Francisco Oneto: abogado de Milei, de Fred Machado, de violadores y asesinos.

La paradoja redunda en conflictos de intereses: Milei y Machado tienen el mismo abogado, el penalista Francisco Oneto, conocido por autodenominarse “abogado nivel Dios”. Oneto, mientras representa al empresario narco –presentando recursos para frenar la extradición con argumentos sobre un fallo en otra causa–, también es el letrado del Presidente en sus demandas contra periodistas y en la polémica investigación por la criptomoneda $Libra. Para defender a Milei en ese expediente, el “abogado Dios” soltó una frase que ahora suena a chiste: “si un presidente quisiera delinquir, no dejaría todos los dedos pegados”.

Pero el escándalo va mucho más allá del estudio jurídico. Hay sospechas serias de que la trama opera directamente en el corazón del Gobierno. Medios nacionales publicaron que el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, habría movido fichas para intentar evitar el traslado de Machado. En paralelo, aparece la figura del exgobernador de Río Negro, Horacio Massaccesi, supuestamente contratado para ejercer lobby ante los jueces de la Corte. ¿Un detalle? El hijo de Massaccesi, Leandro, es jefe de Gabinete de la ministra Sandra Pettovello. Los canales para la presión estaban, digamos, “cercanos”.

La conexión de Cúneo Libarona con el entorno de Machado es aún más intrincada: fue abogado de la diputada libertaria Lorena Villaverde, quien está en pareja con Claudio Ciccarelli, primo, testaferro y socio de Machado en el negocio de las arenas silíceas de Vaca Muerta. Es una red que lo tiene todo.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, también está en el baile. Un dirigente rionegrino confirmó que Weretilneck recibió a Machado en 2019. Poco después, su esposa, la entonces secretaria de Energía y Ambiente Andrea Confini, firmó las resoluciones que entregaron 13 canteras de arenas silíceas a una firma ligada al empresario. El epílogo: el gobierno de Milei designó a Confini en el directorio de YPF con un sueldo de 70 mil dólares mensuales, un claro ejemplo de los acuerdos políticos que cierran la trama.

La tensión en el Gabinete es palpable. La propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó un episodio insólito: llamó por error a un periodista, confundiéndolo con el fiscal de Narcocriminalidad, para preguntarle, visiblemente nerviosa: “¿Cómo viene el tema este de la extradición de Machado?”. La pregunta desnuda la preocupación. Y con razón: Bullrich comparte lista electoral con José Luis Espert, quien recibió 200 mil dólares de Machado para financiar su campaña de 2019.

Un video filtrado de Espert relajándose en la pileta de Machado y mofándose de Mauricio Macri se lee en círculos políticos como una amenaza directa del empresario al Gobierno: “no me suelten la mano”. La ley es clara: la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública obliga a los funcionarios a abstenerse de intervenir en casos con conflicto de intereses. Esto potencialmente forzaría a Milei a delegar la firma final de la extradición, pero la pregunta es: ¿en quién, si medio Gabinete parece estar enredado en la misma trama?