La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) emitió una directiva secreta en enero ordenando “identificar y monitorear” a “grupos sociales vulnerables” y “actores no estatales” que puedan capitalizar la “creciente polarización política”, según cuenta Hugo Alconada Mon en LA NACION. El documento, firmado por el director de Operaciones Diego Kravetz, instruye recabar información sobre capacidades, motivaciones e impacto de estos actores en la estructura política nacional, con el objetivo de elaborar informes para las máximas autoridades. La orden también incluye vigilancia a “actores estatales extranjeros” que implementen tácticas como “ciberataques, operaciones de desinformación y financiamiento a actores políticos” locales.
Esta directiva forma parte del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), un documento de 170 páginas, desarrollado bajo la dirección de Sergio Neiffert, abre la puerta a eventuales tareas de espionaje interno sobre periodistas, economistas y críticos del gobierno. Según la publicación, el PIN establece como objetivos de vigilancia a quienes busquen “erosionar la confianza” en funcionarios, generen “pérdida de confianza en las políticas económicas” o “manipulen a la opinión pública” durante procesos electorales.
Fuentes legislativas y vinculadas a la SIDE confirmaron que el plan presenta diferencias notables con administraciones anteriores, poniendo énfasis en una “batalla cultural por controlar el relato” afín al discurso oficial. Un exfuncionario de inteligencia describió el documento con la frase: “El PIN emana un tufillo a gobierno totalitario”. La revelación motivó que la Comisión Bicameral de Inteligencia analice citar a Neiffert la próxima semana para explicaciones.
Horas después de la publicación, la Oficina del Presidente emitió un comunicado negando que la SIDE persiga opositores o periodistas, pero confirmando la existencia del documento secreto. Javier Milei replicó en redes sociales acusando al “90% de los periodistas” de ser “los mayores creadores de noticias falsas”. El periodista Alconada Mon sufrió posteriormente intentos de hackeo y campañas de desprestigio con falsas vinculaciones a sitios de pornografía. Total normalidad.
La agenda presidencial combina ajuste económico con persecución a quienes osen criticarlos públicamente. “Las empanadas de Ricardo Darín han sido un síntoma de muchas cosas”, señaló Morales Sola en su columna de opinión, refiriéndose al ataque oficialista contra el actor tras sus comentarios sobre precios. El acoso a Alconada Mon sería parte de un patrón donde “todo un aparato político y mediático practica la cacofonía para desprestigiar cualquier voz disonante”. El PIN sería peligroso por sus “parámetros vagos y ambiguos” que podrían convertir críticas en delitos.
Respecto a las negociaciones políticas, trascendió que PRO recibió mandato de buscar un acuerdo “equitativo y digno” con Milei para las elecciones bonaerenses, aunque persisten diferencias sobre la denominación de la alianza. El radicalismo provincial, según sus dirigentes, aún no inició tratativas: “No podemos hacer una alianza cuando ni siquiera sabemos qué programa tiene el gobierno nacional”.
Sobre la conducción de la SIDE, se destacó que el organismo retomó su nombre histórico y reinstaló figuras como Antonio ‘Jaime’ Stiuso. La designación de Neiffert -técnico mecánico vinculado al asesor Santiago Caputo- generó cuestionamientos, particularmente tras el intento de asignar $100.000 millones vía decreto. Más allá de las polémicas actuales, según el análisis publicado, el documento “pondría por escrito algo que nuestros servicios de inteligencia han hecho históricamente” bajo distintas administraciones.
