Las fechas establecidas, consensuadas como un punto medio entre las pretensiones de ambos líderes, fijan el 9 de julio como plazo para la presentación de alianzas y el 19 del mismo mes para el cierre de listas, con elecciones programadas para el 7 de septiembre. La Junta Electoral provincial, respaldada por la titular de la Corte Suprema bonaerense, impulsó estos plazos argumentando la necesidad de tiempo para validar alrededor de diez mil candidatos, imprimir boletas y organizar logística en el distrito más poblado del país.
El acuerdo se logró en sesiones exprés de Diputados y Senado, sin debates ni discursos, bajo un proyecto firmado por todos los bloques. Solo Laura Cano, legisladora del PTS-Frente de Izquierda Unidad, intentó justificar su abstención aludiendo a la “interna del partido de gobierno”, pero fue interrumpida por el presidente de la cámara, Alexis Guerrera, quien recordó el acuerdo previo de no intervenir en la discusión. La sanción contó con apoyo de dos tercios de la Legislatura, incluyendo al kirchnerismo, que inicialmente resistió el desdoblamiento electoral propuesto por Kicillof para separar las elecciones provinciales de las nacionales.
La ex presidenta Cristina Kirchner, líder del Partido Justicialista, había escalado su rivalidad con Kicillof al considerar incluso presentarse como candidata bonaerense, estrategia que quedó en pausa tras el avance en el Congreso de la derogación de la Ley de Ficha Limpia, que le permitiría competir nuevamente a nivel nacional. Finalmente, cedió ante la presión de La Cámpora y avaló la modificación del cronograma, que incluyó un mínimo de 50 días entre el cierre de listas y la votación, frente a los 70 días inicialmente exigidos por el gobernador.
Con el calendario definido, la atención se traslada ahora al tratamiento del paquete económico enviado por Kicillof, que postergó un proyecto de condonación de deudas municipales contraídas durante la pandemia. La propuesta del Ejecutivo plantea, en su lugar, una suspensión del cobro durante 2025, la creación de un Fondo de Fortalecimiento de Municipios y una solicitud de endeudamiento, junto con la declaración de emergencia en áreas como seguridad, infraestructura y energía hasta diciembre de 2026. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, expondrá el miércoles ante comisiones del Senado, en medio de críticas de la oposición.
Rubén Eslaiman, diputado del Frente Renovador, calificó el paquete como una iniciativa improvisada: “No nos van a llevar a patadas en el culo con proyectos que se les ocurren cuando están al pedo”, cuestionando la extensión de emergencias y los criterios de distribución de fondos. Desde el oficialismo, en tanto, insisten en que las medidas buscan ordenar las finanzas provinciales ante un escenario complejo.
El acuerdo electoral no elimina las tensiones en el peronismo, que enfrenta el desafío de mantener la unidad ante la pulseada por las candidaturas. Mientras Kicillof apuesta a diferenciar la campaña bonaerense de la nacional para fortalecer su liderazgo, sectores kirchneristas advierten que cualquier fractura podría costar la pérdida del bastión electoral. La próxima prueba de fuego será el 9 de julio, cuando se definan las alianzas, incluyendo una posible unión entre el PRO y La Libertad Avanza, y la configuración final del mapa político provincial.
