El gobierno consiguió el apoyo del peronismo disidente para reformar la ley que protege los glaciares

En una sesión marcada por cuestionamientos al procedimiento legislativo y fuertes cruces entre los bloques, el Senado aprobó este jueves y giró a Diputados el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa obtuvo 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, con un apoyo clave que terminó de fracturar al peronismo: los gobernadores de provincias cordilleranas y sus legisladores leales aportaron los votos necesarios para que el oficialismo libertario se alzara con una victoria que venía negociando desde diciembre. La norma sancionada en 2010, que establecía presupuestos mínimos de protección para glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua, sufrió modificaciones sustanciales que trasladan a los distritos provinciales la última palabra sobre qué territorios preservar y cuáles habilitar para la explotación minera.

El proyecto, que ahora deberá ser debatido en la Cámara de Diputados, reduce el área de resguardo ambiental al limitar la protección automática de las zonas periglaciares. Según el nuevo texto, ya no todo el territorio adyacente a los glaciares quedará bajo el paraguas de la ley, sino únicamente aquellas formaciones que las provincias determinen que cumplen una función hídrica específica como reserva estratégica. Esta delegación de facultades implica que los gobiernos provinciales podrán realizar sus propios estudios de impacto ambiental para medir la relevancia hídrica de los suelos congelados, vegas y regiones de alta montaña, una competencia que hasta ahora estaba reservada al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), dependiente del Conicet. La iniciativa desató el rechazo de organizaciones ambientalistas y de parte de la comunidad científica, que advierten sobre el riesgo de desproteger ecosistemas frágiles que funcionan como reguladores naturales del agua en un contexto de retroceso de los cuerpos de hielo por la crisis climática.

El desenlace de la votación fue seguido de cerca por la cúpula del Poder Ejecutivo. Desde uno de los palcos del recinto, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, presenciaron el festejo oficialista una vez confirmado el resultado. La Casa Rosada había puesto especial atención en la negociación, consciente de que el apoyo de los gobernadores peronistas de zonas cordilleranas era condición indispensable para destrabar una reforma que el propio Javier Milei había comprometido con esos mandatarios en busca de una legislación más dinámica para atraer inversiones mineras. El bloque de Carolina Moisés, que integran Guillermo Andrada, hombre del gobernador catamarqueño Raúl Jalil, y la tucumana Sandra Mendoza, acompañó la iniciativa, al igual que los sanjuaninos Sergio Uñac y Lucía Corpacci. En la vereda opuesta, el interbloque de José Mayans lideró el rechazo, secundado por los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, la chubutense Edith Terenzi, la cordobesa Alejandra Vigo y las senadoras del PRO Andrea Cristina y María Victoria Huala.

El debate estuvo atravesado por la tensión en torno a la forma en que se construyó el dictamen. El senador oficialista Agustín Coto, miembro informante, provocó a la oposición al recuperar fragmentos de la sesión de 2010 en la que se sancionó la ley original, cuando el entonces diputado César Gioja cuestionaba que se hubiera omitido en el dictamen la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales, establecida en el artículo 124 de la Constitución. En un tono desafiante, Coto calificó la normativa vigente como una ley de presupuestos máximos redactada, según sus palabras, dentro de un frasco de una empanada en un bar de Palermo, hecha por dos chetos, en una velada alusión al fallecido Fernando Pino Solanas, impulsor de la iniciativa original. El pampeano Daniel Bensusán lo cruzó con dureza al denunciar que los senadores recibieron un papel impreso con las modificaciones apenas cinco minutos antes de la votación, una situación que ya había ocurrido, según remarcó, con el artículo 44 de la reforma laboral. No sabemos cuáles son las modificaciones, se quejó Bensusán mientras agitaba el manuscrito, al tiempo que cuestionó que el acuerdo se hubiera cerrado en una oficina y no en las comisiones del Congreso.

La discusión de fondo, sin embargo, excedió los cuestionamientos formales y expuso el dilema estructural que enfrenta la Argentina para equilibrar la explotación de recursos estratégicos con la preservación ambiental. La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, llamó a terminar con la dicotomía agua o trabajo y desafió a la oposición a cambiar su matriz de gobiernos que solo pueden ofrecer empleo público por empleo privado. En su defensa del proyecto, la misionera Sonia Rojas Decut, proveniente de una provincia distinguida por sus recursos hídricos, argumentó que la reforma no baja los estándares sino que clarifica las competencias y fortalece los procesos de evaluación científica. El desarrollo económico y la protección ambiental no son fuerzas opuestas, sostuvo. Desde la vereda contraria, la mendocina Anabel Fernández Sagasti advirtió que la aprobación de esta ley es irreversible, porque si hoy habilitamos a que se pueda explotar un glaciar, este desaparece, son formaciones que tardan millones de años en formarse y ni por todo el oro del mundo lo vamos a volver a tener. Su compañera de bloque Ana Marks insistió en que la ley vigente es absolutamente clara al prohibir la minería en ambiente glaciar y periglaciar, y denunció que la reforma introduce la fragmentación absoluta de la normativa al dejar en manos de cada provincia la definición de los criterios de protección.

El santacruceño José María Carambia, que votó en contra junto a su par Natalia Gadano, alertó que el artículo sexto de la reforma genera libre interpretación y constituye una autorización tácita encubierta para que puedan hacer lo que quieran donde sea. Además, coincidió con Alicia Kirchner al cuestionar la promesa de empleo que suele esgrimir el sector minero: a veces pensamos que la minería va y te salva pero hace 28 años que tenemos minería y todavía tenemos parte de la población sin servicios básicos, señaló. El cordobés Luis Juez, que terminó votando a favor tras gestiones de la Casa Rosada para evitar que se ablandara ante las críticas, recordó que había charlado el tema con Pino Solanas hacía 16 años y reconoció sentir como propio el discurso de defensa del agua, aunque justificó su cambio de postura apelando a su cuero duro como una tortuga.

El núcleo de la reforma apunta a redefinir el alcance de las áreas protegidas para permitir el avance de proyectos mineros de gran envergadura, muchos de ellos ubicados en la alta cordillera, donde las restricciones sobre el ambiente periglaciar generaban trabas regulatorias. El distrito Vicuña, en San Juan, que reúne los proyectos Josemaría y Filo del Sol, ambos de cobre, oro y plata con inversiones multimillonarias, es uno de los más mencionados. También Los Azules y El Pachón, también en San Juan, y Agua Rica en Catamarca, además de Taca Taca en Salta y diversos proyectos de litio en el noroeste, figuran entre los emprendimientos que podrían quedar en mejor posición para avanzar si la reforma se convierte en ley. El sector estima que los principales proyectos de cobre podrían atraer cerca de 20.000 millones de dólares en inversiones y colocar a Argentina entre los grandes productores globales del mineral, un argumento que esgrimió el senador libertario Bruno Olivera al preguntar por qué negarle a las provincias la oportunidad de explotar la cordillera para proveer al mundo los minerales que demanda la transición energética.

La comunidad científica y las organizaciones ambientalistas, sin embargo, insisten en que los glaciares y el ambiente periglacial no son solo una barrera burocrática sino reservas estratégicas de agua dulce. Según datos de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, 36 de las 96 cuencas hídricas argentinas dependen en buena medida de esas geoformas, en las que se asientan unas 1800 localidades con más de siete millones de habitantes. El glaciólogo Lucas Ruiz, exintegrante del Ianigla, explicó que en períodos de sequía el aporte de los glaciares a los caudales de los ríos puede alcanzar el 60%, mientras que el propio instituto reportó un retroceso del 17% del hielo descubierto y del 23% de los manchones de nieve en los Andes desérticos. Un grupo de 85 constitucionalistas envió una carta a la presidencia del Senado para alertar que la reforma vulnera el sistema de presupuestos mínimos establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional y el principio de no regresión ambiental, respaldado por acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú y el de París. Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, calificó la iniciativa como una derogación tácita de la ley vigente, al tiempo que Greenpeace, cuyos activistas fueron detenidos este jueves en las puertas del Congreso mientras protestaban contra la reforma, insistió en que no se puede entregar el agua de la Argentina. El proyecto ahora deberá sortear su tratamiento en Diputados, donde se definirá si el país avanza hacia un nuevo esquema de desarrollo minero o mantiene el modelo de protección vigente desde hace más de una década.