Mediante una contratación directa por exclusividad en octubre de 2024, la empresa OPC Tech, propiedad del empresario Leonardo Scatturice, obtuvo la renovación de licencias para la conectividad wifi en todas las escuelas estatales del país por US$78.650.000, según publicaciones periodísticas. Este contrato, gestionado durante la intervención de Educ.ar bajo la dirección de Eduardo González —vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo—, contrasta con el proceso licitatorio realizado en noviembre de 2021, cuando la firma Distecna S.A. se adjudicó servicios similares por US$16.864.496. El expediente revela que, aunque se recibieron ofertas de otras empresas como Dinatech S.A. y DTE S.A., no se integraron plenamente a la evaluación, y se optó por la adjudicación directa argumentando menores costos, sin que se explicitara por qué no se convocó a una licitación pública para optimizar precios.
La decisión se sustentó en informes técnicos de Educ.ar y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que advirtieron sobre un posible “apagón masivo” si no se renovaban las licencias de Cisco Meraki —sistema instalado en más de 40.000 escuelas desde 2017 con una inversión inicial de US$227.8 millones—. Ambos organismos señalaron que reemplazar la tecnología implicaría costos adicionales y riesgos operativos, validando a OPC Tech como “única opción viable” al ser el único revendedor autorizado de Cisco en Argentina, certificación respaldada por la multinacional. No obstante, el convenio firmado en septiembre con la Secretaría de Educación incluyó una cláusula de confidencialidad que prohíbe divulgar cualquier información derivada del acuerdo.
⛔️🚨✅Milei le acaba de entregar por contrato directo el negocio de proveer wifi a todas las escuelas de Argentina a Leonardo Scatturice, contrato con el Estado por 80 MILLONES DE DÓLARES. Scatturice fue el que pasó 10 valijas en Ezeiza sin que se las revisaran por orden de Milei pic.twitter.com/dCa1qcBB5O
— Martín Peiretti (@MartnPeiretti1) July 27, 2025
Scatturice, radicado en Estados Unidos y con nexos en el trumpismo, acumula al menos 260 contratos con el Estado nacional. Su relación con figuras clave del gobierno se evidenció en adjudicaciones previas: el Ministerio de Economía, liderado por Luis “Toto” Caputo, le otorgó $790 millones para protección de correos y $414 millones por servidores en 2024, mientras que la Secretaría General de la Presidencia —área de Karina Milei— lo incluyó en licitaciones de insumos informáticos. Además, su empresa Tactic Global firmó un polémico contrato con la SIDE para facilitar vínculos con el gobierno estadounidense, función tradicionalmente diplomática, según registros del Departamento de Justicia de EE.UU. revelados por LN+.
La notoriedad pública del empresario aumentó tras el aterrizaje de su avión privado en Aeroparque en febrero de 2024, cuando valijas pertenecientes a la activista trumpista Laura Belén Arrieta evitaron controles aduaneros por una supuesta “orden de arriba”. Pese a que el presidente Milei negó amistad con Scatturice —calificando el hecho como “una pelotudez”—, su ascenso empresarial continuó con la compra de Flybondi, operación cuestionada por coincidir con campañas oficiales de desprestigio contra Aerolíneas Argentinas. Estas circunstancias han generado analogías internas en el gobierno con casos de enriquecimiento irregular, donde algunos funcionarios temen que se esté creando “un Lázaro Báez libertario”.
