El gobierno del presidente Javier Milei enfrenta una semana decisiva en el Congreso para intentar convertir en ley su primer Presupuesto nacional, tras una serie de reveses parlamentarios que expusieron las fisuras en su coalición y obligaron a un replanteo táctico de su agenda de ajuste. La derrota parcial en la Cámara de Diputados, donde cayó un capítulo clave que derogaba leyes sociales, y la postergación forzada de la reforma laboral en el Senado, marcan un cierre de año legislativo que dista del triunfo contundente que el oficialismo preveía. En respuesta, la Casa Rosada ha optado por una estrategia de pragmatismo, asegurando que no vetará el texto presupuestario tal como salió de Diputados y buscando aprobarlo en el Senado este viernes 26 de diciembre, al tiempo que pospuso las batallas más complejas para el año próximo.
El principal traspié ocurrió durante la madrugada del 18 de diciembre en la Cámara Baja. Aunque el oficialismo logró la media sanción en general del Presupuesto 2026, sufrió una derrota significativa al caer por completo el Capítulo XI. Este apartado contenía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, dos pilares del ajuste fiscal que el gobierno consideraba esenciales para su dogma del “déficit cero”. La caída del capítulo se produjo por la deserción de aliados circunstanciales, diputados que responden a gobernadores de provincias como Catamarca, Tucumán, Salta y Corrientes, quienes a pesar de haber recibido sustanciales Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en los días previos, optaron por retirar su apoyo en un voto políticamente sensible. La derrota fue tal que, según relatos de la sesión, el presidente de la Cámara, Martín Menem, “entró en shock” y el oficialismo evaluó brevemente levantar la sesión.
Este revés en Diputados tuvo un inmediato efecto dominó en la Cámara Alta. Allí, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, se encontró con que la resistencia a tratar de manera exprés la reforma laboral era insuperable. A pesar de haber obtenido un dictamen de mayoría en las comisiones de Trabajo y Presupuesto, la presión de aliados y la palpable tensión social forzaron al gobierno a anunciar que el debate se postergará hasta el 10 de febrero. “Se notó la experiencia de Patricia. Estaba todo muy mal hace cuatro o cinco horas. Te diría, al borde del quiebre”, confió un legislador al tanto de las negociaciones, según publicó Infobae. En paralelo, también quedó en el congelador la modificación de la Ley de Glaciares, otro proyecto clave para el oficialismo y los gobiernos provinciales mineros.
Frente a este escenario, el presidente Milei salió a despejar dudas sobre el futuro del Presupuesto. En declaraciones a distintos medios, el mandatario descartó de plano un veto presidencial. “No voy a vetar el Presupuesto. Si hay partidas que no cierran, se acomodarán”, afirmó. Su estrategia, explicó, será ejecutar la “ley de leyes” tal cual la sancione el Congreso, pero realizando correcciones internas. “Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas, lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas”, detalló, asegurando que de este modo se mantendrá el objetivo del déficit cero “sin aumentar impuestos”. Esta postura busca dar certidumbre y evitar una crisis institucional mayor, a la vez que intenta salvar el principio rector de su política económica.
Los tropiezos legislativos no son meramente numéricos, sino que reflejan un desgaste en las alianzas y un cálculo político erróneo. La relación con el PRO, socio fundamental para conseguir quórum y aprobaciones, quedó seriamente dañada tras el “acuerdo de madrugada” que repartió las bancas de la Auditoría General de la Nación (AGN) entre el oficialismo, el kirchnerismo y gobernadores del norte, excluyendo por completo al macrismo. Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, llegó a tratar de “traidor” a Martín Menem, y la bancada amarilla anunció una denuncia judicial. Aunque ambos líderes compartieron un desayuno de “pacificación”, la amenaza de que el PRO deje de dar quórum ronda el ambiente legislativo. Asimismo, la confianza con varios gobernadores se resquebrajó. El propio mandatario salteño Gustavo Sáenz criticó abiertamente la obsesión fiscal, afirmando que “con el déficit cero no se come”, y cuestionó la fragmentación política.
Detrás del rechazo al capítulo más duro del Presupuesto, además de los cálculos de los legisladores, operó una movilización social espontánea y efectiva. Una red de familias de personas con discapacidad, apoyada por figuras públicas, emprendió una campaña de presión vía WhatsApp y llamados telefónicos directos a gobernadores y diputados. Este “trabajo de hormiga”, como lo definió un análisis, logró compromisos concretos de votos en contra y demostró la capacidad de incidencia de una sociedad civil movilizada ante la amenaza del desfinanciamiento total. Esta presión desde las bases se sumó a la movilización de la CGT contra la reforma laboral, que aunque criticada por algunos sectores por su falta de continuidad, funcionó como un recordatorio de la resistencia existente en la calle.
Con la reforma laboral y la ley de glaciares postergadas para febrero, la prioridad absoluta del oficialismo es ahora sellar el Presupuesto 2026 en el Senado este viernes. El gobierno confía en tener los votos necesarios, pero deberá aceptar el texto sin el Capítulo XI eliminado, tal como lo votó Diputados. El proyecto se tratará junto a la llamada Ley de Inocencia Fiscal, que modifica el régimen penal tributario. El escenario para el año próximo se presenta aún más complejo. La administración Milei deberá recomponer puentes con el PRO y con gobernadores descontentos, mientras enfrenta el debate de una reforma laboral que promete una pulseada feroz con los sindicatos y una oposición que, alentada por los reveses oficiales, podría intentar desguazar el proyecto. El cierre del año legislativo deja en claro que, a pesar de su retórica confrontativa, el gobierno necesita negociar y que su aplanadora encuentra límites tanto en el Congreso como en la sociedad.
