políticas y sindicales confirmaron que de todas formas marcharán al Palacio Legislativo. La definición de la fecha exacta de la protesta quedó supeditada a los tiempos parlamentarios: el oficialismo busca dictamen este miércoles en el plenario de comisiones para tratar el proyecto este jueves 19 de febrero, aunque persisten dudas sobre los votos necesarios y las modificaciones que podrían introducirse al texto aprobado en el Senado, especialmente en torno al polémico artículo que establece un recorte salarial durante las licencias por enfermedad.

Los gremios del transporte se convirtieron en el pilar fundamental de la medida de fuerza al garantizar una adhesión masiva que, a diferencia de conflictos anteriores, dejaría a millones de usuarios sin medios para movilizarse. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que en el paro de abril de 2025 había mantenido colectivos circulando bajo el argumento de una conciliación obligatoria, confirmó esta vez que acompañará la huelga. “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”, sostuvieron fuentes del gremio que lidera Roberto Fernández, aunque persisten dudas sobre la posición que adoptarán sectores internos disidentes como los trabajadores de la empresa DOTA, que evaluarán en asambleas si se suman. La Fraternidad, conducida por Omar Maturano, y la Unión Ferroviaria, a cargo de Sergio Sasia, también suspendrán los servicios metropolitanos y regionales, lo que dejará sin circulación a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur. En el subterráneo, los Metrodelegados anunciaron un paro total de 0 a 24 horas, en consonancia con la postura de la CTA-T, y advirtieron que no habrá servicio de subte ni Premetro durante toda la jornada.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que nuclea a Camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos y fluviales, se sumará a la medida, comprometiendo la logística de cargas, los vuelos nacionales e internacionales y la operatoria portuaria. La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), encabezada por Maturano, difundió un comunicado en el que garantizó el paro total de los medios de transporte de pasajeros y respaldó la decisión de la CGT. “En defensa del trabajo argentino, y en defensa de nuestro derecho a huelga. El día que se trate la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte”, remarcó el texto institucional. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) informó que, como parte de la CATT, participará de la medida de fuerza, aunque aún no se precisó cómo afectará a los vuelos. El Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) fue más allá y anunció un paro nacional por 48 horas desde la medianoche del miércoles, alcanzando a todas las ramas de la actividad, en rechazo a un artículo que, según denunciaron, “pretende excluir al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo, dejándolo fuera de la protección laboral básica”.

Fuera del ámbito del transporte, la adhesión al paro se extiende a gremios clave de la industria, el comercio y el Estado, aunque con matices y tensiones internas sobre la modalidad de la protesta. La Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, confirmó que no habrá atención al público en entidades públicas ni privadas en todo el país, aunque funcionará el servicio de home banking. El Sindicato de Empleados de Comercio se suma a la medida, pero advierte que la apertura de grandes centros comerciales dependerá de la disponibilidad del transporte. La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, que lidera Luis Barrionuevo, adhiere al paro aunque con la misma salvedad. Camioneros, el gremio que comanda Hugo Moyano, paralizará la recolección de residuos, el correo postal y el transporte de cargas. En el sector salud, el extitular de Sanidad y extriunviro de la CGT, Héctor Daer, confirmó la adhesión del personal de clínicas privadas, aunque aclaró que “las guardias y las urgencias se autorregulan” por tratarse de una actividad esencial.

La decisión de la conducción cegetista de no convocar a una movilización generó fuertes críticas internas y abrió una brecha con sectores que reclaman una protesta más combativa. Durante la reunión virtual del consejo directivo, el triunviro Octavio Argüello y el secretario gremial Osvaldo Lobato propusieron sumar una marcha al Congreso, pero la iniciativa fue rechazada por los sectores conocidos como Gordos e Independientes. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y las dos Centrales de Trabajadores (CTA), confirmó que igualmente se movilizará al Palacio Legislativo. El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la postura de la CGT como un “paro dominguero” si no incluye protesta callejera, y advirtió que dejar vacío el Congreso “le hace el juego al Gobierno”. En sintonía, el secretario general de la UOM de Córdoba, Rubén Urbano, definió como “bastante tibios” a los dirigentes cegetistas por no llamar a movilizarse en un momento que consideró crucial.

El Gobierno, por su parte, anticipó que descontará el día a los empleados estatales que adhieran a la medida de fuerza, tal como ocurrió en paros anteriores. Dos altas fuentes de Casa Rosada confirmaron a Infobae que la decisión está tomada: “Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), liderada por Andrés Rodríguez, quien también es secretario adjunto de la CGT, adhirió al paro pero no a la movilización, en una muestra más de las diferencias que atraviesan al arco sindical. Rodríguez justificó la medida de fuerza en que el proyecto oficialista “quita derechos y no va a crear ni un solo empleo”, y mencionó otros artículos objetables más allá del régimen de licencias, como la ultraactividad de los convenios o las restricciones a las asambleas sindicales.

El detonante inmediato de la convocatoria al paro fue la inclusión en el Senado, durante la madrugada del debate y sin discusión previa, de la modificación al régimen de licencias por enfermedad. El artículo 44 del proyecto establece que, ante enfermedades o accidentes no vinculados a la actividad laboral, el trabajador dejaría de percibir el salario completo para cobrar un 75% si se trata de una enfermedad y un 50% si deriva de una conducta voluntaria. La medida, que según fuentes oficiales no había formado parte del texto original, fue interpretada en el sindicalismo como una ruptura de los acuerdos informales que aún sostenían el diálogo con el Gobierno. La senadora Patricia Bullrich defendió la iniciativa argumentando que “existe una mafia de certificados truchos”, aunque dejó abierta la posibilidad de exceptuar a quienes atraviesen enfermedades graves mediante el decreto reglamentario.

En el oficialismo reconocen que el artículo generó resistencias incluso en bloques aliados, por lo que evalúan modificaciones que permitan destrabar la sanción definitiva antes del 1° de marzo, fecha en que el presidente Milei planea exponer la reforma laboral como uno de sus principales logros de gestión en la apertura de sesiones ordinarias. La estrategia legislativa del Gobierno apunta a firmar dictamen este miércoles para tratar el proyecto el jueves en Diputados, aunque la posibilidad de introducir cambios al texto aprobado en el Senado obligaría a un nuevo tratamiento en la Cámara alta, lo que demoraría los tiempos y complicaría los planes del Ejecutivo. La CGT, mientras tanto, mantiene la expectativa de que algunos diputados impulsen modificaciones que al menos mitiguen el daño que, a su juicio, provocará la ley.

Un dirigente del consejo directivo cegetista advirtió, en diálogo con Página/12, que el impacto negativo de la reforma en los trabajadores aún no se puede mensurar, pero anticipó que también afectará a la propia central obrera. “Habrá que esperar otro gobierno peronista para que se restituyan todos los derechos que se están conculcando y es poco probable que para ese entonces haya una sola CGT”, presagió, en una reflexión que sintetiza la gravedad con la que el sindicalismo evalúa el avance del proyecto oficialista.