El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, presentó ante la Legislatura un amplio paquete normativo para el ejercicio 2026, compuesto por la Ley de Presupuesto, la Ley Fiscal Impositiva y una Ley de Financiamiento. La presentación se realizó en un contexto de profunda recesión económica y fuertes cuestionamientos a la política de ajuste implementada por el Gobierno nacional, al que acusan de una “apropiación” indebida de recursos que le corresponden a las provincias. El acto tuvo lugar en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, con una convocatoria que incluyó a intendentes, legisladores de Unión por la Patria y referentes de organismos de derechos humanos, y contó también con la presencia de algunos legisladores de bloques no peronistas.
El proyecto presupuestario se alinea con los lineamientos macroeconómicos trazados por Nación, que incluyen una estimación de inflación anual cercana al 10,1%. Sin embargo, la propuesta bonaerense busca contrarrestar el impacto de la crisis a nivel local, destinando la mayor parte de los recursos a la obra pública, con una asignación de $3,2 billones. Le siguen en prioridad las políticas alimentarias y de salud, que recibirán $1,7 billones cada una. Otras áreas con inversión significativa son seguridad ($1,4 billones), educación ($1,3 billones) y políticas productivas ($60.000 millones).
La inversión en obra pública contempla, entre otros puntos, la continuidad del Programa Escuelas a la Obra, la reurbanización de barrios populares, la pavimentación de caminos productivos, y el sostenimiento de planes hídricos en el Gran La Plata y Bahía Blanca-Coronel Rosales. En el ámbito alimentario, se concentrarán los fondos en el servicio de comedores escolares, mientras que en salud se dará continuidad al programa de Medicamentos Bonaerenses y a la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer. El financiamiento en seguridad se orienta al fortalecimiento de la Policía y del Sistema Penitenciario Bonaerense.
El diagnóstico que sustenta esta orientación fue detallado por el ministro de Economía provincial, Pablo López, quien describió un escenario de “recesión” y “profundización de la crisis del 2024” con un “especial impacto en la provincia”. Según los números presentados, la actividad económica bonaerense, sin considerar el sector agropecuario, decreció un 5,7% respecto a 2023. El ministro puntualizó caídas en la industria del 10,1%, en el comercio del 7,7% y en la construcción del 25,4%, destacando que la cantidad de empresas se ha reducido en 4.962 en la provincia desde 2023. Ante esta situación, el Ejecutivo bonaerense buscará declarar la “emergencia económica” en el territorio.
En el aspecto fiscal, López denunció que “el Estado nacional se apropia cada vez más de recursos con la paradoja de que realiza menos funciones y no cumple con sus obligaciones”. La Provincia, que aporta el 38% de la recaudación nacional, apenas recibe el 30% por coparticipación, mientras que el Estado central retiene el 70,3%. En este marco de conflicto, se reiteró que la administración nacional adeuda a la provincia $12,9 billones por diversos conceptos, como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Compensación al Transporte (FCI), por lo que se continuará impulsando las demandas judiciales presentadas ante la Corte Suprema contra el Gobierno de Javier Milei.
Un eje central del paquete de leyes es el pedido de autorización para tomar deuda por un total de 3.035 millones de dólares, un monto que incluye una solicitud previa de 1.045 millones de dólares que no obtuvo respaldo legislativo durante el año. El gobernador, quien prefiere usar el término “financiamiento”, hizo hincapié en que su aprobación es “imperiosa” para poder cumplir con las obligaciones financieras y refinanciar los vencimientos, manteniendo la deuda en niveles sostenibles.
Junto con la Ley de Financiamiento, se impulsa la creación de un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que según el ministro López, estará directamente vinculado al nivel de endeudamiento que obtenga la Provincia, lo que ha generado el primer punto de fricción en la negociación. Este mecanismo, que liga el apoyo a los municipios a la autorización de deuda, es visto como un “gancho” para que los intendentes presionen a sus legisladores. Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ha estado remarcando a los jefes comunales que “Pídanle a los legisladores que aprueben el Presupuesto”.
El fondo para municipios ya genera controversia, no solo en la oposición, sino también dentro del oficialismo. La intendenta de Quilmes y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, deslizó una crítica directa al señalar: “Me vine con un cuadernito para anotar todo porque quería ver números. Hay números de otros ítems pero no del Fondo de Fortalecimiento para municipios”, tal como publicó el medio iProfesional. Esta declaración refleja la tensión preexistente entre el kicillofismo y el sector que responde a Cristina y Máximo Kirchner tras la reciente derrota electoral. En la Legislatura, este punto es crucial, ya que los intendentes, algunos al borde de la imposibilidad de pagar salarios, buscan que el fondo no quede afectado exclusivamente a la obra pública y que se garantice un monto concreto, en lugar de un porcentaje atado a la toma de deuda.
En cuanto a la Ley Fiscal Impositiva, las autoridades buscan “reconocer el esfuerzo de los sectores productivos y no incrementarles la carga tributaria”. En ese sentido, no se modificarán las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos, sino que se actualizarán los montos de facturación anual para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas. También se mantendrá la carga tributaria sobre los bienes inmuebles urbanos y rurales, y no habrá cambios en el Impuesto de Sellos, mientras que se buscará una mayor equidad en el Impuesto Automotor.
La negociación para la sanción de este paquete de leyes se perfila compleja y urgente. La intención del gobernador es que el proyecto sea aprobado con la actual conformación legislativa, es decir, antes del recambio del 10 de diciembre, lo que implica un plazo de apenas cinco semanas. La aprobación de la deuda requiere dos tercios de los votos, lo que obliga al oficialismo a negociar con el PRO y la UCR. La pulseada no es solo con la oposición. Máximo Kirchner, tal como planteó en Cenital, sugirió que el gobernador debe abrir el proyecto a modificaciones: “Cuando yo era presidente de bloque el presupuesto lo mandaba Alberto (Fernández) y después sufría modificaciones en el debate. Siempre se modifica y se modificará seguramente el de Kicillof”. Esta advertencia, sumada al malestar de La Cámpora, introduce un factor interno en la disputa que, según fuentes de la oposición, fue decisivo en el fracaso de la negociación presupuestaria del año pasado. Desde el entorno de Kicillof, se espera a ver “cuánto apoyan o cuanto entorpecen la negociación sus socios de Unión por la Patria”, destacando a su vez el rol que está teniendo el Frente Renovador “para lograr consensos”. El gobernador, por su parte, le pidió a la Legislatura que “se involucre en el reclamo por las deudas del gobierno nacional”, buscando consolidar un frente de unidad provincial ante el conflicto con la Casa Rosada.
