El Gobierno se queda sin excusas para no pagar: La Corte Suprema le dijo no a Milei y lo obliga a cumplir con la ley universitaria

La Corte Suprema le asestó este jueves al Gobierno una derrota judicial de las que dejan moretón. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario que había presentado el Poder Ejecutivo y dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Traducido: el Gobierno deberá actualizar los salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 y recomponer las becas estudiantiles, algo que venía esquivando desde que el Congreso sancionó la norma por segunda vez tras el veto presidencial.

El argumento de la Corte para desestimar la apelación fue técnico: el recurso del Ministerio de Capital Humano no se dirigía contra una sentencia definitiva sino contra una cautelar, y eso alcanzó para cerrarle la puerta. Pero el impacto político del fallo es cualquier cosa menos técnico. Según reveló La Política Online, Martín Menem y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques le habían garantizado a Javier Milei que el tema quedaría cajoneado en el tribunal hasta que se discutiera el Presupuesto, un cálculo que se derrumbó estrepitosamente. La misma nota señaló que Mahiques impulsó el pliego de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte, como juez federal —fue el primero de los nuevos magistrados en jurar— y que en la Casa Rosada creyeron que ese gesto les aseguraba cierta muñeca en el cuarto piso de Tribunales. El fallo del jueves demostró lo contrario.

A la secuencia le sobran condimentos. Semanas atrás, Ricardo Lorenzetti había declarado en TN que la Corte no abordaría el tema porque el Gobierno y los gremios habían firmado un acuerdo. Sus pares Rosatti y Rosenkrantz, expuestos por esa afirmación pública, podrían haber apurado la convocatoria justamente para dejar en claro que Lorenzetti no les marca los tiempos ni los votos. Como sea, la decisión final llevó la firma de los tres.

El fallo no resuelve la cuestión de fondo —la constitucionalidad del decreto 759/25 con el que Milei suspendió la ley— sino que mantiene vigente la cautelar dictada en primera instancia y confirmada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. En lo inmediato, implica que el Gobierno debe cumplir con la actualización salarial y la recomposición de las becas Progresar, algo que el acuerdo firmado el 10 de junio con los rectores y los gremios solo cubrió de manera parcial. Ese acta estableció un aumento del 24,33 por ciento en dos tramos —21,33 por ciento en junio y 3 por ciento en octubre—, un 20 por ciento adicional para gastos de funcionamiento y un refuerzo para las Becas Manuel Belgrano, que siguen congeladas en 81.685 pesos desde 2024. Pero no incluyó las Becas Progresar, que perdieron un 57 por ciento de su valor desde la llegada de Milei, ni la recomposición completa del poder adquisitivo que exige la ley.

“Si uno calcula lo que se otorgó y lo que dejó la Corte en pie, todavía falta alrededor de un 30 por ciento de aumento”, explicó a El Destape Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA. Según publicó La Nación, los gremios universitarios reclamarán una suba del 32,5 por ciento a partir de esta decisión judicial. La diferencia entre lo acordado y lo que ordena la ley no es menor: el texto sancionado por el Congreso obliga a actualizar los haberes desde el 1° de diciembre de 2023, mientras que el acta de junio solo reconoció un 7 por ciento a cuenta de la pérdida de 2024 y la inflación acumulada hasta mayo de este año.

El costo fiscal de la ley completa es de 0,2 por ciento del PBI para 2026, unos 1.400 millones de dólares. De acuerdo con Página 12, cada mes de demora en la aplicación le significó al Gobierno un ahorro de más de 100 millones de dólares, un colchón nada despreciable para un superávit que, según la última revisión del FMI, ya mostró un déficit de 0,8 por ciento en 2025 por la caída de la recaudación y el peso de los intereses de la deuda.

La decisión de la Corte fue celebrada de inmediato por el arco universitario. “Luchar por lo correcto siempre vale la pena”, escribió el vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y titular del Consejo Interuniversitario Nacional, dijo a Página 12 que el fallo “es un gran paso y una respuesta que la comunidad universitaria del país estaba esperando”, aunque aclaró que ahora esperan que el Poder Judicial intime al Ejecutivo a cumplir sin más dilaciones. También la UCR, cuyos diputados fueron decisivos esta semana para blindar a Manuel Adorni en el Congreso, emitió un comunicado en el que celebró el fallo y sentenció: “Se terminaron las excusas, el gobierno debe acatar la Ley ya”.

El trasfondo de la causa es conocido. El Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario el 22 de agosto de 2025, Milei la vetó y, tras masivas marchas en todo el país, ambas cámaras insistieron con la norma. El Presidente la promulgó pero acto seguido emitió el decreto 759/25, que subordinaba su aplicación a la determinación de fuentes de financiamiento específicas. Las universidades fueron a la Justicia, consiguieron una cautelar de primera instancia, la Cámara la confirmó y ahora la Corte le puso el moño. El expediente de fondo sigue su curso en el juzgado de Martín Cormick, que está próximo a resolver. Lo que queda claro es que la vía judicial que el oficialismo creía controlada le acaba de devolver un cachetazo en pleno esfuerzo por mantener el equilibrio de las cuentas públicas.