Espert aliviado: Machado decidió no colaborar con la justicia de EE.UU.

Desde su celda en el Centro de Detención del condado de Fannin, Texas, el empresario argentino Federico “Fred” Machado optó por la vía más riesgosa. Ante el juez federal Bill Davis, Machado se declaró “no culpable” de los cargos de narcotráfico, lavado de activos y estafa que pesan sobre él, una decisión que, según la nota de Hugo Alconada Mon, rechaza explícitamente la posibilidad de negociar una reducción de pena a cambio de colaborar con la fiscalía estadounidense. Con esta jugada, el extraditado apostará a un juicio oral que se prevé para 2026, un camino “a todo o nada” donde solo existe la absolución o una condena a prisión efectiva. Esta determinación cierra, al menos temporalmente, la puerta a que el empresario aporte información sensible sobre las campañas electorales que financió en Argentina, un aspecto que mantenía en vilo a varios espacios políticos.

La figura de José Luis Espert, diputado nacional de La Libertad Avanza actualmente en uso de licencia, se ve directamente aludida en este entramado. Tal como publicó el medio TN, las pruebas documentales que obran en el expediente “USA v. Mercer-Erwin et al” detallan que Machado transfirió al menos 200.000 dólares al legislador durante 2020. La evidencia, aportada por el Bank of America, incluye las planillas internas de la entidad financiera que consignan los fondos y la matrícula del avión privado de Machado (N28FM) que el propio Espert utilizaba en Argentina. Los investigadores otorgan un valor probatorio clave a las instrucciones “further credit to” presentes en esas transferencias, un mecanismo que permite rastrear al destinatario final de fondos de presunto origen ilícito.

El antecedente de Debra Lynn Mercer-Erwin, socia de Machado en la trama, funciona como un pésimo augurio para el empresario. Mercer-Erwin también se declaró “no culpable” y fue a juicio, resultando condenada en mayo de 2023 a 16 años de prisión en una cárcel federal por fraude y lavado. La fiscalía sostiene que el rol de Machado, como proveedor de capital y supuestos clientes vinculados al narcotráfico, fue esencial para la operación. Machado, de 57 años, fue extraditado desde Argentina a principios de noviembre tras un prolongado proceso judicial que incluyó cuatro años de arresto domiciliario, el cual finalizó cuando el juez federal Gustavo Villanueva ordenó su traslado a una dependencia policial por reiterados incumplimientos.

La decisión de no colaborar implica un alivio táctico para Espert y su espacio político, ya que elimina la instancia en la que Machado podría haberse convertido en un colaborador que revelara detalles comprometedores a cambio de una pena menor. Cuando estalló el escándalo, el diputado intentó explicar que el dinero recibido correspondía a una consultoría para una compañía minera en Guatemala. Sin embargo, la sombra de la financiación irregular lo forzó a renunciar a la lista de diputados nacionales que encabezaba por la provincia de Buenos Aires durante la campaña legislativa de octubre pasado. La amenaza que Machado lanzó en una entrevista antes de su extradición –“Si hablo, se cae el país”– queda, por ahora, en suspenso, mientras la justicia texana fijó para el 9 de enero una audiencia previa que marcará el rumbo formal de un juicio que promete mantener en vilo a la escena política argentina.