El gobierno del presidente Javier Milei se enfrenta a una prueba decisiva de gobernabilidad en el Senado, donde este viernes busca la sanción definitiva del Presupuesto Nacional para el año 2026. Este debate legislativo, que tiene lugar en una sesión extraordinaria convocada para el día después de Navidad, trasciende la mera aprobación de las cuentas públicas. Para la administración libertaria, obtener el pergamino presupuestario representa una señal ineludible de solvencia política y orden económico de cara a los mercados y al Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien debe afrontar urgentes vencimientos de deuda en enero. La sesión, sin embargo, se desarrolla bajo la sombra de un ajustado recuento de votos y la fuerte resistencia de un sector de la oposición a los recortes en educación, ciencia y tecnología.
El contexto político en el que se libra esta batalla está marcado por el reciente fortalecimiento del oficialismo en el Congreso. Según los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025, La Libertad Avanza se consolidó como la primera fuerza a nivel nacional, asegurándose el tercio de votos necesario para sostener vetos presidenciales y ampliando su representación en ambas cámaras . Este proceso electoral, el primero en implementar la Boleta Única de Papel a nivel nacional, otorgó al gobierno un mayor volumen parlamentario, aunque no el control absoluto de la rosca legislativa . Es en este escenario de mayorías precarias donde la estrategia de negociación y la conducción política de figuras como Patricia Bullrich adquieren un rol protagónico.
La flamante jefa del bloque oficialista en el Senado asume este debate como su primera gran prueba de fuego. Su misión, según fuentes cercanas, no se limita a asegurar la aprobación en general del proyecto, sino a evitar a toda costa modificaciones que obliguen a devolver el texto a la Cámara de Diputados, un escenario que el gobierno considera catastrófico por los ajustados plazos institucionales. Bullrich desplegó en las últimas horas una intensa agenda de contactos y reuniones con bloques dialoguistas, buscando blindar los artículos más sensibles. “Los números están muy finos. Están buscando abstenciones”.
El corazón de la controversia se encuentra en dos artículos específicos del proyecto. El más polémico es el artículo 30, que propone eliminar los pisos mínimos de financiamiento establecidos por ley para áreas estratégicas. De aprobarse, quedarían sin efecto las metas que obligan a destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% al financiamiento de Ciencia y Tecnología, el 0.2% a la educación técnico-profesional y el 0.8% al reequipamiento de las Fuerzas Armadas . La oposición, incluido un sector del radicalismo que en teoría acompaña al oficialismo, considera este punto inaceptable. “Entiendo la bronca por el 30, pero peor es el 12. Básicamente, te dice que si un funcionario considera que una universidad no le da la información que considera pertinente, cierra la canilla”, expresó un legislador opositor a Infobae, refiriéndose al segundo foco de conflicto .
Efectivamente, el artículo 12 genera profunda inquietud por su potencial afectación a la autonomía universitaria. El texto establece que el Ministerio de Capital Humano “podrá interrumpir las transferencias de fondos” a las casas de estudio en caso de incumplimiento en el envío de información que esta secretaría considere necesaria . Para muchos senadores, esto otorga al Poder Ejecutivo un instrumento de discrecionalidad política peligroso sobre el financiamiento de la educación superior.
La definición en el recinto promete ser estrecha y podría marcar un hito en la política reciente: la primera vez que el bloque peronista vote dividido en la Cámara Alta. Mientras el sector alineado con la expresidenta Cristina Kirchner mantiene un firme rechazo a los recortes, varios senadores del subbloque Convicción Federal han mostrado disposición a acompañar al oficialismo, una señal de la cambiante dinámica de poder al interior del justicialismo. El oficialismo, por su parte, confía en su piso de 21 votos propios, sumados a los de aliados del PRO y de la UCR, aunque en este último espacio las dudas sobre los artículos 12 y 30 son palpables.
Las proyecciones económicas del propio presupuesto, que anticipan un crecimiento del 5% del PBI y una inflación anual del 10.1% para 2026, parecen hoy un escenario optimista frente a la realidad inmediata de la negociación parlamentaria. El gobierno necesita desesperadamente esta ley para cerrar el año con una señal de normalidad institucional tras dos años de manejo discrecional de los fondos a través de prórrogas presupuestarias. Un fracaso en el Senado, o la devolución del proyecto a Diputados, dejaría al Ejecutivo en una posición de extrema debilidad frente al inminente calendario de pagos de la deuda y ante la propia ciudadanía. Más allá de las cifras, esta sesión define en los hechos la capacidad de la administración Milei para construir acuerdos y gobernar dentro de los marcios institucionales en el año que se avecina.
