El Museo Sitio de Memoria ESMA cumple 10 años en medio de ataques libertarios

En un acto cargado de simbolismo y denuncia, referentes de derechos humanos conmemoraron este jueves el décimo aniversario del Museo Sitio de Memoria ESMA, en medio de un contexto político marcado por el vaciamiento de las políticas de memoria impulsado por el gobierno de Javier Milei. La jornada, que reunió a sobrevivientes, familiares, jueces y activistas, coincidió con la publicación del Decreto 344/2025, que degradó la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría y subordinó al museo y al Archivo Nacional de la Memoria (ANM) bajo el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), actualmente acéfalo y que quedaría en manos de una activista antiderechos.

El acto central, realizado en el ex Casino de Oficiales donde decenas de mujeres dieron a luz en cautiverio, contó con la presencia de figuras como Guillermo Pérez Roisinblit —nacido en la ESMA y recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo—, quien sentenció: “Detrás de cada intento de achicamiento del Estado en materia de derechos humanos, se esconde la estrategia de ocultar lo ocurrido para garantizar impunidad”. A su lado, Ana Soffiantini, sobreviviente del centro clandestino, recordó que el museo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2023 y denunció: “El mundo entero lo reconoció, y acá están los que quieren el olvido”.

La crítica al Poder Judicial durante la dictadura resonó en las palabras de la jueza María Roqueta: “Les dio vuelta la cara a los sobrevivientes. No miró. No escuchó”. Su intervención contrastó con la ausencia de funcionarios oficiales como el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona —quien despidió a 405 trabajadores de la ex Secretaría—, y del degradado subsecretario Alberto Baños. En su lugar, asistieron magistrados como Adrián Grünberg y Sebastián Casanello, además de fiscales y legisladores como Victoria Montenegro, nieta restituida y presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña.

Ana Testa, otra sobreviviente, expresó su “angustia frente a este gobierno fascista que solo quiere pasarle una topadora al movimiento de derechos humanos”, mientras la diputada Victoria Donda —hija de desaparecidos nacida en la ESMA— transformó el espacio en una escena del crimen: “Mi apropiador caminaba aquí, y dos pisos arriba mi mamá estaba secuestrada mientras me tenía. Los que hoy gobiernan son delincuentes que quieren borrar las pruebas”. Su discurso, según el medio, vinculó el terrorismo de Estado con las actuales políticas negacionistas.

Mayki Gorosito, hasta ahora Directora Ejecutiva del museo, reveló el impacto concreto del ajuste: “Éramos 42 trabajadores. Ahora somos 28”. A pesar de esto, reafirmó que el museo “testimonia lo que no debe repetirse” y subrayó que su memoria se construye “sobre justicia, no venganza”. Su mensaje se reforzó con una intervención audiovisual proyectada en las paredes del edificio: imágenes de juicios por crímenes de lesa humanidad y fichas de represores condenados, una respuesta artística a los intentos de silenciar el pasado.

El abogado querellante Pablo Llonto, en diálogo con Tiempo Argentino, advirtió: “No van a romper las tres columnas: memoria, verdad y justicia”. Por su parte, Lorena Battistiol, directora de Sitios de Memoria bonaerenses, recordó la inauguración del museo en 2015 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y destacó: “Fue una política pública que hoy necesitamos defender frente a los atropellos”.

La conmemoración cerró con un llamado colectivo: “Nadie se salva solo. Nos salvamos todos juntos”, frase de Ana Testa que sintetizó el espíritu de resistencia. Mientras las persianas del museo se cerraban simbólicamente, las proyecciones siguieron repitiendo los nombres de los genocidas, recordando que, pese a los decretos, la memoria —como dijo Donda— “no se clausura”.