El Senado aprobó el Presupuesto 2026: elimina pisos de inversión en educación y ciencia

Tras once horas de debate y una intensa negociación política, el Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026, el primero de la gestión de Javier Milei. La votación, que se extendió hasta pasadas las nueve de la noche, arrojó un resultado contundente de 46 votos a favor, 25 en contra y una sola abstención. Este triunfo legislativo, que el oficialismo calificó como histórico, no hubiera sido posible sin el apoyo decisivo de un arco de fuerzas que incluyó al PRO, a la Unión Cívica Radical y a un sector de gobernadores peronistas. Junto a la ley de leyes, la Cámara Alta también sancionó la polémica Ley de Inocencia Fiscal, con 43 votos afirmativos y 26 negativos.

La jornada comenzó con una primera victoria táctica para la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich. Tras un forcejeo en Labor Parlamentaria, logró imponer la modalidad de votación por capítulos y no artículo por artículo, una estrategia diseñada para proteger los puntos más controversiales del texto. Esta maniobra inicial, aprobada por 39 votos contra 33, le permitió al gobierno blindar el Capítulo 2, que contiene la eliminación de los pisos legales de inversión para la educación pública, la ciencia y la tecnología.

La aprobación final fue el resultado de un operativo político de última hora. Ante la resistencia de varios radicales a avalar el ajuste educativo, el gobierno desplegó a sus principales operadores. El ministro del Interior, Diego Santilli, y Lule Menem, mano derecha de Karina Milei, se instalaron en el Senado, mientras Santiago Caputo negociaba por teléfono con gobernadores peronistas. La autorización de un préstamo del Banco Nación a Catamarca por 45 mil millones de pesos alimentó rumores de contraprestaciones políticas, que finalmente se materializaron con el voto favorable de los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán).

Desde la oposición, las críticas fueron duras y apuntaron al fondo de la propuesta. El senador radical Maximiliano Abad cuestionó que “el oficialismo sostiene una tesis falsa y peligrosa, que el conocimiento y la innovación no tienen nada que ver con el desarrollo”. Por el bloque justicialista, Juliana Di Tullio advirtió que “este Presupuesto lo único que va a hacer es cagarle la vida a los argentinos”, y su par José Mayans ironizó: “Parece que están en un party, en una fiesta, hacen un Presupuesto ridículo, un Presupuesto de Narnia”. El exgobernador Jorge Capitanich destacó la contradicción en las prioridades: “El Gobierno les saca impuestos internos a los celulares, a los teléfonos satelitales, a los bienes suntuarios… Eso sale 548 millones de dólares. ¿Saben cuánto salen las escuelas técnicas? 200 millones de dólares”.

Los números concretos del Presupuesto reflejan un cambio estructural. Deroga el artículo que fijaba un piso de inversión educativa del 6% del PBI, un objetivo que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), solo se cumplió una vez desde 2005. En términos reales, el gasto en Educación y Cultura caerá un 1% respecto de 2025 y un 47,7% en comparación con 2023. Los fondos para universidades nacionales sufrirán una reducción del 7,2%, mientras que la partida para vouchers educativos bajará un 13,5%. En contraste, el Plan Nacional de Alfabetización verá un incremento real del 39,3%.

En el área social, el panorama es mixto. La Asignación Universal por Hijo tendrá un aumento real del 6,4%, pero el programa Alimentar sufrirá un recorte del 15,2% y los comedores comunitarios, uno del 28,9%. Los jubilados verán congelado el bono extraordinario de $70.000, lo que implica una caída real del 13,8% en esa ayuda, mientras que las pensiones por discapacidad se reducirán un 10,6%. Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) alertó que el Presupuesto “consolida el ajuste iniciado en 2024 en políticas clave para la igualdad de género”.

Paralelamente, la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal generó una agria controversia. El presidente Milei la celebró como “revolucionaria”, afirmando que “estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre”. La norma eleva los umbrales para investigar evasión simple a cien millones de pesos y crea un régimen simplificado de declaración de Ganancias. Sin embargo, voces críticas la acusaron de beneficiar a grandes evasores y de facilitar el lavado de dinero. El senador Martín Soria, del bloque Justicialista, argumentó que la iniciativa “busca salvar a los grandes evasores” y, lejos de ayudar al pequeño contribuyente, “lo hunde en el barro”. Una visión aún más dura, circulante en algunos análisis, llegó a señalar que la ley “permite ingresar fondos al sistema sin exigir documentación sobre su origen”, convirtiendo al país en un “paraíso narco”.

Con estas leyes sancionadas, el gobierno de Javier Milei cumple un objetivo político central y define el rumbo económico para el año próximo. Mientras el oficialismo festeja un “hecho histórico” y el inicio de la “reconstrucción de la Nación”, la oposición y diversos sectores sociales se preparan para enfrentar los efectos de un ajuste que, aseguran, profundizará las desigualdades y desmantelará políticas públicas esenciales.