Informe final de la Comisión por la estafa $LIBRA: Milei prestó una “colaboración imprescindible”

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados concluyó este martes sus labores tras tres meses de indagaciones y presentó un informe final de más de doscientas páginas que califica al caso de la criptomoneda $LIBRA como un hecho de “alta gravedad institucional”. El documento, respaldado por los bloques opositores, sostiene que el presidente Javier Milei utilizó su investidura para prestar una “colaboración imprescindible” sin la cual no se hubiera concretado una presunta estafa de alcance internacional. En la misma línea, se señala que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, facilitó las instalaciones oficiales para las reuniones que antecedieron al lanzamiento del activo digital. Las conclusiones serán elevadas a la Justicia y recomiendan al Congreso evaluar si el mandatario incurrió en mal desempeño de sus funciones.

El corazón de la acusación reside en la publicación que Milei realizó el 14 de febrero en su cuenta oficial de X, donde compartió el número de contrato del token $LIBRA. Los legisladores afirmaron que se pudo constatar que dicho código “no era información de circulación pública” y que, hasta la fecha, el Presidente no ha explicado cómo lo obtuvo. Uno de los diputados de la comisión, Oscar Agost Carreño, precisó que “se detectaron compras 22 segundas antes del posteo”, lo que refuerza la hipótesis de una coordinación previa con los operadores. El informe es contundente al afirmar que “sin su tuit, $LIBRA no habría tenido el volumen de compras que tuvo”.

La investigación parlamentaria identificó un patrón de conducta que se repite en otras maniobras financieras irregulares. Según la nota de los diputados, el esquema observado en $LIBRA es similar al desplegado con la moneda $KIP, lanzada en diciembre de 2024, y en la promoción de proyectos como el juego NFT “Vulcano” y la empresa “CoinX”. En todos estos casos, explicaron los legisladores, se repiten los mismos nombres: Javier Milei como promotor, y los lobistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy como operadores. El análisis de la blockchain permitió acreditar vínculos económicos y transferencias de fondos entre estos actores y el creador del proyecto, Hayden Davis, así como con Sergio Morales, ex asesor de la CNV. Según la comisión, se registraron transferencias específicas de 300.000 dólares en noviembre de 2024 y 250.000 dólares en enero de 2025, compatibles con un “presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen del Presidente”.

La magnitud del perjuicio se cuantifica en al menos 114.410 billeteras virtuales que sufrieron pérdidas, según los datos proporcionados por exchanges internacionales y la plataforma local Ripio. La diputada Julia Strada aseguró, por su cuenta, que “adentro hay 36 personas cercanas a Milei y su hermana que ganaron más de un millón de dólares”. En contraste, 498 personas perdieron más de 100.000 dólares cada una y 3.144 perdieron entre 10.000 y 100.000 dólares. Estos números desmienten la afirmación inicial del Presidente de que no habrían sido más de cinco los argentinos afectados, ya que solo en Ripio se confirmó que 1.329 ciudadanos nacionales operaron con el token.

El informe también dedica un capítulo a la “marcada falta de transparencia” y el “secretismo” dentro del Poder Ejecutivo. Se destacó que ningún funcionario compareció ante la comisión, en un hecho calificado como “inédito”. Por ello, se resolvió denunciar penalmente al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; a la responsable de la Unidad de Investigación, Florencia Zicavo; al presidente de la UIF, Paulo Starc, y al titular de la CNV, Roberto Silva, por incumplimiento de los deberes funcionales. Asimismo, se apuntó contra el Poder Judicial, calificando de “obstruccionista” la actuación del juez Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano, a quienes también se denunciará penalmente por entorpecer la investigación legislativa.

Durante la sesión final de la comisión, el oficialismo libertario impugnó el procedimiento, argumentando que no se alcanzó el quórum necesario para un dictamen y tildando el informe de “delirio”. El diputado Nicolás Mayoraz acusó a la oposición de incurrir en “un decálogo de todos los excesos posibles, entre ellos el de autoritarismo”. No obstante, la oposición sostuvo que se trató de un “informe” que no requiere de las mismas mayorías que un dictamen, y que su labor “no se arrogó facultad jurisdiccional alguna”, dejando en manos de la Justicia la determinación de las responsabilidades penales. El escenario político que se abre ahora es el de un posible juicio político, una opción que la oposición impulsará pero que encuentra un camino estrecho debido a la mayoría que La Libertad Avanza y sus aliados detentan en la Comisión de Juicio Político y en el recinto.