El Senado de la Nación asestó un nuevo y contundente golpe al Poder Ejecutivo al anular por una mayoría abrumadora los vetos presidenciales a la ley de financiamiento universitario y a la de emergencia pediátrica, que garantiza el funcionamiento del Hospital Garrahan. La oposición logró reunir los dos tercios de los votos necesarios, consolidando una victoria que ya se descontaba en la previa, y obligando al Gobierno a buscar la forma de financiar e implementar ambas normativas para evitar un nuevo frente de conflicto judicial. Con este episodio, el gobierno libertario acumula ya tres normas insistidas por el Congreso, incluyendo la de emergencia en discapacidad, una situación que no se registraba desde el gobierno provisional de Eduardo Duhalde.
La jornada legislativa se desarrolló este jueves sin la tensión habitual debido a que el resultado de la votación era previsible, confirmando el aislamiento del oficialismo en la Cámara alta. En un debate conjunto para acotar la extensión de la sesión, que insumió cerca de seis horas, 59 legisladores aprobaron la insistencia para la ley de emergencia pediátrica, mientras que 58 respaldaron el incremento de recursos para la educación superior. En ambos casos, el Ejecutivo solo pudo contar con el respaldo de siete senadores: los seis de La Libertad Avanza (LLA) y la senadora bullrichista Carmen Álvarez Rivero. La escasa presencia de voces del oficialismo fue notoria, reflejando una postura de resignación ante la derrota inminente.
La contundencia de la votación superó con creces los 48 votos requeridos para la mayoría especial. Por la ley del Garrahan se registraron 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones (provenientes de los senadores macristas Alfredo De Angeli, María Victoria Huala y Enrique Goerling Lara), mientras que en la de universidades se sumó la abstención de la radical Carolina Losada, dejando el resultado en 58 votos afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones. La jujeña libertaria Vilma Bedia volvió a ausentarse de las votaciones. La oposición se unió sin fisuras, abarcando a Unión por la Patria (UP), la UCR y los partidos provinciales, incluyendo a legisladores radicales que en sus provincias mantienen alianzas con el oficialismo nacional. Este revés obliga al Congreso a sumar partidas al Presupuesto 2026, actualmente en debate en Diputados.
El debate no estuvo exento de duras críticas a la gestión presidencial. La senadora santacruceña Natalia Gadano, al poner de manifiesto el hartazgo por la repetición del escenario, señaló que “es la cuarta vez que este congreso trata los mismos temas, es la cuarta vez que nuestros médicos, nuestros niños con las patologías más complejas, que nuestros docentes y nuestros estudiantes universitarios están ahí afuera”. El fueguino Pablo Blanco redobló la apuesta al responder al calificativo de “degenerados fiscales” impuesto por el Presidente contra los legisladores: “Le quiero decir al degenerado social que hay necesidades, debe entender que hay que tener empatía con la gente más allá del Excel”, sostuvo. En un tono similar, Guadalupe Tagliaferri lamentó que la repetición de un escenario al que se arribó por el dogmatismo del gobierno con “el superávit fiscal”, y postuló que con “el mismo nivel de obsesión y creatividad para buscar consensos, acuerdos y sobre todo soluciones, no estaríamos nuevamente frente a esta situación”.
🗣️ Rechazamos el veto al Garrahan y a las universidades: el degenerado social debería tener empatía con la gente más allá del Excel. pic.twitter.com/EILzEmXtpM
— Pablo Daniel Blanco (@blancopabloda) October 2, 2025
Desde la bancada de UP, Juliana di Tullio comparó el actual gobierno con el del peruano Alberto Fujimori, señalando que “antes de dar el autogolpe y cerrar el Congreso, se convirtió de autócrata en dictadorzuelo, lleno de corrupción por todos lados”. La legisladora confió en que “el pueblo argentino sabe pelear y resistir” y deslizó una referencia a las denuncias de corrupción al pedir “que Espert no tape a Karina coimera”, en alusión al presunto vínculo entre el empresario narco Fred Machado y José Luis Espert, y otras revelaciones. Por su parte, la catamarqueña Lucía Corpacci, de UP, centró su crítica en el ministro de Salud, Mario Lugones, al sostener que “No lo pisó nunca” el Hospital Garrahan. Desde Provincias Unidas, Carlos Espínola marcó su disidencia con el Ejecutivo: “Por supuesto que nosotros creemos en el equilibrio fiscal, pero tenemos una diferencia con el Gobierno: creemos también en el equilibrio social, y eso se logra con consensos y con gestión”.
Martín Lousteau, presidente de la UCR, también arremetió contra el oficialismo al hacer un punzante ejercicio comparativo sobre las cifras. El economista ironizó sobre la coyuntura al señalar la vinculación de Espert con el narcotráfico: “Yo voy a decir: un médico residente, no un becario como dice el jefe de Gabinete gana alrededor de 800 dólares. Un Fred Machado paga 20 años de residente. Las coimas que salieron en los audios de la ANDIS, 800 mil dólares por mes, pagan mil residentes por mes”, sostuvo. Lousteau amplió su crítica al contrastar el gasto: “Los 1.700 millones de dólares que se gastó en tres días el gobierno para tratar de conseguir dólares de las cerealeras, pagan 12 años del presupuesto del Garrahan. En tres días se gastaron 12 años del presupuesto del Garrahan. Pero no hay plata”, comparó, apuntando a la prioridad económica por sobre las necesidades sociales. En contrapartida, el jefe de LLA, Ezequiel Atauche, defendió la gestión al denunciar que “el kirchnerismo le otorgó al Garrahan $50 mil millones de pesos y el gobierno de Milei le asignó $228 mil millones” y recordó que la paritaria universitaria cerró con “0%” en diciembre de 2023, sin reclamos a Alberto Fernández.
La obligación de financiar universidades y hospitales se suma al compromiso que el Gobierno mantiene con la emergencia en Discapacidad, una ley que, si bien fue promulgada por el Ejecutivo, ha visto su aplicación postergada hasta que se defina su financiamiento. De hecho, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, había anunciado en Diputados que el Presidente no ejecutaría leyes que dispusieran nuevos gastos. Las leyes ratificadas este jueves exigen ser financiadas mediante la reasignación de partidas, una posibilidad que el Ejecutivo no descarta evadir, tal como sucede con la emergencia en Discapacidad, donde la suspensión de la ley motivó decenas de planteos judiciales.
Las leyes anuladas buscan garantizar el sistema de salud y educación pública, que el Gobierno había desfinanciado. En cuanto a la emergencia pediátrica, impulsada por el diputado Pablo Yedlin, se declara la emergencia por un año en guardias y residencias médicas, previendo una recomposición salarial inmediata del personal asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, así como a los residentes nacionales de salud, con una actualización salarial “en términos reales” a noviembre de 2023. Además, el personal queda eximido de pagar Ganancias por guardias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, estos incrementos implicarán un gasto adicional para la Nación de $65.573 millones entre julio y diciembre, y de $133.433 millones anualizados, una suma “exigua”, según el análisis. La norma también deroga la resolución 2109/2025, que modifica el sistema de residencias al permitir su conversión en becas y no en empleo en relación de dependencia.
La ley de presupuesto universitario establece una recomposición presupuestaria de gastos de funcionamiento al 1 de enero de 2025, actualizada por el INDEC según la inflación del semestre anterior, con una suba bimestral posterior también por Índice de Precios al Consumidor (IPC). En materia salarial, la ley establece un aumento retroactivo a diciembre de 2023 no menor a la variación de precios en ese período. Además, el secretario de políticas universitarias deberá convocar a paritarias cada tres meses con aumentos que no podrán ser inferiores a la inflación. El refuerzo contempla también la recomposición y actualización automática de becas estudiantiles, a la investigación científica y exige auditorías de gastos a través de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Mientras transcurría el debate en el Congreso, trabajadores del Hospital Garrahan, organizados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), y representantes de la comunidad universitaria se movilizaron desde el nosocomio hasta el Palacio Legislativo bajo la consigna “Abrazo al Garrahan y a la Universidad”. La medida de fuerza, que incluyó un paro, fue convocada en rechazo a los vetos. La secretaria general del gremio y nutricionista infantil, Norma Lezana, afirmó que el Garrahan y la universidad pública “no son variables de ajuste, como tampoco la discapacidad, los jubilados o los derechos sociales más elementales, que nunca fueron un regalo de ningún Gobierno, sino conquistas en la calle”, según declaraciones a Noticias Argentinas. Lezana advirtió sobre el “vaciamiento premeditado” del hospital por parte de “funcionarios puestos por el Gobierno”, y adelantó que, si el Ejecutivo impulsa maniobras para impedir la implementación de las leyes, podrían convocar a un paro nacional, enviando un mensaje a la CGT: “Si hay maniobras para frenar la aplicación de las leyes, tenemos que convocar a una Gran Jornada Nacional con paro, para vetar como pueblo a este Gobierno autoritario y enemigo de los derechos”. Este es el cuarto rechazo a vetos presidenciales que logra el Congreso, luego de la insistencia con la Emergencia en Discapacidad y el rechazo al veto al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
