En un nuevo giro procesal, el juez federal Ariel Lijo, en su carácter de subrogante del juzgado de María Servini -quien se encuentra de licencia-, declaró la incompetencia de dicho tribunal para investigar la causa vinculada a la criptomoneda $Libra y dispuso su remisión al juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi. La resolución, fundada en la existencia de una “mancomunidad probatoria (y de personas imputadas)” entre este expediente y otro ya en trámite ante Martínez De Giorgi, busca evitar un “dispendio jurisdiccional” y unificar la investigación bajo un mismo criterio, tal como publicó el medio La Nación. Esta decisión marca el tercer cambio de jurisdicción para una causa que investiga una presunta estafa millonaria y que tiene entre sus imputados al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El expediente ahora unificado ahonda en delitos de estafa, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, todos vinculados al fallido lanzamiento del token promocionado por el propio mandatario desde sus redes sociales el pasado 14 de febrero. La investigación intenta dilucidar los abruptos movimientos en la cotización de la criptomoneda, que generó ganancias siderales para sus creadores y pérdidas catastróficas para miles de pequeños inversores. El fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de ambas causas, ya había avanzado con medidas clave como el congelamiento de criptoactivos por un valor equivalente a 323.275 dólares y la requisa de dispositivos electrónicos de los imputados.
El traslado de la causa podría intensificar el foco sobre Karina Milei, quien ya era la principal imputada en la investigación que Martínez De Giorgi llevaba adelante, centrada en presuntos cobros de coimas a cambio de facilitar reuniones con el presidente. chats privados difundidos en el marco de la investigación, atribuidos a uno de los operadores del proyecto, aludían a que “Le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero”, una afirmación que quedó bajo la lupa de la justicia. La trama se complejiza con la participación de los empresarios Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, todos señalados como arquitectos de la operación.
Paralelamente al frente judicial, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados mantiene su propia pesquisa política, que se topó con la negativa del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, a comparecer. Su ausencia fue leída por la oposición como un intento de blindar al gobierno, en un clima de alta tensión institucional. El destino final del caso aún no está escrito, ya que Martínez De Giorgi podría aceptar la competencia o, por el contrario, devolver el expediente, lo que desataría un nuevo conflicto jurisdiccional que debería resolver la Cámara Federal porteña, prolongando una investigación que se ha convertido en una de las más sensibles para la administración libertaria.
