El Gobierno de Milei deja de ser querellante en la causa que investigaba la deuda de Caputo con el FMI

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei ordenó a la Procuración del Tesoro de la Nación cesar su intervención como querellante en la causa que investigaba presuntas irregularidades en la toma del histórico préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Mauricio Macri. La medida, firmada junto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se adoptó días después de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti dispusiera el archivo de la investigación. El expediente involucraba al expresidente Macri, al actual ministro de Economía Luis Caputo, al titular de Desregulación Federico Sturzenegger, y a otros exfuncionarios como Nicolás Dujovne y Guido Sandleris, por los delitos de administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.

El gobierno justificó la decisión argumentando que la participación de la Procuración en causas penales es excepcional y no forma parte de su especialidad técnica, subrayando que el Ministerio Público Fiscal es el órgano idóneo para impulsar la acción penal con independencia funcional. El decreto 87/2026, que deroga uno del año 2021, establece que el cese de la querella no significa una renuncia del Estado a reclamar eventuales daños y perjuicios por la vía civil. Sin embargo, esta maniobra coincide con el archivo judicial de la causa, el cual fue apelado de manera contundente por el fiscal a cargo, Franco Picardi, quien considera prematura e incorrecta la decisión de la magistrada.

El fiscal Picardi sostuvo en su recurso que el archivo fue “arbitrario, con valoración parcial de pruebas y sin un análisis integral de los hechos y evidencias reunidas”. Su posición se basa en un informe de la Auditoría General de la Nación que habría detectado que una parte significativa de los fondos desembolsados por el FMI entre junio y agosto de 2018 fue utilizada por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central para la venta de divisas al mercado, “en violación a los compromisos asumidos ante el organismo internacional en cuanto al destino de esos recursos”. Picardi afirmó que las pruebas revelan “un posible entramado delictivo muy tangible”, donde los recursos no se habrían destinado al crecimiento y la estabilidad macroeconómica declarados, sino a la formación de activos externos que beneficiaron a un reducido grupo privado.

La causa, que investigaba el acuerdo Stand-By por unos 50.000 millones de dólares, el más grande en la historia del FMI hasta ese momento, había sido impulsada como querella criminal por el gobierno de Alberto Fernández en 2021. La jueza Capuchetti, no obstante, determinó que los hechos denunciados no constituían delitos sino “discrepancias con decisiones de política económica”, las cuales forman parte del ejercicio de facultades discrecionales del Poder Ejecutivo y no son objeto de reproche penal. Esta resisión judicial, combinada con la retirada del Estado como parte querellante, representa un alivio procesal significativo para los actuales funcionarios del gobierno de Milei involucrados en el caso, particularmente Caputo y Sturzenegger.

El destino final de la investigación ahora dependerá de la Cámara Federal de Apelaciones, que deberá pronunciarse sobre la apelación presentada por el fiscal Picardi. Este episodio judicial reactiva el debate sobre los alcances de la responsabilidad penal en la gestión de la deuda pública y la rendición de cuentas de los funcionarios, en un contexto donde el gobierno actual mantiene una relación estrecha con las figuras investigadas y avanza en un nuevo programa con el propio FMI.