Espert acorralado: admite el pago de USD 200.000 y revelan que viajó 35 veces en el avión narco

El diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, ha dado un giro drástico a su versión pública de los últimos cinco años, al admitir finalmente haber recibido una transferencia de 200.000 dólares de una estructura empresarial ligada a Federico “Fred” Machado, un empresario actualmente detenido y solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos bajo graves cargos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Esta tardía confesión se produjo a través de un video en sus redes sociales, inmediatamente después de que el diario LA NACION publicara documentos oficiales del Bank of America que certifican el pago, una prueba decisiva en el juicio celebrado en Texas que culminó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Machado.

Durante años, el economista había insistido en que su relación con Machado se limitaba a un único contacto a principios de 2019, cuando el empresario organizó la presentación de su libro “La Sociedad Cómplice” en Viedma. “Él organizó la presentación de mi libro en Viedma, me pareció fantástico, y esa fue toda, toda, toda mi relación con el señor Federico Machado”, aseguró en mayo de 2021, según la nota de ese medio. Sin embargo, ante la contundencia ineludible de los registros bancarios, Espert ofreció un nuevo relato: explicó que los 200.000 dólares fueron un adelanto por servicios de consultoría que prestaría a la minera guatemalteca Minas del Pueblo, gestión que se canalizó a través de Machado. El diputado detalló que “Le dije que me interesaba pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral”, y precisó que el pago se concretó en enero de 2020.

No obstante, los documentos disponibles revelan que la operación de los 200.000 dólares no provino directamente de la minera, sino de la compañía Wright Brothers Aircraft Title, controlada por Mercer-Erwin y pieza central en la trama de lavado de dinero por la que fue condenada. El registro del Bank of America, fechado el 22 de enero de 2020, incluye el código “N28FM”, una matrícula que corresponde al avión de Machado que, según determinó la justicia federal argentina, Espert utilizó en al menos 35 ocasiones durante su campaña presidencial de 2019. Esta conexión directa entre el origen del pago y el equipamiento logístico de campaña cedido por el empresario genera serios interrogantes acerca de la verdadera naturaleza de los fondos y de la relación que el candidato mantuvo con la estructura de Machado.

La profunda contradicción en el discurso del legislador ha desencadenado una crisis en el seno de La Libertad Avanza. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, elevó la presión al exigir públicamente que Espert “vuelva a los medios y conteste claro” para “salvar al Presidente, al proyecto”. Mientras tanto, la figura del candidato se ha convertido en un obstáculo visible para la campaña oficialista, con informes de medios nacionales señalando la cancelación de actos proselitistas en la provincia de Buenos Aires. Pese al escándalo, el presidente Javier Milei salió a respaldarlo de forma inmediata, minimizando las acusaciones en la red social X como “la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo”.

El expediente judicial en Estados Unidos perfila un panorama sombrío en torno a Machado, a quien los fiscales de Texas describen como el cabecilla de una red que utilizaba empresas de aviación como fachada para blanquear dinero del narcotráfico. En este entramado, la minera Minas del Pueblo —la empresa a la que Espert alegó que asesoraría— es identificada en los documentos como una de “al menos tres entidades afiliadas a South Aviation”, la compañía de Machado, y se encuentra actualmente intervenida por un síndico designado por la corte. Un dato que añade una capa de complejidad es que la defensa legal de Machado en Argentina está en manos de Juan Manuel Oñeto, quien es también el abogado personal del presidente Milei. Frente a la innegable evidencia bancaria, la justificación de Espert de que “puedo haber pecado ingenuo, pero delincuente, jamás” se percibe como un intento de clausurar una controversia que, lejos de disiparse, pone en jaque su candidatura y arroja serias sombras sobre la necesaria transparencia en el financiamiento de la actividad política.