El Súper RIGI pasó el filtro de Diputados. Alerta en la industria local por los excesivos beneficios para las potencias extranjeras.

La Cámara de Diputados le dio este miércoles al Gobierno las dos victorias legislativas que necesitaba para mantener en marcha su programa económico: la media sanción del Súper RIGI y la aprobación definitiva del acuerdo de pago con los fondos buitre que litigaban contra el país desde el default de 2001. El oficialismo consiguió los números sin demasiado margen para la épica pero con la solvencia suficiente como para mandar ambas iniciativas al Senado, en el primer caso, y directamente al Boletín Oficial, en el segundo. La letra chica de lo votado, sin embargo, expone los contornos de un modelo que genera más interrogantes que certezas incluso entre quienes acompañaron las leyes.

El Súper RIGI obtuvo 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. La iniciativa extiende y profundiza los beneficios del régimen original sancionado en la Ley Bases, pero esta vez orientados a sectores que el Gobierno define como industrias del futuro: inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, data centers, fabricación de baterías de litio, paneles solares y desarrollos vinculados al uranio. El piso de inversión es de mil millones de dólares por proyecto, con la obligación de ejecutar al menos el 20 por ciento en los primeros dos años. A cambio, las empresas que adhieran accederán a un menú de exenciones que deja al primer RIGI como un ensayo modesto.

La alícuota de Ganancias baja del 25 al 15 por ciento, se habilita la amortización acelerada de inversiones, se permite deducir quebrantos sin límite temporal y se fija una tasa de apenas el 3,5 por ciento sobre dividendos y utilidades. Los aranceles de importación y las retenciones a las exportaciones se eliminan por completo. Las provincias que adhieran no podrán cobrar más de 0,5 por ciento de Ingresos Brutos y se prohíben las tasas municipales sobre ventas. En materia cambiaria, el esquema es elocuente: disponibilidad del 20 por ciento de las divisas el primer año, 40 por ciento el segundo y acceso total a partir del tercero. Para los aportes de capital y financiamientos, ni siquiera rige la obligación de ingresar los dólares al país. La estabilidad regulatoria está garantizada por 30 años y cualquier controversia con el Estado se dirimirá en tribunales internacionales.

El debate en el recinto fue tenso. Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro advirtió que “el Súper RIGI nos está empujando a un modelo en el que determinados poderes económicos y corporativos tengan en la Argentina la capacidad de condicionar las decisiones políticas dentro del Estado. Lo que todos podríamos definir como una clara plutocracia”. Juan Marino, de Unión por la Patria, lo vinculó con otras iniciativas que el oficialismo impulsa en el Congreso: “Con este Súper RIGI buscan transformar a la Argentina en una economía de enclave, otorgándole a los monopolios tecnológicos privilegios fiscales para los próximos 30 años”. Juan Grabois, también de UxP, definió la jugada como la creación de “zonas liberadas, idénticas a las de la narcoestructura, pero para la tecnoestructura”.

Uno de los puntos más controvertidos fue la eliminación del piso de contratación de proveedores locales. El RIGI original establecía que al menos el 20 por ciento de la inversión debía destinarse a bienes y servicios de origen nacional, siempre que existiera oferta en condiciones competitivas. El Súper RIGI directamente lo elimina y aclara que no se podrá obligar a las empresas a comprar insumos locales si existen alternativas más baratas en el exterior. La redacción generó rechazo en las provincias con entramado industrial y en entidades como la UIA y CAME, que esta misma semana plantearon en el Congreso que la industria está diez puntos abajo respecto de 2022 y que desde agosto de 2023 se perdieron 75 mil puestos de trabajo formales en el sector.

En paralelo, Diputados convirtió en ley el plan de pago a los fondos buitre Bainbridge y Attestor por 171 millones de dólares. La votación fue más holgada: 138 a favor y 98 en contra. El oficialismo sumó al PRO, la UCR, el MID y los bloques provinciales que responden a gobernadores como Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Martín Llaryora. La urgencia tenía fecha de vencimiento: el 30 de junio. Desde el oficialismo defendieron la operación como el cierre de un capítulo de deshonra internacional, mientras que la oposición la cuestionó por falta de transparencia. “Este es un juego del sector financiero, de los traders, donde las comisiones no están en la superficie, están ocultas y nos venden que no se cobran honorarios”, disparó Miguel Pichetto. Itaí Hagman, de UxP, recordó que el término holdouts es un eufemismo y sentenció: “Hoy nos gobierna el mismo liberalismo oligárquico que endeudó a nuestro país y nos llevó a sucesivas crisis”.

La jornada dejó en claro que el Gobierno logró aceitar una mayoría parlamentaria que incluye a sectores del peronismo provincial, un dato político relevante en un contexto donde la Casa Rosada necesita blindar a sus funcionarios cuestionados y mantener la iniciativa legislativa. El Súper RIGI ahora viaja al Senado, donde la interna entre el oficialismo y Patricia Bullrich viene de regalar un capítulo de alto voltaje y donde los gobernadores deberán decidir si convalidan un esquema que les ata las manos tributarias por tres décadas.