El Senado de la Nación asestó este jueves un duro revés al Gobierno de Javier Milei al rechazar, por amplia mayoría, los pliegos del juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La votación no solo marcó un hecho histórico —es la primera vez desde 1983 que el Senado rechaza candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo—, sino que también profundizó la grieta entre el oficialismo y la oposición por el intento de designar a García-Mansilla por decreto, una maniobra que fue calificada como “inconstitucional” por legisladores de distintos bloques.
Un fallo contundente
Los resultados fueron lapidarios:
– García-Mansilla recibió 51 votos en contra y solo 20 a favor.
– Lijo obtuvo 43 rechazos, 27 apoyos y una abstención (la del oficialista Juan Carlos Pagotto).
Ninguno alcanzó los dos tercios de los presentes requeridos para su confirmación. La sesión, encabezada por el provisional Bartolomé Abdala, reunió a 71 de los 72 senadores, con la única ausencia de Edith Terenzi.
El eje del conflicto: el decreto y la “banquina constitucional”
El debate estuvo dominado por las críticas al decreto 277/2024, firmado por Milei durante un receso legislativo, que nombró a García-Mansilla “en comisión” en la Corte sin esperar el aval del Senado. Guadalupe Tagliaferri (PRO), presidenta de la Comisión de Acuerdos, acusó al Gobierno de “irse por la banquina” al evitar el trámite constitucional: “No respetó el espíritu de la ley. García-Mansilla nos mintió cuando dijo que no aceptaría el cargo por decreto”.
Martín Lousteau (UCR) fue más allá: “Si avalamos esto, los jueces serán empleados del Ejecutivo”. Incluso Eduardo Vischi, líder del radicalismo y usualmente dialoguista, reprochó la estrategia oficial: “El Gobierno interpretó la Constitución a su modo”.
Desde el kirchnerismo, José Mayans (Unión por la Patria) sentenció: “García-Mansilla usurpa el cargo. Si aceptamos esto, en cuatro años no habrá más jueces de la República”.
Divisiones internas y apoyos minoritarios
La controversia dividió aguas incluso dentro de los bloques. Alfredo De Angeli (PRO), inicialmente favorable a García-Mansilla, votó en contra por considerar que el decreto “viola la institucionalidad”. En cambio, Carmen Álvarez Rivero (PRO-Bullrich) respaldó al catedrático —”defiende la vida desde la concepción”— pero rechazó a Lijo por falta de “confianza”.
El oficialismo, por su parte, sostuvo que el Senado demoró el tratamiento de los pliegos. Sin embargo, la oposición recordó que fue el Gobierno quien intentó evitar el quórum horas antes de la sesión.
Un precedente institucional
El rechazo sella un antes y después en la relación entre los poderes:
– Es la primera vez en 40 años de democracia que el Senado veta candidatos a la Corte.
– Refuerza el rol de la Cámara como contrapeso ante intentos de eludir los acuerdos políticos.
Mientras Milei insiste en su estrategia de confrontación, la derrota deja en evidencia su falta de consenso para moldear la Corte. García-Mansilla, aunque ya juró, enfrenta ahora una crisis de legitimidad, y Lijo queda fuera de la carrera. La pulseada por el máximo tribunal acaba de escalar a un nuevo capítulo.
El rechazo a los pliegos mostró una inusual alianza entre el kirchnerismo, la UCR y el PRO, aunque con matices. En el caso de García-Mansilla, los 51 votos en contra incluyeron a figuras como Lousteau (UCR), De Angeli (PRO), Mayans (kirchnerismo) y Tagliaferri (PRO). Solo 20 senadores lo apoyaron, principalmente del oficialismo y aliados provinciales, como Abdala (La Libertad Avanza) y Beatriz Ávila (PRO tucumana). Para Lijo, el respaldo fue marginal (27 votos), con apoyos clave de Manzur (peronismo no K) y Romero (salteño). La abstención de Pagotto (LLA-La Rioja) y la ausencia de Terenzi reflejaron las tensiones internas.
Con García-Mansilla en funciones pero sin aval político, su posición es frágil: la oposición podría impulsar un juicio político o apelar a la justicia para anular el decreto. Para llenar las vacantes, Milei tiene tres caminos: a) Negociar nombres consensuados (difícil sin diálogo), b) Repetir la estrategia de decreto y arriesgar otro fracaso, o c) Dejar los cargos vacantes, debilitando a la Corte. La pulseada seguirá escalando: la oposición ya advirtió que no tolerará más “atajos” institucionales.
