Argumenta que la unidad “cumplió con las tareas asignadas”. Los documentos detallan que toda la información recabada por la UTI, liderada por María Florencia Zicavo —jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia—, “ya fue remitida al Ministerio Público Fiscal”.
La UTI había sido creada en febrero de 2025 bajo el Decreto 114/2025, con el objetivo de investigar posibles irregularidades en torno a la criptomoneda promocionada por Milei en sus redes sociales. Su función incluía requerir datos a organismos públicos y privados, gestionar solicitudes judiciales e informar al Ministerio de Justicia sobre denuncias relacionadas con el caso. Según la norma original, la unidad también podía solicitar información a entidades extranjeras y provinciales.
La disolución de la UTI se produce en medio de tensiones institucionales. Cúneo Libarona evitó por segunda vez una citación de la Cámara de Diputados para explicar el criptoescándalo, al igual que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Pese al cierre de la unidad, fuentes judiciales confirmaron que la investigación penal continúa en el Ministerio Público Fiscal, donde se analizan delitos económicos y vínculos de funcionarios con los desarrolladores de $LIBRA, cuyas identidades siguen sin revelarse.
La causa judicial, a cargo de la jueza federal María Servini, investiga la promoción de $LIBRA hecha por Milei el 14 de febrero de 2025, previo al desplome de su valor. El expediente incluye eventos desde 2024, como reuniones en la Casa Rosada con empresarios cripto. Servini solicitó recientemente información financiera sobre los hermanos Milei y tres empresarios cercanos al presidente: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, señalados como nexos con los creadores de la criptomoneda.
Paralelamente, Milei y su hermana Karina no asistieron a una mediación previa a una demanda civil por daños estimados en 4,5 millones de dólares. La audiencia, convocada por el abogado Nicolás Oszust en representación de 25 afectados, se realizó vía Zoom, pero los acusados no enviaron representantes legales, según publicó C5N. La demanda busca responsabilizar a los imputados por pérdidas vinculadas a lo que se investiga como una presunta estafa mediante *rug pull*.
Hasta ahora, no se han difundido informes oficiales sobre las conclusiones de la UTI ni se esclareció si existieron conflictos de interés dentro del Gobierno. El caso mantiene en vilo a los inversores afectados y expone tensiones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Javier Milei y Mariano Cuneo Libarona disolvieron por decreto la "Unidad de Tareas de Investigación" del caso $LIBRA, que se había creado en el ministerio de Justicia. pic.twitter.com/FxusyTtJun
— gabyvulcano (@gabyvulcano1) May 20, 2025
