La sesión en la Cámara de Diputados culminó en un caos calculado, donde avances parciales en temas sensibles convivieron con maniobras políticas estratégicas. Tras aprobarse los emplazamientos para discutir la emergencia del Garrahan (164 votos afirmativos) y el financiamiento universitario (161 apoyos), la sesión colapsó intencionalmente cuando bloques clave retiraron su quórum. Este desenlace respondió a una compleja coreografía: Unión por la Patria (UP) abandonó el recinto tras asegurar sus dos prioridades, evitando así verse forzada a votar sobre la polémica baja de retenciones agropecuarias que Democracia Para Siempre (DPS) había incluido sin consulta previa para atraer al llaryorismo. “UP aportó más de 90 diputados, pero DPS no incluyó ninguno de sus proyectos en el temario”, explicó una fuente legislativa, revelando el trasfondo del enojo peronista con sus pares radicales.
El episodio también benefició a La Libertad Avanza (LLA), que logró eludir nuevamente el tratamiento de la comisión investigadora del escándalo de la criptomoneda $LIBRA -estafa por USD 280 millones- y frenó la reforma a la ley de decretos de necesidad y urgencia (DNU). Esta coincidencia tácita entre extremos fue evidenciada cuando Cecilia Moreau de UP lanzó su diatriba reglamentaria -“Si se metieron la Constitución en el culo, es imposible pedirles que respeten el reglamento”- justo antes de la retirada masiva de sus bancas. El gesto sirvió como cortina de humo para una jugada premeditada: según analistas, ambos bloques “apostaron a pudrir la sesión” una vez cumplidos sus objetivos inmediatos.
Los enfrentamientos físicos entre diputadas -donde libertarias acusaban “defensoras de chorras” a opositoras que increpaban a José Luis Espert- operaron como teatro distractor. Mientras las cámaras enfocaban empujones y amenazas como la de Florencia Carignano (“Sacame la mano porque te reviento”), se ocultaba el verdadero tablero: UP evitaba asociarse al rechazo de retenciones que perjudica a gobernadores como Pullaro, y LLA protegía sus flancos judiciales. La advertencia final a DPS fue clara: sin respetar a UP como socio principal (el 40% de la oposición), futuras sesiones podrían fracasar. Como señaló un asesor, “No quieren ser llevados de las narices”, especialmente cuando el Garrahan -cuyo emplazamiento lograron- enfrenta el desmantelamiento de su sistema de residencias mediante la polémica Resolución 2109/2025.
