En medio de la controversia generada por su fallo que prohibió la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, el juez federal Alejandro Patricio Maraniello enfrenta un complejo panorama disciplinario en el Consejo de la Magistratura, donde pesan múltiples denuncias en su contra, cinco de ellas por presunto acoso sexual hacia empleadas de su juzgado. Según la información recabada, el magistrado fue notificado formalmente de los cargos la semana pasada y dispone de un plazo de veinte días para presentar su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina, presidida por el consejero César Grau.
La gravedad de las acusaciones motivó que, desde septiembre de 2024, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación solicitara y obtuviera una consigna policial permanente dentro del juzgado para preservar la integridad del personal. Los expedientes no solo abarcan acoso, sino también abuso de poder, maltrato laboral, uso indebido de recursos públicos y violaciones al reglamento judicial. Los detalles de los casos se encuentran en anexos reservados, sin acceso público.
Uno de los testimonios más impactantes, según la documentación a la que se accedió, relata cómo una empleada fue abordada por Maraniello a menos de una semana de iniciar sus funciones. La mujer declaró haber aceptado un encuentro extra laboral por miedo a ser despedida, donde sufrió tocamientos y besos no consentidos, y afirmó que luego “se vio obligada a mantener relaciones sexuales solo para terminar con la situación”. Otra denunciante describió haber recibido mensajes por redes sociales, comentarios persistentes sobre su vestimenta y acercamientos físicos inapropiados, lo que derivó en un cuadro de depresión que requirió medicación y la llevó a tener pensamientos suicidas.
La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, a cargo de Mariana Labozzetta, intervino en la investigación. Aunque una de las víctimas aclaró que no buscaba acción penal, la fiscal consideró que, por la condición de funcionario público de Maraniello, los hechos podrían configurar delitos de acción pública, por lo que el expediente fue derivado a la jueza María Servini y al fiscal Carlos Stornelli. El sindicato judicial destacó que, a medida que avanzan las entrevistas con actuales y antiguos empleados, se van conociendo “más y más casos”, muchos de los cuales reflejan situaciones de extrema vulnerabilidad económica y laboral de las víctimas.
Paralelamente, la intervención de Maraniello en el caso de los audios de Karina Milei —donde falló a favor del Gobierno prohibiendo su difusión— colocó al magistrado en el centro de la escena política. La denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich calificó la filtración como una “operación de inteligencia no institucional” destinada a desestabilizar al Ejecutivo en un momento estratégico de la campaña electoral. Fuentes oficiales reconocieron internamente su preocupación por el impacto de la crisis en la militancia y admitieron el riesgo de que se profundice si el oficialismo no obtiene un resultado favorable en los próximos comicios.
Mientras el juez se defiende de las acusaciones en el ámbito disciplinario, donde podría enfrentar sanciones administrativas o incluso un eventual pase a la Comisión de Acusación para su remoción, su fallo en el caso de los audios permitió al Gobierno solicitar allanamientos y apuntar contra medios y figuras opositoras. Desde su entorno, Maraniello niega todas las acusaciones y las atribuye a una campaña en su contra.
