Una tensa jornada se vivió en la Cámara de Diputados, donde la oposición, impulsada por una masiva movilización ciudadana, logró imponerse al oficialismo al darle media sanción a un crucial proyecto que busca aliviar la situación de los jubilados y pensionados. La iniciativa, que contempla un incremento del 7,2% en los haberes previsionales y eleva el bono extraordinario a 110.000 pesos con actualización mensual, obtuvo un amplio respaldo con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, y fue girada al Senado para su tratamiento.
El consenso fue el resultado del esfuerzo de bloques como Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. El texto aprobado, basado en un dictamen de mayoría de Unión por la Patria, también incluye la reinstauración de la moratoria previsional por dos años, una medida clave para quienes no lograron cumplir con los 30 años de aportes. Esta prórroga, que puede ser extendida por el Poder Ejecutivo, fue aprobada con 111 votos afirmativos contra 100 negativos y 15 abstenciones. Para financiar estas medidas, el proyecto propone la eliminación de la exención del IVA para directores de empresas y de Ganancias para sociedades de garantía recíproca, además de un redireccionamiento de partidas destinadas a la SIDE y el ahorro generado por la quita de sobrecargos a los intereses del FMI, según una iniciativa de Encuentro Federal.
La diputada Victoria Tolosa Paz, miembro informante de Unión por la Patria, no dudó en señalar que “la calle nos lo exige y no hay patria pegándole a los jubilados, hay patria poniéndole en los bolsillos lo que ustedes le sacaron”. Además, remarcó que el incremento del 7,2% busca reparar el “primer gran ajuste” que se inició con la devaluación del peso argentino y el DNU 274/24 que “decidió dejar enterrados a los haberes de los jubilados y pensionados”. Tolosa Paz desmintió las acusaciones del oficialismo sobre la inviabilidad fiscal, afirmando que el costo del bono de 115.000 pesos es de “0,3% del PBI anual, y de ahora a diciembre es del 0,17 del PIB”.
El Presidente de la Nación vetará todos y cada uno de los proyectos de ley que impliquen quebrantar el equilibrio fiscal.
— Manuel Adorni (@madorni) June 5, 2025
El populismo ya no es parte del camino.
Fin.
Desde el bloque de Encuentro Federal, el diputado Nicolás Massot rechazó cualquier intento de complicar al gobierno o el equilibrio fiscal. Sostuvo que la propuesta es “financiable y justa”, e instó al oficialismo a encontrar una forma fiscalmente sustentable, remarcando que el costo “no es un despropósito”. El PRO, por su parte, a través del rionegrino Sergio Capozzi, culpó al kirchnerismo por el “sistema previsional argentino en terapia intensiva”, criticando las moratorias por “perforar el sistema” y proponiendo una reforma integral con una prestación básica universal y otra proporcional a los años de aportes.
El oficialismo, representado por el diputado Carlos Zapata, arremetió contra la oposición, acusándolos de “desvergonzados” por querer plantear la moratoria nuevamente y de intentar “destruir el equilibrio presupuestario”. Zapata también denunció que “se oponen a todas las medidas que se impulsan desde el Gobierno para generar fuentes de trabajo y atraer inversiones” y advirtió que “si no hay más productividad, no vamos a poder beneficiar a los jubilados ni los actuales y menos a los menores de 40 años”. El diputado libertario Santiago Santurio, por su parte, calificó la sesión como “irresponsabilidad legislativa” y criticó a los gobiernos anteriores por “gastar la plata que generaba el privado” y aumentar el déficit.
La radical Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, defendió la propuesta de su bloque, que busca “reconocer a las personas que han aportado durante toda su vida, pero que a la edad que se jubilan no logran, lamentablemente, cumplir con el requisito de los 30 años de aportes”. Sin embargo, criticó las moratorias sucesivas que “produjeron déficit en el sistema previsional”. El diputado Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, lamentó que los adultos mayores sean “las principales víctimas de la motosierra de Milei” y exigió una recomposición del 100% de los haberes. Apuntó contra la diputada libertaria Juliana Santillán, quien “vive en una nube que dijo que con 360 mil pesos se puede vivir bien. No tiene ni idea lo que cuesta vivir. Es un insulto esto”.
La jornada parlamentaria no solo abordó las jubilaciones. También se dio media sanción a la Emergencia por Discapacidad, que actualiza el nomenclador único por inflación, una deuda pendiente desde la gestión anterior. No obstante, la oposición no logró nombrar autoridades de la comisión investigadora del caso $Libra, un tema que generó una extensa discusión reglamentaria. Según información publicada en algunos medios, el diputado Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal intentó sin éxito destrabar la situación, lo que llevó a un acuerdo para convocar la comisión investigadora en futuras sesiones. Durante el debate, Oscar Agost Carreño justificó su pedido en la situación de bloqueo que se da en la comisión investigadora, que de tal manera no puede cumplir con una orden que votó el recinto, afirmando que “lo tiene que resolver el Cuerpo”. Maximiliano Ferraro, por su parte, aclaró que la Coalición Cívica votaría en contra de la moción de Agost Carreño, ya que si no se resuelve el fondo de la cuestión, que es que el Congreso no renuncie al poder de contralor de la investigación, no acompañarían esa decisión.
La multitudinaria movilización que se concentró en las afueras del Congreso, que incluyó a jubilados, personas con discapacidad, médicos del Hospital Garrahan, y representantes de la educación y la cultura, así como del colectivo Ni Una Menos, fue un claro mensaje de la sociedad civil a los legisladores. A pesar de los reclamos, un intento de impulsar las comisiones para la Emergencia en Pediatría por la situación del Garrahan no logró el quórum necesario, dejando en evidencia la falta de respuestas a las urgencias del sector de la salud, donde el Sindicato ATE también ha convocado a un paro. En medio de este escenario político y social, el presidente Javier Milei, según trascendió, se prepara para un nuevo viaje al exterior, mientras el Gobierno difunde datos de las últimas Pruebas Aprender para alumnos del secundario. En el ámbito judicial, la Corte Suprema tiene ahora el camino libre para pronunciarse sobre la condena a la expresidenta Cristina Kirchner. Mientras tanto, en el plano internacional, Países Bajos ha visto caer su gobierno y se prepara para nuevas elecciones, y la OTAN debate un incremento en su presupuesto de defensa, en un contexto global de reconfiguración política.
La media sanción a la actualización jubilatoria, con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, es un triunfo para la oposición, que logró unir fuerzas frente a la postura inflexible del Gobierno. Sin embargo, la amenaza de veto presidencial, ya anunciada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y ratificada por el presidente Javier Milei en su cuenta de X solo siete minutos después de la votación, plantea un futuro incierto para esta iniciativa. El presidente ha dejado claro que “vetará cualquier cosa que atente contra el déficit”, tal como sucedió el año pasado con la ley de movilidad jubilatoria, una postura que el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, ha respaldado, calculando un costo fiscal de “más de 12.000 millones de dólares (1.8% PBI)”.
El debate en el recinto se extendió por más de cinco horas, un reflejo de la tensión y la polarización que atraviesa el panorama político argentino. El economista Itai Hagman, de Unión por la Patria, respaldó las moratorias, detallando que “en los últimos dos años se jubilaron 800 mil personas y con la situación actual sin moratoria 7 de cada 10 personas no pueden jubilarse”. El diputado también calificó de “falsedad absoluta que digan que las moratorias perjudican a quienes aportaron tantos años y que por eso cobran menos”, y se refirió a la sustentabilidad del costo de la moratoria, estimándola en “0,08% del PBI en un año según la OPC”. Sin embargo, Hagman reconoció que, aunque se apruebe el proyecto, se sigue haciendo “un recorte fenomenal a los jubilados”, ya que el 7,2% es de aquí en adelante y no cubre lo perdido desde febrero del año pasado. Mónica Macha, también de Unión por la Patria, afirmó que “la moratoria previsional tiene un sesgo de género y un sesgo de clase”, destacando que “sin la moratoria 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres se quedarán sin poder jubilarse”, lo que afectaría principalmente a “las mujeres pobres que son las más precarizadas”.
La diputada jujeña Natalia Sarapura, una de las tres radicales que apoyaron el proyecto junto a Fabio Quetglas y Julio Cobos, defendió la iniciativa como “las herramientas mínimas y necesarias de nuestros jubilados”. En contraposición a las acusaciones de “degenerados fiscales” por parte del Poder Ejecutivo, Sarapura enfatizó que “no es necesario un ajuste brutal hacia la gente” y que “es posible tener un equilibrio fiscal con sentido social”. Por otro lado, la legisladora del PRO Daiana Fernández Molero, si bien rechazó el dictamen de mayoría, propuso un sistema de jubilaciones con la PUAM como base para quienes no tienen aportes y la validez de todos los años de aportes como adicional, sugiriendo un debate “a la altura de las necesidades de los 47 millones de argentinos”.
La sesión concluyó con el cierre del libertario mendocino Álvaro Martínez, quien tildó la sesión de “irresponsabilidad legislativa” por “aumentar el gasto sin explicar de dónde sale el dinero para financiarlo”. Martínez arremetió contra la oposición, acusándolos de “demagogia” y de “destruir el equilibrio presupuestario”. El diputado Pablo Juliano, de Democracia para Siempre, confirmó el acompañamiento de su espacio a la prórroga de la moratoria y cargó contra la “vetocracia” que “le niega la dignidad a la Argentina”, pidiéndole al gobierno que “recapacite” sobre el posible veto. El diputado Carlos Heller (UP) en medio del debate opinó: “Estamos haciendo responsables a las víctimas de las supuestas malas políticas que pudiera haber habido a lo largo del tiempo y que, en última instancia, han generado estas situaciones. Escuchamos decir que estamos proponiendo parches y estoy de acuerdo con eso, pero los parches son una solución cuando se pincha una goma. No está tan mal aceptar la idea del parche porque nos permite enfrentar el problema y evitar que se agrave”. A su vez, se refirió a los 200 o 400 mil millones de dólares no declarados en el exterior, calificando a esas “ganancias no declaradas” como un “delito de evasión fiscal”, en un contexto donde el Presidente los considera “héroes”, y planteó que “hay lugares donde ir a buscar recursos y que no deberían ser los de ajustar a los jubilados”.
Otra jornada de calle en Argentina para expresar la bronca con la política de la motosierra que destruye por igual jubilaciones, programas de discapacidad, financiamiento al Garrahan y los hospitales públicos, políticas de géneros, educación pública… ¡en nombre de la libertad! pic.twitter.com/LoL0TEejLc
— Revista Cítrica (@revistacitrica) June 4, 2025
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