En lo que va del año, ya se han enviado 400 pliegos para fortalecer el Poder Judicial provincial. Ahora, la Cámara Alta será la encargada de evaluar y aprobar las propuestas.
Los cargos propuestos corresponden a jurisdicciones como Avellaneda, Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, Lomas de Zamora, Mercedes, Morón, Quilmes, Florencio Varela, Mar del Plata y La Plata, entre otras. Se distribuyen en fueros penal, laboral, civil, comercial y contencioso administrativo, abarcando tanto primeras como segundas instancias, así como juzgados, fiscalías y defensorías oficiales.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia celebró esta iniciativa, calificándola como un paso fundamental para atender las históricas carencias del sistema judicial. “Queremos destacar el trabajo conjunto entre los tres poderes del Estado, especialmente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Consejo de la Magistratura provincial”, expresó la entidad en un comunicado.
La asociación remarcó que el déficit de personal había provocado una sobrecarga operativa, con un uso intensivo de jueces subrogantes y un esfuerzo desmedido por parte de magistrados y funcionarios. Asimismo, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del sistema judicial y la mejora de la calidad en la administración de justicia.
Sin embargo, aún queda pendiente la cobertura de cuatro vacantes en la Suprema Corte bonaerense, el máximo tribunal provincial. Desde 2020, los lugares vacantes no han sido ocupados tras el fallecimiento de Héctor Negri y las jubilaciones de Eduardo de Lazzari, Eduardo Pettigiani y Luis Genoud. Actualmente, la Corte cuenta solo con tres miembros titulares: Fernando Soria (presidente), Hilda Kogan (vicepresidenta) y Sergio Torres, designado en 2019 durante la gestión de María Eugenia Vidal.
La falta de jueces en la Suprema Corte ha afectado su funcionamiento, ya que el número mínimo para dictar sentencias es de cuatro. Para garantizar su operatividad, se ha sumado como subrogante María Florencia Budiño, presidenta del Tribunal de Casación Penal.
La resolución de estas vacantes continúa siendo una tarea prioritaria que requiere acuerdos políticos más amplios.
