El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.798, que establece el Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2026, consolidando el primer marco fiscal propio de la gestión del presidente Javier Milei tras gobernar con prórrogas. Sancionada por el Congreso el 26 de diciembre y publicada este viernes en el Boletín Oficial, la norma tiene como eje central la búsqueda de un equilibrio fiscal estricto, proyectando un superávit financiero de 2,73 billones de pesos para el Sector Público Nacional. Para alcanzar este resultado, que implica un superávit primario del 1,2% del PBI, se estima una recaudación de 148,29 billones contra gastos autorizados por 148,06 billones, bajo supuestos macroeconómicos que incluyen una inflación del 10,1% y un crecimiento del 5%. Uno de los mecanismos clave para garantizar el ajuste es una cláusula que vincula automáticamente el nivel de gasto con la recaudación: si esta última es inferior a lo previsto, se activan recortes automáticos en diversas partidas.
La distribución del gasto refleja las prioridades de la administración. La mayor partida, de 106,5 billones de pesos, se destina a Servicios Sociales, seguida por 14,1 billones para Deuda Pública y 7,11 billones para Defensa y Seguridad, rubro que incluye fondos significativos para la SIDE. En contraste, áreas consideradas sensibles sufren recortes profundos. Según cálculos del Instituto Argentina Grande (IAG) –que agrupa a equipos técnicos liderados por el ministro bonaerense Gabriel Katopodis–, “el Gobierno decide recaudar menos y achica el gasto en sectores clave para el largo plazo”. La inversión nacional en educación, que ya había caído un 47% en términos reales desde 2023, tocará su nivel mínimo en dos décadas, representando apenas el 0,8% del PBI en 2026, en un contexto donde se deroga el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional que establecía un piso del 6% del PBI para el sector. Tal como publicó el medio, las universidades nacionales recibirán una asignación que, de no mediar el cumplimiento de una sentencia judicial, sería la más baja desde 2005, equivalente al 0,47% del PBI.
La ciencia y la técnica enfrentan un camino similar, con una reducción real del 48,8% respecto a 2023, mientras que la obra pública, bajo la partida de agua y alcantarillado, se desploma un 92% en el mismo período. Este escenario, según el análisis, configura “una renuncia violenta a cualquier tipo de perspectiva de desarrollo”. Por su parte, la ONG Argentinos por la Educación advierte que, aunque el proyecto prevé un aumento real de entre 4,4% y 8% para la función “Educación y Cultura”, esto ocurre tras una pérdida acumulada de casi el 50%, por lo que el presupuesto seguirá por debajo del 1% del PBI. “La evolución del gasto educativo nacional muestra una etapa de estabilidad entre 2013 y 2017, seguida de una caída sostenida desde 2018”, señala la organización, observando con cautela una tibia recomposición que dependerá críticamente de la inflación final.
El ajuste se extiende a la protección social con matices. Mientras la Asignación Universal por Hijo tendría un aumento real del 6,4%, la tarjeta Alimentar sufriría una caída del 15,2% y los fondos para comedores comunitarios un recorte del 28,9%. Según el análisis de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), el programa Volver al Trabajo, sucesor del Potenciar Trabajo, enfrenta una reducción presupuestaria real del 70,6%, lo que implicaría una merma cercana al 66% en el ingreso real de sus beneficiarios, cuyo monto se mantiene congelado en $78.000 desde diciembre de 2023. En paralelo, aunque el programa Acompañamiento Social vería un incremento del 49,7% en sus partidas, el beneficio individual también permanece estancado. En el área previsional, se prevé un aumento real del 6% para jubilaciones, pero el bono extraordinario para quienes perciben la mínima caería un 13,8%, manteniéndose en $70.000. Además, los fondos para pensiones por discapacidad se reducirían un 10,6%, asociado a un recorte estimado de 155 mil beneficios.
La norma también introduce cambios estructurales en la administración del Estado. Se endurecen las reglas para el empleo público, estableciendo topes estrictos de cargos y horas cátedra y prohibiendo cubrir vacantes sin autorización expresa del Jefe de Gabinete. Asimismo, se otorgan amplias facultades al Ministerio de Economía para operaciones de crédito y administración de deuda, autorizando la emisión de deuda bajo jurisdicción extranjera hasta un 18% del total y aprobando aportes a organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial. El presupuesto también incluye exenciones impositivas para importaciones estratégicas de sectores tecnológicos y cupos fiscales para la economía del conocimiento. En síntesis, la Ley 27.798 consolida un modelo fiscal de austeridad extrema, donde la meta de superávit se sostiene mediante una contracción histórica en la inversión social, educativa, científica y en infraestructura, redefiniendo el rol del Estado y sus prioridades de gasto a partir del próximo ejercicio.
