El oficialismo logró sancionar la flexibilización de la Ley de Glaciares

Con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados sancionó en la madrugada de este jueves la reforma del régimen de protección de glaciares y áreas periglaciales que regía desde 2010. La sesión, que se extendió por más de once horas y contó con la presencia de Karina Milei en uno de los balcones, consagró una mayoría transversal encabezada por La Libertad Avanza junto al PRO, la UCR y una serie de bloques provinciales vinculados a distritos con fuerte actividad extractiva.

El corazón de la modificación aprobada reside en el desplazamiento del eje de tutela ambiental. Mientras la norma original establecía un resguardo amplio y de carácter general sobre la totalidad de los cuerpos de hielo y su entorno periglacial, el nuevo texto supedita esa protección a la demostración de una función hídrica considerada efectiva. En los hechos, la carga de la prueba se invierte: ya no será la actividad minera la que deba demostrar que no contamina, sino que serán las propias formaciones heladas las que deberán acreditar su relevancia para merecer ser incluidas en el Inventario Nacional. Ese análisis quedará en manos de las autoridades provinciales.

El camino hacia la sanción no estuvo exento de señales que la oposición interpretó como un premio al respaldo legislativo. Según consignó La Política Online, la multinacional Glencore organizó un viaje a Estados Unidos para un grupo de senadores y diputados que integran la Red de Acción Política. Entre los pasajeros figuraban legisladores que habían votado a favor de los cambios en la Cámara Alta, como Victoria Huala y Mariana Juri, además de una comitiva de diputados provincialistas. Aunque la excursión fue presentada como un intercambio institucional, la maniobra despertó suspicacias en los bloques opositores, donde no se descarta que pueda ser interpretada como una dádiva en un eventual proceso judicial.

El interés empresarial y territorial fue expuesto de manera explícita durante el plenario de comisiones. Cinco provincias —San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza— y un grupo de seis gigantes mineros globales —entre ellos Glencore, BHP, Barrick y Lundin Mining— confluyeron en la defensa del proyecto. En el recinto, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro fue tajante al afirmar que “las mineras redactaron esta ley” e “hicieron la conducción del proceso deliberativo”. Las críticas también alcanzaron al secretario de Minería, Luis Lucero, denunciado penalmente por presunto conflicto de intereses debido a su pasado como abogado corporativo del sector. Durante el debate, la diputada Sabrina Selva lo acusó de hacer lobby activo por la reforma.

La discusión técnica también generó fuertes cruces. Provista de maquetas y gráficos, la legisladora y científica Adriana Serquis advirtió sobre el riesgo hídrico para siete millones de habitantes y cuestionó que el oficialismo se base en “datos que no son científicos” para modificar una ley de presupuestos mínimos. En la vereda de enfrente, el oficialismo y sus aliados defendieron la iniciativa como un acto de federalismo, argumentando que devuelve a las provincias la potestad sobre sus recursos naturales.

La votación final se produjo en medio de protestas en las inmediaciones del Congreso, donde organizaciones ambientalistas desplegaron banderas y fueron rápidamente dispersadas. Con la nueva norma lista para su promulgación, la oposición ya anticipa que recurrirá a la vía judicial, alegando que la reforma vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional y representa un retroceso inconstitucional en materia de defensa de las reservas estratégicas de agua dulce del país.