El circo judicial de los “cuadernos truchos”

El inicio del juicio oral y público por la denominada Causa Cuadernos ante el Tribunal Oral Federal 7, que comenzó este jueves con transmisión en vivo por YouTube y sesiones por Zoom, reactivó el debate sobre un proceso judicial que, desde su génesis en 2018, ha estado rodeado de serias irregularidades y cuestionamientos sobre la validez de su prueba central. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a otros ochenta y seis acusados entre exfuncionarios y empresarios, enfrentará las imputaciones de haber integrado una asociación ilícita que habría operado desde el Poder Ejecutivo entre 2003 y 2015 para recaudar sobornos a cambio de la adjudicación de contratos estatales, en lo que la fiscal general Fabiana León calificó como “el paradigma de la gran corrupción” y “la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”.

Sin embargo, para la exmandataria, que ya enfrentó una condena en la causa Vialidad, este proceso constituye un “show judicial” y una “operación cuadernos truchos” que, según ella, fue “mantenida en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta” y que resurge ahora “justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones”, en lo que constituye “una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste”. En un mensaje escrito en su cuenta de X, Cristina Kirchner denunció que la maniobra busca “distraer la atención” y “seguir presionando” al peronismo, remarcando la intencionalidad política del proceso al aseverar que “este circo, como los anteriores, no tiene calendario judicial: tiene calendario político”. Esta perspectiva es compartida por el abogado José Ubeira, quien sostiene que la ‘Causa Cuadernos’ es la secuela de la ‘Causa Odebrecht’ en Brasil, “hecha con el fin de acabar con cualquier tipo de posibilidad de gobiernos nacionales y populares”.

Las dudas sobre la rigurosidad de la investigación se centran en las anotaciones del chofer Oscar Centeno, “autor de los cuadernos” y devenido en “imputado colaborador” o “arrepentido”. Tal como describió la periodista Sofía Caram, la causa se originó cuando el periodista Diego Cabot recibió los supuestos cuadernos, a pesar de que Centeno había asegurado haberlos quemado. Inicialmente, el proceso avanzó sobre fotocopias de esos escritos, y cuando los cuadernos originales finalmente aparecieron, los peritajes detectaron miles de irregularidades. Caram también reveló un testimonio que denuncia extorsión por parte de los jueces Bonadío y Stornelli para inculpar a Cristina y Néstor Kirchner. En sintonía con estas críticas, el periodista Hugo Alconada Mon, en diálogo con María O’Donnell, señaló que la Causa de los Cuadernos “presenta graves irregularidades en la principal prueba que motoriza el proceso judicial”, refiriéndose a las manipulaciones en la escritura reveladas por el informe de los peritos de la Policía Federal Argentina (PFA).

Un peritaje privado realizado sobre copias digitales de los escritos del exchofer, a cargo del estudio especializado Latour, reveló la existencia de más de 1.600 alteraciones que incluyen sobreescritos, correcciones con líquido corrector y enmiendas. Este informe detalló que, al menos otras dos personas además de Centeno intervinieron en los originales y que, en particular, estas correcciones habrían servido para agregar los nombres de los empresarios Armando Loson y Gerardo Ferreyra a los escritos. Loson denunció, por su parte, que estas “gravísimas adulteraciones de nombres, lugares y fechas sólo tuvieron el propósito de involucrarme”, en un intento de “quedarse con esta empresa centenaria”. El empresario sostuvo, además, que su firma nunca fue constructora ni participó de la obra pública y que el domicilio de su empresa en “Alem 855” fue escrito sobre tachaduras de cuatro formas diferentes. A pesar de estos hallazgos, que demuestran la existencia de múltiples “puños escritores”, distinta velocidad de escritura en los últimos cuadernos que indicaría que fueron dictados, y la imposibilidad de datar los textos por el tipo de tinta utilizada, el peritaje oficial sobre los originales continúa pendiente. Este cúmulo de irregularidades lleva a la conclusión de que la causa fue uno de los montajes más espectaculares de los que se tenga memoria, dejado al desnudo cinco años después.

La expresidenta hizo hincapié en la presión ejercida sobre los empresarios para que se acogieran a la figura del imputado colaborador, a los que llamó “extorsionados”. Para reforzar su denuncia, Cristina Kirchner citó textualmente al actual ministro de Justicia, el doctor Mariano Cúneo Libarona, quien en 2018, siendo abogado defensor de uno de los empresarios, afirmó que su defendido “si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno”, sosteniendo además: “Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso”. Esta mecánica de extorsión, según el relato de los críticos de la causa, se habría articulado violando la Ley del Arrepentido, al no existir un registro audiovisual de las confesiones que, presuntamente, fueron guionadas y negociadas en privado.

A pesar de que algunos empresarios admitieron haber realizado pagos, otros han denunciado haber sido “presionados y amenazados” para que sus declaraciones apunten a los expresidentes. Cabe destacar que, según la descripción de Sofía Caram, los nombres de Cristina y Néstor Kirchner “no aparecen mencionados ni una sola vez en ninguno de los cuadernos en cuestión”. Esta ausencia es subrayada por Alejandro Rúa, abogado de Baratta, quien afirma sobre el nuevo show judicial: “¿En algún momento se menciona a Cristina? No, en ningún momento. Pero estos son juicios que se hacen para ella y para condenarla a ella, pero no hay ningún registro de ella en la causa”. No obstante la ausencia de pruebas directas y las evidentes irregularidades, la Justicia se apresta a juzgar a la expresidenta en calidad de jefa de la potencial asociación ilícita, un delito cuya inconstitucionalidad ha sido declarada en múltiples fallos judiciales. Este escenario lleva a la convicción de que un eventual fallo condenatorio solo serviría para “confirmar que se trata de una persecución política” y la continuidad del “lawfare” en el país.

Este caso se inscribe en un patrón histórico de utilización de causas armadas contra políticos y empresarios, espionaje ilegal, escuchas telefónicas que alimentaban tapas de diarios y expedientes judiciales, y una sospechosa presencia de los servicios de inteligencia. La impunidad en la causa AMIA, la manipulación de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, y el armado de causas con espionaje incluso dentro de las cárceles, son ejemplos de un sistema de inteligencia que ha perdido legitimidad social. Este contexto plantea preguntas inevitables: ¿Para qué queremos un sistema de inteligencia en un país sin conflictos bélicos o enemigos externos definidos?

Un hecho reciente, sin embargo, demostró la necesidad crítica de contar con una agencia eficaz y transparente: el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner dejó en evidencia la ineptitud de la Inteligencia nacional. ¿Cómo fue posible que no se pudiera, o no se quisiera, prever un ataque contra la figura más central de las últimas dos décadas de la política argentina?

Un estudio de la organización Fundar se sumergió en las causas de la falta de legitimidad de los servicios de inteligencia y planteó posibles soluciones. La caja de herramientas incluye -entre otras cosas- nuevos mecanismos de control, especialización de las y los agentes y desalentar la rotación del personal en forma arbitraria. El trabajo estuvo a cargo de Iván Poczynok, investigador asociado de Fundar, quien en diálogo con Ámbito, analizó la evolución del sistema: “El sistema de inteligencia argentino ya no es lo que era hace 20 años. En los últimos diez años, post intervención, el sistema se fue debilitando. Hoy en día el mayor problema no es la inteligencia en sí misma, sino la política”. Poczynok también destacó que, a pesar de los problemas, la inteligencia argentina ha tenido momentos de muchísima profesionalidad, como en áreas antiterroristas y en la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur. “Hay que pensar a la inteligencia no solamente en términos de legitimidad y control, sino también de profesionalismo y efectividad”, concluyó, señalando que el atentado contra la Vicepresidenta fue un ‘despertador’ para repensar su función.

El clima de tensión en torno al proceso se evidenció con una amenaza pública y abierta del fiscal Carlos Stornelli hacia el senador Wado de Pedro, dejando en claro el nerviosismo que rodea a los impulsores de esta investigación. Mientras la justicia insiste con este “mamarracho jurídico”, la expresidenta concluyó su carta con una dura reflexión sobre el presente económico, apuntando que de la mano de Caputo y el JP Morgan “avanza el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vió, ni verá; pero que hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones”, todo esto sin que ningún fiscal o juez los investigue por el “latrocinio”.