La interna del peronismo bonaerense encuentra un nuevo campo de batalla en la estratégica gestión de los puertos, donde designaciones y lealtades delinean un mapa de poder con ramificaciones hacia el futuro político de la provincia. La confirmación de la ex diputada nacional Mónica Litza al frente del Consorcio de Gestión Puerto Dock Sud cristaliza una puja que había estallado días atrás, cuando la avanzada de Sergio Massa para colocar a la dirigente en ese cargo desató la interna que involucra al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y al propio gobernador Axel Kicillof. Ferraresi, quien públicamente felicitó a Litza a través de un mensaje en redes sociales afirmando que “trabajaremos conjuntamente para mejorar, fortalecer y ampliar la capacidad operatoria”, presenta la designación como un acto de coordinación, aunque fuentes cercanas al ferraresismo interpretan la maniobra como un intento de otorgarle una poderosa “caja política” a Litza, con proyección a disputar el municipio en 2027.
Asumieron las nuevas autoridades del consorcio del Puerto de Dock Sud ⚓
— Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) December 10, 2025
Felicitamos a @monicalitza por la presidencia del @PuertoDockSud. Estamos seguros que trabajaremos conjuntamente para mejorar, fortalecer y ampliar la capacidad operatoria de esta institución que representa… pic.twitter.com/HXosFYf6pr
Este movimiento se produjo tras la forzada salida de Carla Monrabal, una dirigente cercana a Ferraresi, lo que fue visto como el primer síntoma del avance massista sobre el enclave estratégico de Avellaneda. La tensión se profundiza por las aspiraciones sucesorias de Magdalena Sierra, esposa de Ferraresi y figura clave del oficialismo local, quien se proyecta como heredera natural. El escenario portuario, sin embargo, se extiende más allá de Dock Sud. La pulseada se traslada al Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, donde la presidenta Jimena López —diputada nacional electa por Fuerza Patria— intenta conservar el control de la terminal mientras asume su banca nacional. Esta maniobra, que roza lo legal según los análisis, cuenta con un entramado político milimétrico que involucra a Massa, Kicillof, La Cámpora e incluso al gobierno de Javier Milei y a Martín Menem, para quienes habilitar el doble cargo garantizaría una futura negociación parlamentaria. Mientras, el puerto opera con la concesión vencida desde 2022, al borde de una cuarta prórroga y sin licitación a la vista.
En otros frentes, la definición de autoridades continúa alimentando la interna. Para el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, suenan con fuerza los nombres del ex intendente Gustavo Pulti, vinculado al kicillofismo, y Juan Manuel Cheppi, promovido por el massismo. En La Plata, todo indicaría que Mario Secco, intendente de Ensenada, retendrá el mando, con Susana González y Marcelo Ponce como posibles recambios en la gerencia. Paralelamente, se aguardan novedades en el Astillero Río Santiago tras la renuncia de Pedro Wasiejko, en un contexto de reclamos laborales.
La designación de Litza, oficializada en un acto con la presencia del ministro Augusto Costa y el subsecretario Juan Cruz Lucero, entre otros, no disimula las versiones sobre un posible cambio de escudaría de la dirigente. Circulan fuertes rumores, según reporta el mismo medio, de que Litza se encuentra disconforme con el Frente Renovador y habría sumado a la corriente kicillofista, llegando incluso a comunicar su decisión a Sergio Massa, aunque desde el massismo no hubo confirmación oficial. Esta nebulosa en cuanto a su afiliación real añade otra capa de complejidad a un conflicto que dista de cerrarse y que expone las fracturas y las alianzas circunstanciales que definen la geografía política del peronismo provincial frente a un año electoral decisivo.
