La Justicia paraguaya ordenó la detención del exsenador Edgardo Kueider y su exsecretaria Iara Guinsel Costa el pasado martes, avanzando en el proceso de extradición solicitado por Argentina. Ambos fueron interceptados por Interpol en su domicilio de Asunción, donde cumplían arresto domiciliario desde diciembre de 2024, tras ser sorprendidos en el Puente de la Amistad con más de US$200.000 sin declarar. El juez Rolando Duarte dispuso su traslado a sede policial para una “audiencia identificatoria”, instancia en la que los imputados rechazaron la extradición simplificada que hubiera acelerado su entrega a las autoridades argentinas. Tras esta decisión, Duarte resolvió mantenerlos bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica, medida que contrasta con el rigor aplicado en casos análogos.
La solicitud de extradición fue impulsada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien investiga a Kueider en la denominada “causa Securitas” por presunto lavado de activos vinculado a coimas de una empresa de seguridad. Si bien el exlegislador no figuraba inicialmente en esta investigación, fue incorporado bajo sospechas de que fondos ilícitos habrían financiado su red inmobiliaria mediante empresas como BETAIL S.A. y EDEKOM S.A. Kueider desmintió categóricamente estas acusaciones: “Está todo agarrado de los pelos, es como que hay una intencionalidad de construir una causa más grande”, afirmando que el dinero incautado provenía de “operaciones en Paraguay” no relacionadas con su actividad política. Pese a sus alegatos, fiscales paraguayos sostienen que conformó una “asociación ilícita” para blanquear capitales desde 2017, aprovechando su condición de funcionario público.
El panorama judicial se complejiza por una causa paralela en Entre Ríos por enriquecimiento ilícito, que abarca su trayectoria desde su primer cargo como concejal en Concordia en 1999 hasta su paso por la Secretaría General de la Gobernación (2015-2019). Este solapamiento de investigaciones generó un conflicto de competencia que deberá resolver la Corte Suprema. Tras distanciarse del kirchnerismo en 2022, Kueider se convirtió en votante clave de la Ley Bases de Milei en 2024, hecho que sectores oficialistas utilizan para deslizar conexiones entre el dinero incautado y su apoyo al Gobierno. No obstante, sus propiedades bajo investigación fueron adquiridas antes de su llegada al Senado. En un giro revelador, el exsenador anticipó su destino si es extraditado: “Si vuelvo a Argentina, sé que mi destino será la cárcel de Ezeiza”.
Mientras tanto, en Paraguay continúa el proceso por contrabando de divisas, con audiencias preliminares que determinarán si el caso avanza a juicio oral. Los fiscales Ysrael Villalba y Édgar Benítez sostienen que los acusados buscaron “ocultar sumas de dinero evitando vías legales”, calificando el efectivo como “mercadería” según la legislación local. La defensa, encabezada por Carlos Arévalo y Marcelo Bogado, prepara una estrategia para las audiencias del 30 y 31 de julio, donde presentará su “hipótesis defensiva”. Esta trama judicial binacional, matizada por tensiones políticas y recursos dilatorios, mantiene en vilo el futuro del exlegislador, cuyo último gesto fue rechazar cualquier atajo procesal que acelerara su traslado a Argentina.
