El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, formalizó la contratación de cuatro pisos y 24 cocheras en un edificio ubicado sobre la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788, en el corazón del microcentro porteño, por un monto total de 720 millones de pesos para un período de doce meses. La operación, que implica un canon mensual de 60 millones de pesos —unos 40 mil dólares al cambio de referencia utilizado en el expediente—, fue tramitada bajo la modalidad de contratación directa por adjudicación simple y contó con una única oferta, presentada por la firma OTOBA S.A., que resultó seleccionada por ser considerada “admisible y económicamente conveniente”. La orden de compra lleva la firma del propio ministro y lleva fecha del 30 de noviembre de 2025. Según surge de la documentación, el Tribunal de Tasación de la Nación determinó el valor locativo mensual en 15 millones de pesos por cada uno de los pisos comprendidos —del tercero al sexto—, con una superficie estimada de mil metros cuadrados por planta y seis cocheras asignadas a cada nivel.
El contrato, sin embargo, establece que el precio acordado no incluye el pago de expensas ordinarias, electricidad, gas ni otros consumos, que correrán por cuenta del Estado nacional. Las expensas extraordinarias, en tanto, quedarán a cargo de la empresa locadora. En términos concretos, esto implica que el desembolso mensual final podría superar ampliamente los 60 millones de pesos publicados, ya que los costos operativos y de mantenimiento del edificio se sumarán al canon básico. La decisión de alquilar estas oficinas, que funcionarán como sede operativa del ministerio, se produce en un contexto en el que el propio Poder Ejecutivo promueve el programa “Alquiler Cero”, una iniciativa impulsada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que busca reducir al mínimo los gastos en locaciones y priorizar la reubicación de dependencias oficiales en inmuebles de propiedad estatal.
De hecho, el expediente de la contratación menciona expresamente una nota de la AABE que recuerda la necesidad de cumplir con esa directriz. Sin embargo, el organismo que durante la gestión de Nicolás Pakgojz —hoy reemplazado por Tania Alejandra Yedro al frente de la agencia— avanzó en la subasta de terrenos y edificios públicos, avaló la operación argumentando la “no disponibilidad de inmuebles del Estado Nacional que encuadren en las características requeridas”. En su dictamen, la AABE sostuvo que, de acuerdo con las especificaciones técnicas del pliego, resultaba “excluyente la elección del mismo, no habiendo sustitutos convenientes para la necesidad de esta Jurisdicción”. Mientras tanto, otras áreas del gobierno exhiben con orgullo los resultados del “Alquiler Cero”: la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, difundió oficialmente la eliminación de contratos de alquiler y cocheras en distintas sedes como parte de la política de reducción del gasto público.
El contraste entre el discurso de austeridad y la erogación millonaria del Ministerio de Desregulación no es el único frente de controversia que enfrenta Sturzenegger en los últimos días. El ministro se encuentra en el centro de la escena por una serie de episodios que acumulan tensión en la interna oficialista. Días atrás, la Agencia Noticias Argentinas reveló que la Cancillería adjudicó, también mediante contratación directa, un contrato por 114 millones de pesos a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad presidida por María Josefina Rouillet, esposa del funcionario. El argumento esgrimido por el gobierno para evitar una licitación pública fue que el instituto conducido por Rouillet era “el único capaz de brindar cursos de inglés”, una justificación que despertó cuestionamientos incluso dentro de la propia coalición gobernante. Desde la AACI, en una comunicación interna a la que tuvo acceso la prensa, sumaron un razonamiento adicional: señalaron que habían sido seleccionados sin competencia porque sus oficinas, ubicadas en la calle Suipacha, quedan “cerca de la Cancillería”.
Rouillet no es una figura nueva en la polémica vinculada al uso de fondos públicos. Durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se desempeñó como gerenta general del Fondo Nacional de las Artes, fue denunciada —junto a la entonces primera dama Juliana Awada y el ministro de Cultura Pablo Avelluto— en el marco de una investigación por posibles irregularidades en la contratación de servicios y el desembolso de dinero para la participación argentina en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO) en España. En aquella ocasión, Rouillet estuvo a cargo del proceso de selección de los artistas que recibirían becas de residencia en Madrid, aunque el presupuesto utilizado no fue publicado en el Boletín Oficial. La causa, que recayó en el Juzgado Federal de Sebastián Casanello, terminó archivada. En ese entonces, el macrismo profundizaba los recortes en áreas como PAMI, ciencia y educación, mientras multiplicaba por cinco el presupuesto del Fondo Nacional de las Artes.
Hoy, el gobierno de La Libertad Avanza ajusta sobre jubilados, docentes y trabajadores, pero encuentra recursos para desembolsar 720 millones de pesos en alquileres para un ministerio que pregona la necesidad de achicar el Estado hasta reducirlo a su mínima expresión. A esa cifra se suma el contrato millonario con la entidad que dirige la esposa del ministro, destinado a capacitar en inglés a empleados de Cancillería que, según diversas fuentes, ya poseen un dominio avanzado del idioma. El propio Sturzenegger, que suele ser un usuario activo de redes sociales, mantiene silencio desde que estalló la polémica. No se pronunció sobre la contratación de las oficinas en Diagonal Norte ni replicó el descargo que el canciller Pablo Quirno intentó hacer sobre el caso de la AACI. Su única interacción en X fue un retuiteo de un mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre una inversión minera anunciada en el marco del RIGI.
La interna del oficialismo, mientras tanto, registra movimientos sísmicos. Las declaraciones del ministro en defensa del artículo 44 de la reforma laboral —que propone descontar la mitad del salario a los trabajadores en caso de licencia por enfermedad— encendieron alarmas en el círculo más cercano al presidente Javier Milei. Según reconstrucciones periodísticas, en el entorno del mandatario molestó que Sturzenegger volviera a ubicar un tema conflictivo en el centro de la agenda justo cuando se negaban los apoyos parlamentarios para la reforma. “Siempre tira una de más”, se quejaron en la Casa Rosada. El malestar creció cuando, a las declaraciones del ministro, se sumaron las revelaciones sobre los contratos que lo involucran directa o indirectamente.
En el edificio de Diagonal Norte, los pisos recientemente alquilados por el Ministerio de Desregulación se suman a otros que ya estaban ocupados por dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también bajo contrato con la misma empresa propietaria. La firma OTOBA S.A., que resultó adjudicataria de la operación millonaria sin que se presentaran otros oferentes, consolida así un negocio inmobiliario con el sector público en pleno corazón de la city porteña. Mientras tanto, la Agencia de Administración de Bienes del Estado continúa con su plan de desprenderse de propiedades estatales mediante subastas a precios que diversos sectores consideran irrisorios, habilitando nuevos negocios privados sobre activos que alguna vez pertenecieron al patrimonio nacional.
El contraste entre el relato de la motosierra y la realidad de los contratos firmados por el ministerio que conduce Sturzenegger abre un interrogante sobre los criterios que rigen la administración del gasto público. Mientras desde la Secretaría de Trabajo se jactan de haber eliminado alquileres y cocheras para cumplir con la meta de “Alquiler Cero”, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado —cuyo nombre invoca precisamente la reducción de estructuras— incorpora una nueva erogación fija por 60 millones de pesos mensuales, más expensas y servicios, en un inmueble de categoría ubicado a pocas cuadras de la Casa Rosada.
