La agrupación de derechos humanos HIJOS cuestionó el traslado de 19 condenados por delitos de lesa humanidad a un sector de detención privilegiado en Campo de Mayo, conocido como “cárcel VIP”. La medida, impulsada por el Director General de Régimen Correccional, Gabriel Esteban Aquino —dependiente del Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich—, incluye al exrepresor Alfredo Astiz y a otros 18 genocidas vinculados a crímenes durante la última dictadura cívico-militar.
Entre los beneficiados figuran nombres emblemáticos como Carlos Guillermo Suárez Mason (h), Adolfo Miguel Donda Tigel, Antonio Pernías y Ricardo Miguel Cavallo, condenados en causas como la ESMA, ABO, Feced, Plan Cóndor y Circuito Camps. El Servicio Penitenciario Federal justificó la decisión como parte de un plan para “liberar plazas y redistribuir a la población penal masculina, generando espacio para mujeres detenidas”. Sin embargo, HIJOS rechazó el argumento, señalando que el traslado no resuelve la sobrepoblación carcelaria y que los genocidas “deben cumplir condena en cárceles comunes”.
La organización recordó que, meses atrás, diputados de La Libertad Avanza (LLA) mantuvieron un encuentro con represores detenidos en la cárcel de Ezeiza. Ahora, diez de esos condenados —junto a otros nueve que no participaron de la reunión— fueron trasladados a Campo de Mayo. “El único lugar para un genocida es la cárcel común”, insistió HIJOS en un comunicado, y denunció que la medida consolida un régimen de privilegios para los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Además, la agrupación exigió una política integral para abordar la crisis carcelaria, centrada en reducir las detenciones arbitrarias, limitar el uso excesivo de la prisión preventiva y revisar el endurecimiento de penas para delitos comunes. Sin embargo, aclararon que estas problemáticas “no pueden servir de excusa para otorgar beneficios a quienes cometieron terrorismo de Estado”.
HIJOS también reiteró su reclamo histórico para que los represores revelen el paradero de los cuerpos de las víctimas desaparecidas y brinden información sobre los casos de apropiación de menores. “Seguimos exigiendo que rompan los pactos de silencio. Nuestras hermanas y hermanos aún esperan verdad y justicia”, sostuvieron.
El traslado a Campo de Mayo reavivó el debate sobre las condiciones de encierro de los condenados por delitos de lesa humanidad. Mientras el Gobierno nacional promueve medidas de “redistribución”, organizaciones de derechos humanos insisten en que cualquier reforma debe priorizar los derechos de las personas detenidas sin excepciones para genocidas.
