Escándalo: Comodoro Py le devuelve favores a Milei y frena la causa $LIBRA

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sacudió el tablero judicial de la causa $LIBRA al apartar a todos los querellantes que venían impulsando la investigación, una decisión que cayó como un baldazo de agua fría entre los damnificados y la oposición, pero que en la Casa Rosada celebraron como un primer paso para descomprimir la situación del presidente Javier Milei y su hermana Karina, ambos imputados en el expediente. La resolución, que llegó a pedido del empresario Mauricio Novelli –uno de los acusados y el nexo entre el mandatario y el creador de la criptomoneda, Hayden Davis–, dejó la pesquisa exclusivamente en manos del fiscal Eduardo Taiano, cuya actuación había sido cuestionada sistemáticamente por las víctimas por la lentitud y la falta de impulso. Martínez de Giorgi sostuvo que los cinco inversores que se presentaron como querellantes no lograron acreditar un daño directo ni la titularidad de las billeteras desde las que compraron el token, y agregó que las pérdidas podrían explicarse por la volatilidad propia de las “memecoins”, un argumento que el propio Milei había esgrimido meses atrás cuando comparó la inversión con “jugar a la ruleta rusa”.

Pero lo que encendió todas las alarmas no fue solo el fallo en sí, sino el contexto en el que llegó. Apenas semanas antes, el Senado había aprobado el pliego de Ana María Cristina Juan, la esposa del magistrado, para ocupar un cargo como jueza federal en Hurlingham, un nombramiento impulsado por el gobierno de Milei que todavía espera la firma del decreto presidencial. Para el diputado Maximiliano Ferraro, que presidió la comisión investigadora del caso en Diputados, la simultaneidad de los hechos no es casualidad: “Cuando uno ve que lo que ha sucedido en más de un año en esta investigación, diría que es un paso a paso para la consagración de la impunidad”, disparó, y agregó: “No es casual que esto suceda hoy. El mes pasado el Senado aprobó el pliego de la cónyuge del juez Martínez de Giorgi, elevado por el presidente Milei. Toda una devolución de favores”. La misma sintonía mostró la diputada Sabrina Selva, quien calificó la resolución como un paso deliberado para blindar al Poder Ejecutivo y recordó que el nombramiento de la esposa del juez se dio “previo a esta decisión judicial”.

La movida judicial, que deja a los damnificados sin posibilidad de acceder al expediente ni de solicitar medidas de prueba, no hizo más que profundizar las sospechas sobre un pacto entre el oficialismo y Comodoro Py. El propio juez Martínez de Giorgi, que aspira desde hace tiempo a ascender a camarista, había recibido ese gesto del gobierno en un momento clave, justo cuando la causa que investiga la estafa de la criptomoneda comenzaba a poner contra las cuerdas a los hermanos Milei. Y aunque el fallo será apelado ante la Cámara Federal, la sensación que dejó en los pasillos judiciales es que la investigación quedó reducida a un formalismo: sin querellantes que empujen, y con un fiscal que en más de un año no citó a nadie a declarar ni pidió las pericias clave, el expediente corre el riesgo de terminar en la nada. Los abogados de las víctimas ya anticiparon que recurrirán la decisión, y hasta evaluarán recusar al magistrado, pero mientras tanto, la causa que investiga uno de los escándalos más resonantes de la gestión libertaria quedó en manos de quienes, según denuncian desde la oposición, ya demostraron que no tienen interés en que se esclarezca nada.