El bloque de diputados del PRO, liderado por Cristian Ritondo, presentó una acción de amparo ante la Justicia buscando anular la designación de tres auditores en la Auditoría General de la Nación, un órgano constitucional clave para el control de los recursos públicos. La medida judicial, formalizada ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, impugna la resolución 7018-D-2025, a través de la cual la Cámara baja aprobó en la madrugada del 18 de diciembre los nombramientos de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti. Según la Agencia Noticias Argentinas, el recurso incluye una solicitud de medida cautelar urgente para que el organismo se abstenga de aceptar esas designaciones hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
La presentación sostiene que el procedimiento fue “abiertamente inconstitucional”, al haberse realizado durante sesiones extraordinarias sin que el tema estuviera incluido en el temario fijado por el Poder Ejecutivo, lo que violaría el artículo 63 de la Constitución Nacional. Ritondo detalló en el escrito que la moción fue introducida a las 02:55 am por el diputado oficialista Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza, de manera sorpresiva, “sin especificar qué moción iba a realizar, sin pedir apartamiento de reglamento”. El legislador calificó el acto como una decisión adoptada “entre gallos y medianoche” y a espaldas del debate público, ejecutada sin dictamen previo de comisión y sin el cumplimiento de los pasos reglamentarios esenciales.
El trasfondo de la maniobra sería un acuerdo parlamentario entre Máximo Kirchner, Martín Menem y gobernadores del norte, que habría desplazado al espacio macrista y a su intento de colocar en el colegio de la AGN al ex ministro Jorge Triaca. Esta versión sobre un entendimiento político fue también señalada por la diputada del PRO Laura Alonso, quien afirmó que “se traicionó un acuerdo político que se construyó durante el tiempo”. Ante la sorpresiva votación, el interbloque Fuerza del Cambio y otras bancadas opositoras optaron por retirarse del recinto para no convalidar lo que consideraron un acto manifiestamente irregular.
El amparo fundamenta su reclamo no solo en la presunta violación del procedimiento para sesiones extraordinarias, atribución que según el PRO es exclusiva del Ejecutivo, sino también en la naturaleza de la AGN como un órgano extrapoder. “La AGN no es un órgano administrativo interno: es un órgano constitucional clave para controlar cómo se utilizan los recursos públicos”, enfatizó el bloque en un comunicado. Ritondo añadió en su presentación que “avanzar en la designación de autoridades de la AGN fuera de ese marco no fortalece el sistema de control, sino que lo debilita, al violentar las reglas constitucionales que lo sustentan”.
La demanda judicial solicita que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución, que se dicte una medida cautelar para impedir que los auditores designados asuman sus funciones y que se restituya el estado institucional previo. Asimismo, el escrito plantea la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 26.854 de medidas cautelares e invoca precedentes de 2015 donde la justicia frenó nombramientos en la AGN por fallas reglamentarias. Desde el PRO insistieron en que el planteo trasciende una puja política coyuntural, afirmando en su comunicado que “no se trata de una discusión política ni de nombres propios. Se trata de defender la Constitución, la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones”.
