Los horribles posteos de Karina de Lomas

La candidatura a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia de Buenos Aires de Karina Celia Vázquez, conocida como Karen Reichardt, está en el ojo de la tormenta. ¿La razón? Un patrón discursivo que no para de estigmatizar a la gente, basándose en su salud, su origen social o su raza. Este modus operandi no es un hecho aislado, sino un hilo conductor que atraviesa toda su exposición pública, abriendo un debate inevitable sobre los límites éticos en la política.

La polémica más caliente explotó durante una entrevista en “Pan y Circo” (Radio Rivadavia). Al hablar del electorado peronista y kirchnerista, Reichardt se despachó: “Al que no fue a votar, por ahí el del PRO, porque el otro de verdad que es una enfermedad mental. La persona que te dice yo voto al peronismo o al kirchnerismo va con problemas que vos decís esto te lo tiene que dar el intendente”.

El periodista Lucas Morando, atónito, tuvo que confirmar la gravedad de la frase, y la candidata lo ratificó sin dudar: “¿Dijiste enfermedad mental?” – “Sí”. Después, intentó bajarle el tono, explicando: “No dije enfermos mentales, dije enfermedad. Es una manera de decir cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip, que vos, cuando decís, se me tara”. Un giro que, lejos de mejorar las cosas, cambió la descalificación clínica por una ofensa cognitiva, usando un lunfardo históricamente despectivo.

Este derrape no es nuevo, sino la confirmación de un repertorio verbal bien documentado. El portal Chequeado ya había verificado una serie de publicaciones en X (antes Twitter) entre 2017 y 2018, donde Reichardt usaba sin tapujos términos como “negros” y “villeros” para referirse a votantes K y a simpatizantes de Boca Juniors. Esta retórica fusiona el clasismo con un racismo local, consolidando una estrategia de deshumanización: negarle legitimidad al adversario no por sus ideas, sino por su origen socioeconómico o racial.

La persistencia de estas declaraciones —que van de la denigración racial y clasista a la patologización de la disidencia— dibuja un perfil de figura pública que elige la confrontación identitaria como herramienta central. Si bien no se encontraron declaraciones explícitas misóginas o xenófobas, la lógica de atribuir el “defecto social y político” a un “otro” interno tiene claras resonancias exclusionarias.

Frente a este escándalo, la reacción de La Libertad Avanza ha sido el silencio absoluto. La falta de un comunicado oficial o una sanción por parte de la dirigencia, incluido Javier Milei, se interpreta como tolerancia estratégica. Esta postura sugiere que esta retórica no es vista como un error, sino como un componente funcional a la “batalla cultural” que el partido impulsa, donde la transgresión de la “corrección política” se vende como un valor para movilizar a una base electoral específica.

La repetición de este patrón instala una pregunta fundamental sobre su idoneidad para un cargo legislativo. Un diputado debe representar a toda la ciudadanía, pero su discurso público estigmatiza y excluye a amplios sectores de ese mismo tejido social. Es una contradicción difícil de tragar, y será la ciudadanía la que tendrá la última palabra sobre los estándares éticos que espera de sus representantes.