Grabois liberado tras detención sin orden judicial por ocupar el Instituto Perón

La detención de Juan Grabois tras la ocupación simbólica del Instituto Nacional Juan Domingo Perón desató una intensa controversia política y cuestionamientos sobre el procedimiento legal. Grabois y aproximadamente cincuenta personas ingresaron el sábado por la tarde al edificio ubicado en Recoleta, un espacio histórico que funcionó como residencia de Perón y Evita hasta 1955, declarado monumento histórico nacional y actualmente disuelto por decreto del gobierno de Javier Milei. El líder de Patria Grande anunció la acción en redes sociales, calificándola como la recuperación de un sitio “del odio gorila” disuelto “ilegalmente por el régimen de Milei”, e instando a “defender nuestra herencia”. Según su relato a Infobae previo a la detención, se trató de “un acto de presencia pacífica” en defensa de la memoria histórica.

La respuesta gubernamental fue inmediata y contundente. Un operativo combinado de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad desalojó el lugar horas después. Grabois fue detenido en la vía pública, no sin antes proclamar: “Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, elogió el accionar policial como “firme y eficaz”, declarando que “se terminó el vale todo” y afirmando: “Recuperamos un edificio tomado por militantes que se creían dueños del Estado. Estamos haciendo lo que ningún gobierno hizo: detener al piquetero que promueve y ejecuta las usurpaciones”. Agregó: “Grabois: las hacés, las pagás”. El jefe de la Policía Federal, Luis Alejandro Rolle, sostuvo que el ingreso fue violento, con rotura de un vidrio, y que cuatro agentes custodia resultaron lesionados tras ser retenidos contra su voluntad, versiones negadas por los ocupantes y la diputada Natalia Zaracho, quien afirmó: “EL OBJETIVO FUE LLEVÁRSELO A ÉL”.

La legalidad de la detención fue puesta en duda. Fuentes policiales confirmaron que la orden provino directamente de Bullrich y del presidente Milei, sin mediar orden judicial. El juez federal Sebastián Ramos esperó en vano el sumario policial para tomar declaración y resolver la situación de Grabois, quien junto a otro manifestante, Valentín Peralta (23), fue trasladado a la Superintendencia de Investigaciones Federales en Villa Lugano. Tras una noche de detención y una vigilia de apoyo con presencia de legisladores y referentes kirchneristas y de izquierda, Grabois fue liberado en la madrugada del domingo sin una imputación específica. Al salir, desmintió los cargos de usurpación, violencia y daños: “No me hicieron una imputación específica. Hay una imputación genérica… por la permanencia pacífica”. Y lanzó una crítica al gobierno: “NO HAY QUE TENERLES MIEDO… ENFRENTARLOS, ANTAGONIZAR CON ESTOS HIJOS DE … ESTÁ ENTRE LAS MEJORES COSAS QUE HE HECHO EN MI VIDA”. También aprovechó para denunciar las condiciones “inhumanas” y “denigrantes” de las instalaciones policiales.

El conflicto se enmarca en la decisión del gobierno de cerrar el instituto mediante el decreto 346/2025, argumentando una “carga presupuestaria injustificada” de más de 400 millones de pesos anuales para 20 empleados, sin que se realizaran investigaciones, según el Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello – a quien Grabois había denunciado previamente por destrucción de documentos y abuso de autoridad. El gobierno aseguró haber inventariado y trasladado el patrimonio a la Biblioteca Nacional y el Archivo General para su custodia, destino que Pettovello defendió. El Partido Justicialista denunció “persecución ideológica” por el cierre y exigió la liberación de Grabois, repudiando la “detención ilegal, sin orden judicial”. El inmueble vaciado sería destinado a una biblioteca para personas con discapacidad y el local “Un café con Perón” a jóvenes neurodivergentes.