Una denuncia judicial puso bajo la lupa un entramado de contratos, vínculos personales y presuntas injerencias políticas que articulan una trama de corrupción e inteligencia en las altas esferas del Gobierno. La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, se presentó en los tribunales de Comodoro Py para solicitar la investigación de delitos como tráfico de influencias, abuso de autoridad y violación de la Ley de Inteligencia Nacional. La presentación judicial tiene como protagonistas al asesor presidencial Santiago Caputo, al empresario Leonardo Scatturice y al lobista estadounidense Barry Bennett.
El núcleo de la acusación es un acuerdo firmado el 12 de febrero de 2025 entre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la consultora Tactic Global, de reciente creación y propiedad de Scatturice, que tiene a Bennett entre sus socios. Según los documentos oficiales del estado de Florida citados en la denuncia, la empresa fue constituida apenas dos meses antes de la firma del contrato, un dato utilizado para cuestionar los antecedentes y la razonabilidad de la contratación. Talerico invocó artículos del Código Penal vinculados a negociaciones incompatibles con la función pública y la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional, que prohíbe a los organismos de espionaje influir en la vida política del país.
Los lobistas denunciados son figuras con vínculos de alto nivel. Barry Bennett, presentado como cercano a Donald Trump, ya había tenido un rol activo durante la transición que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada. Leonardo Scatturice, por su parte, es un empresario con pasado en el mundo de la inteligencia y contactos en redes conservadoras internacionales, dueño de la aerolínea FlyBondi. La denuncia señala que ambos operan como un “backchannel” o canal paralelo de comunicación entre las presidencias de Argentina y Estados Unidos, al margen de los circuitos institucionales de la Cancillería.
La función asignada a Tactic Global es el eje de la controversia. Según el documento presentado ante el Foreign Agents Registration Act (FARA) del Departamento de Justicia norteamericano, la firma “servirá como enlace entre la Presidencia de la Nación de la República Argentina y sus homólogos en Estados Unidos”. Esta misión, que incluye coordinar reuniones y ofrecer asesoramiento estratégico, es señalada en la denuncia como la base de un esquema de “embajadas paralelas”. Tal como publicó el diario La Nación, el acuerdo habría habilitado canales informales de comunicación entre los gobiernos, desvirtuando la misión legal de la SIDE, que es la seguridad nacional y no el lobby político.
Otro dato central del expediente es el crecimiento de los negocios de Scatturice con el Estado nacional. La denuncia menciona que, a través de su empresa OCP Tech, habría obtenido al menos 21 contratos, incluyendo licitaciones de montos elevados en el Ministerio de Economía y la Secretaría de Educación. Además, la presentación judicial sostiene que Scatturice tuvo influencia en nombramientos clave, como el del actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Edgardo Vázquez, en un organismo bajo la órbita política de Santiago Caputo.
La trama descripta refleja una profunda lucha interna por el poder. Bennett, según la denuncia, realizó acciones para influir sobre la opinión pública y legisladores nacionales para favorecer reformas del Ejecutivo, una intervención prohibida por la ley de inteligencia cuando involucra a actores vinculados al sistema. Incluso, según la reconstrucción de los hechos, el lobista habría promocionado a Caputo para la jefatura de Gabinete. Talerico, quien mantuvo un enfrentamiento público con Caputo, presentó la denuncia patrocinada por Carlos Negri, presidente de la asociación Integridad Republicana.
Hay un pilar para nuestro desarrollo que sigue contaminado.
— Maria Eugenia Talerico (@eugetale) December 29, 2025
La fortaleza institucional es despreciada y las prácticas kirchneristas se repiten en su máximo esplendor. https://t.co/PljEqdkFy3
Los motivos de la denuncia fueron adelantados por el columnista Carlos Pagni en el diario La Nación: “Las sospechas sobre las actividades del lobista Bennett acaban de llegar a Tribunales”. Agregó Pagni: “Estos dos abogados van más allá. Dado que Bennett realizó actividades y formuló declaraciones que pueden influir sobre la política doméstica, quieren que la Justicia determine si no violó la Ley de Inteligencia”. La base informativa de la presentación no surge de una causa judicial previa, sino de la acumulación de datos provenientes del periodismo de investigación y registros públicos internacionales.
La causa, que recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, abre un interrogante sobre los límites entre lo público y lo privado en el ejercicio del poder y sobre el uso de los organismos de inteligencia para fines ajenos a su misión constitucional. Mientras la Justicia federal evalúa si investiga los hechos, la denuncia expone una trama donde se entrecruzan negocios estatales, relaciones internacionales paralelas y una presunta reconfiguración de los canales tradicionales de la política exterior argentina.
