Con el respaldo unánime de la oposición y el apoyo estratégico de gobernadores aliados, el Senado asestó un revés contundente al gobierno nacional al convertir en ley un paquete de medidas que incrementan el gasto público, desafiando abiertamente la política de ajuste fiscal de Javier Milei. En una sesión autoconvocada que el oficialismo calificó de irregular, la Cámara Alta ratificó por unanimidad el aumento del 7.2% para jubilaciones —que incluye una suba del bono de $70,000 a $110,000— y actualización por inflación, además de extender por dos años la moratoria previsional caída en marzo. Paralelamente, se aprobó con 55 votos afirmativos la emergencia en discapacidad hasta 2027, que garantiza actualización de aranceles y fortalecimiento presupuestario, mientras se insistió con los $200,000 millones para la reconstrucción de Bahía Blanca, iniciativa previamente vetada por el Presidente.
El impacto político se amplificó con la sanción de proyectos que reconfiguran la distribución de recursos provinciales: la reforma al sistema de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) —ahora automáticos e incorporados al Presupuesto— y la coparticipación del Impuesto a Combustibles Líquidos obtuvieron 56 adhesiones, con solo el voto en contra del cordobés Luis Juez. La coalición opositora, que incluyó a sectores dialoguistas del radicalismo como Martín Lousteau y aliados del PRO como Guadalupe Tagliaferri, evidenció fisuras en la alianza oficial cuando gobernadores cercanos al Ejecutivo, como los mendocinos de Alfredo Cornejo y los entrerrianos de Rogelio Frigerio, optaron por ausencias o abstenciones antes que el rechazo frontal. La respuesta de Milei fue inmediata y virulenta: prometió vetar todas las iniciativas y judicializar su validez, reiterando calificativos como “nido de ratas” para el Congreso mientras acusaba de “traidora” a la vicepresidenta Victoria Villarruel por permitir el debate.
La interna oficialista estalló en paralelo, con un cruce público entre Villarruel y la ministra Patricia Bullrich, quien la acusó de complicidad con el kirchnerismo, a lo que la titular del Senado replicó vinculándola con “orgas terroristas”. El clima de tensión se agravó durante la votación, cuando la oposición impidió que el libertario Bartolomé Abdala presidiera la sesión al denunciar que “no puede presidir un fantasma”, en referencia a su intención de abstenerse. Al día siguiente, el jefe de Gabinete Guillermo Francos adoptó un tono conciliador contrastante con la retórica presidencial: confirmó el veto pero tendió puentes a los gobernadores afirmando que “nunca creo que esté todo roto, siempre hay posibilidades de conversar”. Su estrategia apunta a evitar la ratificación legislativa de los vetos, para lo cual necesita convencer a “por lo menos 1/3 de los diputados o senadores”, argumentando que las leyes carecen de financiamiento, lo cual “no es legal” según la Ley de Administración Financiera. Pese a este gesto, Francos replicó la narrativa presidencial al sugerir que los mandatarios buscan recursos extras para “enfrentar las elecciones”.
