El patrimonio de Sturzenegger creció casi 1000 millones de pesos y mantiene millones de dólares en el exterior

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente al año 2024 ante la Oficina Anticorrupción, un documento que dejó al descubierto un incremento nominal de sus bienes cercano a los 970 millones de pesos y confirmó, una vez más, su preferencia por mantener el núcleo de sus ahorros fuera del país. Según consta en la presentación realizada el 31 de julio de 2025, el funcionario del gabinete de Javier Milei informó activos por 1.402.292.739,22 pesos al inicio del período y 2.371.733.030,08 al cierre, lo que arroja una diferencia de 969.440.290,86 pesos en apenas doce meses. La propia documentación detalla que gran parte de ese salto, unos 816 millones de pesos, responde a diferencias de valuación de bienes ya existentes, mientras que otros 143,9 millones provinieron de ingresos por trabajo, alquileres y rentas, a lo que se sumaron 55,7 millones de ingresos no alcanzados por Ganancias y gastos personales por 115,7 millones. El punto que concitó mayor atención pública, sin embargo, fue la composición de sus activos financieros: dos partidas bajo el rubro “Depósitos de dinero en el exterior – OTRAS” totalizan 1.447.937.212,47 pesos, una cifra que al tipo de cambio de referencia del Banco Central del 30 de diciembre de 2024, de 1.032,50 pesos por dólar, equivale aproximadamente a 1,4 millones de dólares. El formulario público no ofrece mayores precisiones sobre el banco, el país o el instrumento específico en el que se encuentran radicados esos fondos, una opacidad que contrasta con el detalle con el que el ministro informó otros bienes, como un departamento en la ciudad de Buenos Aires del que posee el 50 por ciento, incorporado en diciembre por 116,4 millones, o una Toyota Corolla Cross híbrida adquirida en julio por 32,4 millones. La declaración también incluye una serie de propiedades en Martínez, Villa La Angostura, La Plata y la Capital Federal, además de una Chevrolet Trailblazer modelo 2020 valuada en 26,3 millones. El perfil financiero de Sturzenegger se completa con una cartera de títulos públicos que incluye GD35 por 351,2 millones, GD29 por 27 millones, GD38 por 22,2 millones y Discount en pesos por 30,8 millones, más participaciones en fondos comunes de inversión, créditos impositivos y 22,1 millones de pesos en efectivo en dólares dentro del país.

La presentación patrimonial adquiere una dimensión política adicional al ser examinada a la luz del discurso que el propio gobierno de La Libertad Avanza sostiene sobre los dólares de los argentinos radicados en el exterior. Apenas dos meses antes de que Sturzenegger sellara su declaración, el presidente Javier Milei había planteado durante el Latam Economic Forum su intención de que esos ahorros ingresaran “adentro del sistema”, y llegó a calificar a quienes guardan dólares “en el colchón” como los “héroes” que podrían impulsar la recuperación económica. Poco después, al anunciar el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, el Gobierno sostuvo que los ciudadanos podrían disponer libremente de sus divisas sin necesidad de justificar su origen de manera permanente, aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, se encargó de aclarar que mantener dólares en el exterior es una opción perfectamente legal y que quien desee conservarlos afuera puede hacerlo sin inconvenientes. Esa aclaración, lejos de desactivar la polémica, puso de relieve la distancia entre la prédica oficial que alienta la repatriación de capitales y la fotografía patrimonial de uno de los ministros más influyentes del Gabinete, que mantiene una porción sustancial de su liquidez en cuentas fuera del país.

La estructura de los bienes de Sturzenegger, con una marcada predominancia de activos financieros dolarizados y radicados en el extranjero, no constituye una novedad en su trayectoria. Declaraciones juradas de años anteriores ya mostraban un patrón similar: en presentaciones previas, casi el 99 por ciento de sus depósitos se encontraban fuera de la Argentina, en cuentas y plazos fijos en moneda extranjera que llegaron a representar más de 1.400 millones de pesos sobre un patrimonio total de 1.770 millones. Esa recurrencia en la estrategia de asignación de sus ahorros, sin embargo, cobra un relieve particular en el contexto actual, cuando el funcionario tiene a su cargo la implementación de las reformas de desregulación estatal, la simplificación de trámites administrativos y el avance del plan de ajuste conocido como “motosierra”, iniciativas que impactan directamente sobre el gasto público y las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

La difusión de los datos patrimoniales coincidió, además, con una controversia que involucra a su esposa, María Josefina Rouillet, y que añadió un componente de tensión política al debate. En las últimas semanas se conoció que la Cancillería adjudicó de forma directa un contrato por más de 114 millones de pesos a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), una institución presidida por Rouillet, para la capacitación en idioma inglés de personal diplomático y administrativo durante 2026. El acuerdo, justificado por el Gobierno bajo el argumento de la “especialidad” de la entidad, tuvo a la AACI como única oferente en el proceso, lo que despertó críticas inmediatas de la oposición y derivó en denuncias penales por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. El canciller Pablo Quirno salió al cruce de las acusaciones para defender la legalidad del contrato, al señalar que la institución presta servicios al Ministerio desde 2018 y que se activaron todos los mecanismos de transparencia previstos, incluyendo la intervención de la Oficina Anticorrupción y la firma de un “Pacto de Integridad”. Pese a esos argumentos, el malestar en la oposición y en sectores de la opinión pública se potenció por el contraste entre el discurso de austeridad que promueve el propio Sturzenegger y el alto costo por hora de las clases presenciales, sumado a reportes que indicaban una bajísima inscripción inicial de alumnos, lo que alimentó las sospechas de un tratamiento privilegiado en un contexto de fuerte ajuste fiscal.

En el detalle de la declaración jurada también aparece un elemento que había permanecido en un segundo plano en anteriores presentaciones: la sociedad Un Ombu S.A.S., constituida en octubre de 2018 por Federico Sturzenegger y María Josefina Rouillet, con sede en Libertad 1041, piso 4° A, de la ciudad de Buenos Aires, y un plazo de duración de 99 años. La firma, que figura valuada en apenas 10.700 pesos tanto al inicio como al cierre del período, posee un objeto social extraordinariamente amplio que la habilita para operar en actividades agropecuarias, comunicaciones, espectáculos, editoriales, industrias manufactureras, cultura y educación, desarrollo tecnológico, software, gastronomía, hotelería, turismo, negocios inmobiliarios y construcción, inversiones, finanzas y fideicomisos, además de petróleo, gas, minería, energía, salud y transporte. El texto constitutivo también le otorga capacidad para realizar aportes de capital, celebrar contratos de colaboración, comprar y vender títulos y valores, y tomar u otorgar créditos, con la única excepción de las actividades reguladas por la ley de entidades financieras. En la declaración jurada de 2024 figura, además, un crédito denominado “CP Un Ombu SAS” por 4.394.479,62 pesos al inicio del período, un dato que sumado a la valuación mínima de la sociedad y a la amplitud de su objeto convierte a esa estructura en uno de los puntos menos transparentes del patrimonio del ministro.

La declaración jurada de Sturzenegger no permite inferir por sí misma la existencia de irregularidades, ya que todos los bienes fueron informados conforme a los procedimientos establecidos y los incrementos patrimoniales encuentran explicación parcial en las diferencias de valuación y en los ingresos declarados. Sin embargo, la fotografía completa que emerge de los documentos abre un foco de interés público ineludible: un ministro clave del Gabinete, responsable de liderar el proceso de desregulación y ajuste del Estado, aumentó su patrimonio en casi 1.000 millones de pesos en un año, mantiene la mayor parte de sus ahorros en dólares depositados fuera del país, y su esposa preside una institución que obtuvo un contrato millonario por adjudicación directa del mismo Gobierno del que él forma parte. La distancia entre el mensaje político que alienta a los argentinos a repatriar sus divisas y la realidad patrimonial de quien diseña las reformas, sumada a la controversia por el contrato a la entidad que dirige Rouillet, instalan en la agenda pública preguntas sobre los límites entre lo permitido y lo esperable en la gestión de los intereses privados y familiares de los funcionarios, especialmente cuando esos intereses se cruzan con decisiones del Estado en momentos de ajuste y sacrificio fiscal. La doble postal que deja la declaración de Sturzenegger es, en definitiva, la de un alto funcionario que predica la austeridad y la liquidación del Estado mientras su patrimonio personal crece y sus ahorros eligen resguardarse lejos de la Argentina.