Una investigación realizada por peritos independientes, con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Revista Crisis y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), logró identificar al agente de Gendarmería que habría disparado la granada de gas lacrimógeno que hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo durante la represión a la marcha de jubilados e hinchas el miércoles pasado frente al Congreso. El fotógrafo continúa en terapia intensiva, mientras que las consecuencias de la represión suman más víctimas, como Jony, un joven que perdió la visión de un ojo tras ser alcanzado por un disparo policial.
Según la reconstrucción publicada por la cuenta Mapa de la Policía, el agente identificado es el cabo primero de apellido Guerrero, con número de legajo 103.208, perteneciente a la Unidad Móvil N° 6 de la Sección de Empleo Inmediato (SEI) de Gendarmería. La investigación se basó en filmaciones de prensa y de un drone que captó el operativo, lo que permitió determinar la posición exacta desde donde se realizó el disparo. Los peritos sincronizaron imágenes de una columna de humo, el movimiento de un chorro hidrante y el disparo en cuestión para llegar a esta conclusión.
El agente Guerrero, según la reconstrucción, vestía un uniforme de color caqui y portaba un morral cruzado, detalles que facilitaron su identificación. El cabo reporta al jefe de Destacamento 6 de Gendarmería, Héctor Ferreira, quien a su vez responde al jefe de Comando de la Región I de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Fabián Porra Melconian, y este al director General de la Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni. Sin embargo, la investigación señala como máxima responsable política a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por impartir las órdenes que derivaron en la represión.
Más víctimas de la represión
La represión del miércoles pasado continúa sumando víctimas. Jony, un joven que participó de la marcha para apoyar a los jubilados, perdió la visión de un ojo tras ser alcanzado por un disparo policial. Según relató el exdiputado Leonardo Grosso, quien acompañó a Jony, el joven decidió sumarse a la protesta después de ver cómo las fuerzas de seguridad reprimían a los manifestantes semana tras semana. “Mientras ayudaba a dos adultos mayores a salir de la represión, un policía le disparó directo a la cara”, explicó Grosso.
El exlegislador anunció que acompañará a Jony y su familia en una denuncia penal contra la ministra Bullrich y el jefe del operativo policial, a quienes responsabiliza como “autores mediatos” del delito de lesiones graves agravadas. “Protestar es un derecho en Argentina, y frente a este gobierno cruel es una obligación”, afirmó Grosso.
El Gobierno niega responsabilidades y ataca a la Justicia
Mientras tanto, el Gobierno nacional desestimó las investigaciones independientes y aseguró que no hay nada que investigar sobre el operativo. La ministra Bullrich incluso aplicó el derecho de admisión a 26 hinchas que participaron de la marcha, a quienes calificó como “barrabravas”. Además, el Ejecutivo denunció a la jueza que liberó a gran parte de los detenidos durante la protesta.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió el accionar de las fuerzas de seguridad y afirmó que los disparos de gas lacrimógeno se realizaron en un ángulo de 45 grados, tal como indican los manuales. Sin embargo, las filmaciones muestran que los disparos fueron realizados de manera horizontal, lo que contradice la versión oficial. Incluso la denuncia por “sedición” presentada por el Ministerio de Seguridad admite que Grillo “fue herido en su cabeza aparentemente por un proyectil de gas lacrimógeno que habría sido lanzado con trayectoria horizontal”.
La Justicia Federal monitorea la próxima marcha
Ante la gravedad de los hechos, la Justicia Federal dispuso monitorear la marcha convocada para mañana, en un intento por garantizar que no se repitan los actos de violencia registrados la semana pasada. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y medios independientes continúan exigiendo justicia por las víctimas de la represión y responsabilidades políticas por lo que califican como un uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades.
En el marco de la causa que busca declarar la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes aprobado por el Ministerio de Seguridad, el juez federal Martín Cormick dispuso monitorear la marcha convocada para el próximo miércoles. El magistrado consideró que el accionar de las fuerzas de seguridad durante las protestas recientes “no aparece adecuado a los principios republicanos que consagra la Constitución Nacional”, lo que refuerza las críticas hacia el operativo represivo del miércoles pasado, que dejó heridos graves como el fotógrafo Pablo Grillo y el joven Jony, quien perdió la visión de un ojo. La decisión judicial busca garantizar que no se repitan actos de violencia y proteger el derecho a la protesta, en medio de un creciente debate sobre el uso desmedido de la fuerza por parte del Estado.
DENUNCIAMOS A LA JUEZA ANDRADE
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 17, 2025
Los violentos de siempre, los barras bravas y los militantes kirchneristas y de izquierda atacaron con palos, cuchillos y fuego, dejando policías heridos y patrulleros incendiados. Pero la jueza Andrade los dejó libres sin siquiera revisar sus… pic.twitter.com/HiPLP7atrM
