Jorge Macri recorta $860 millones en viandas de escuelas en barrios populares

Mientras el discurso oficial de la Ciudad de Buenos Aires insiste en mostrar una gestión ordenada y con superávit, debajo de esa superficie los números cuentan otra historia. El gobierno de Jorge Macri acaba de concretar un nuevo recorte que golpea de lleno a uno de los servicios más sensibles del sistema educativo: la alimentación de miles de chicos y chicas que asisten a escuelas públicas. A través de la resolución 50/SSH/26 del Ministerio de Hacienda, la administración porteña dispuso una reducción de más de 860 millones de pesos en el Programa 51 de Asistencia Alimentaria y Acción Social, el que garantiza las viandas en los colegios de la ciudad. Se trata de un tijeretazo millonario que, según la propia Auditoría General de la Ciudad, profundiza una crisis de gestión que ya venía siendo señalada con preocupación y que deja en evidencia cuáles son las prioridades reales de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza que conduce el distrito.

La denuncia la hizo pública Mariana Gagliardi, presidenta de la Auditoría porteña, quien advirtió que esta reducción de recursos en términos nominales no es un hecho aislado sino la continuidad de una lógica que viene desfinanciando áreas clave. “Desfinanciar no puede ser la respuesta. La alimentación escolar es esencial, no una variable de ajuste”, sentenció Gagliardi, al tiempo que recordó que el organismo a su cargo ya había detectado serias irregularidades en el funcionamiento del sistema alimentario escolar. El diagnóstico es contundente: el mecanismo de control sobre las empresas concesionarias es prácticamente inexistente, hay actas de incumplimiento sin firmas de autoridades ni empresas, registros que carecen de orden cronológico y sanciones que demoran hasta siete meses en notificarse, permitiendo que las compañías sigan operando en condiciones deficientes sin consecuencias inmediatas. No es menor que en medio de ese escenario de descontrol se haya decidido, además, recortar los fondos destinados a las viandas.

La decisión del gobierno porteño se inscribe en un contexto más amplio de ajuste que viene aplicándose desde que el PRO selló su alianza con La Libertad Avanza. Este nuevo recorte en las partidas para comedores escolares se suma a una larga lista de medidas que afectan al sistema educativo y social de la ciudad: el cierre de jardines maternales, los despidos de docentes de alfabetización, la eliminación de las orquestas juveniles y la quita de viandas en los clubes de barrio. También incluye despidos de trabajadores estatales y la eliminación de organismos públicos. En todos los casos, se trata de decisiones que recaen sobre los sectores más vulnerables, mientras que la gestión de Jorge Macri destaca con orgullo el equilibrio fiscal y el superávit primario. Pero ese equilibrio, tal como lo señalan desde la Auditoría y distintos centros de análisis como el CEPA, se logra a costa de áreas sensibles como Vivienda y Educación, donde el recorte real para este ejercicio se acerca al 4,5%, un porcentaje que, en un contexto inflacionario, profundiza aún más el deterioro de los servicios.

La historia de los comedores escolares en la Ciudad ya venía arrastrando conflictos desde la gestión anterior. Durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se modificó el mecanismo de acceso a las becas alimentarias, que pasaron de gestionarse directamente en las escuelas a requerir trámites burocráticos en centros de gestión y participación, y luego la presentación de documentación privada como recibos de sueldo y declaraciones juradas. Ese cambio, que puso trabas a miles de familias para acceder a un derecho básico, fue acompañado por un esquema de concesión privada que concentró la prestación del servicio en 19 empresas, un negocio que año tras año reparte ganancias millonarias mientras la calidad de las viandas es un reclamo constante por parte de las comunidades educativas. Según los informes de la Auditoría, los problemas incluyen desde porciones insuficientes hasta comida entregada en mal estado, pasando por menús que no respetan los requerimientos nutricionales mínimos.

Lo que subyace a esta decisión de recortar más de 860 millones de pesos no es solo una cuestión presupuestaria. Es, sobre todo, una definición política acerca del rol que debe cumplir el Estado. Desde la Auditoría insisten en que la función del control no puede limitarse a señalar irregularidades, sino que debe servir para garantizar que las condiciones de aprendizaje sean dignas. “Cuando falla la alimentación, también se resiente el derecho a la educación”, concluye el informe del organismo. Y en ese punto, el recorte actual adquiere una dimensión que trasciende lo administrativo: en una ciudad que se precia de ser “la más linda del mundo”, el derecho de miles de chicos y chicas a sentarse en el aula con el estómago lleno parece haberse convertido en una variable más de ajuste, una más de las que se sacrifican en el altar del equilibrio fiscal.