Designaciones en la Corte Suprema ¿Cortina de humo para tapar el Criptogate?

La forma que eligió Milei para designar a los jueces de la Corte Suprema, muestra que probablemente esté destinada a fracasar. Y se cree que esto no es simplemente fruto de la improvisación que ya se ha visto en esta gestión, sino en el intento de estrategia para volver a ganar el control de la agenda pública.

¿Por qué está destinado al fracaso? Porque con 25 senadores estas designaciones se caen. Y solamente el bloque Unión por la Patria tiene más de 30. Y ya adelantaron: “Sin acuerdo en el Senado no habrá jueces de la Corte”.

El radicalismo se expresó en la misma sintonía que el peronismo de UxP, pero han sembrado el terreno para que hasta último momento se pueda sospechar de un cambio diamentral de su postura:

La designación de jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación es uno de los procesos más delicados y trascendentales en la vida institucional de Argentina. Sin embargo, el intento del gobierno de Javier Milei de nombrar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla por decreto, eludiendo el acuerdo del Senado, representa un retroceso preocupante en la consolidación de los principios democráticos y el equilibrio de poderes.

La Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 4, establece que el Presidente puede proponer candidatos a la Corte Suprema, pero estos deben ser aprobados por el Senado con una mayoría calificada de dos tercios. Este mecanismo no es un mero formalismo: es una garantía de que los jueces del máximo tribunal cuenten con un amplio consenso político y social, reforzando así la legitimidad y la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, el gobierno ha optado por una vía más rápida y controvertida: la designación por decreto, una práctica que, si bien está contemplada en la Constitución, ha sido históricamente cuestionada por su potencial para socavar la división de poderes.

El antecedente más reciente de este tipo de designaciones fue en 2015, cuando el entonces presidente Mauricio Macri nombró a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por decreto. Sin embargo, a diferencia del caso actual, Macri dio marcha atrás y buscó el acuerdo del Senado, reconociendo la importancia de legitimar a los jueces ante la opinión pública y el Congreso. En cambio, el gobierno de Milei parece dispuesto a avanzar sin consenso, ignorando las advertencias de la oposición y de sectores de la sociedad que ven en esta medida un intento de controlar el Poder Judicial.

El caso de Manuel García-Mansilla es particularmente llamativo. En agosto de 2023, durante su audiencia en la Comisión de Acuerdos del Senado, el académico afirmó que no hubiera aceptado ser designado por decreto, refiriéndose específicamente al impacto negativo que tuvo la medida de Macri en 2015. Sin embargo, ahora parece dispuesto a aceptar una nominación en comisión, lo que genera dudas sobre su independencia y coherencia. Esta contradicción no solo debilita su candidatura, sino que también alimenta la percepción de que los jueces designados por decreto podrían estar más alineados con los intereses del Poder Ejecutivo que con los principios de justicia e imparcialidad.

Ariel Lijo, por su parte, ha recibido un amplio respaldo de diversos sectores, incluyendo asociaciones judiciales y organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, su designación por decreto también es cuestionable. Si bien su pliego obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos, no logró los dos tercios necesarios en el Senado, lo que refleja la falta de consenso político para su nombramiento. Avanzar con su designación por decreto no solo desoye la voluntad del Congreso, sino que también expone a Lijo a un escenario de incertidumbre, ya que su nombramiento en comisión expiraría al final de la próxima Legislatura, dejando su futuro en la Corte en manos de un nuevo gobierno.

El argumento del gobierno de que una Corte Suprema de tres miembros no es viable carece de sustento. Si bien es cierto que un tribunal completo facilita la toma de decisiones, esto no justifica eludir los mecanismos constitucionales establecidos. La designación por decreto no solo debilita la independencia del Poder Judicial, sino que también genera un precedente peligroso para futuras administraciones, que podrían utilizar esta vía para imponer jueces afines sin el debido control parlamentario.

Desde una perspectiva institucional, esta medida es desastrosa. Como bien señaló el constitucionalista Daniel Sabsay, estamos ante una crisis de disputa entre los poderes del Estado sin precedentes recientes. La designación por decreto de jueces a la Corte Suprema no solo socava la división de poderes, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. En un contexto ya marcado por tensiones políticas y económicas, esta decisión agrava la polarización y profundiza la desconfianza en el sistema judicial.

En conclusión, la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla es un error que el gobierno de Milei debería reconsiderar. La Corte Suprema es el máximo órgano judicial del país y sus decisiones tienen un impacto profundo en la vida de los ciudadanos. Por ello, es esencial que sus miembros sean designados a través de un proceso transparente, participativo y que respete los mecanismos constitucionales. Avanzar por decreto no solo debilita la democracia, sino que también pone en riesgo la independencia y la credibilidad de la justicia argentina.

¿Quién es Ariel Lijo?

Juez federal de Comodoro Py, con una extensa trayectoria en el Poder Judicial, ha sido reconocido por su participación en casos de corrupción de alto perfil, como las causas por lavado de dinero contra Cristina Fernández de Kirchner y el escándalo de los cuadernos de las coimas. Ha sido criticado por su cercanía con el expresidente Mauricio Macri y por decisiones judiciales que algunos consideran parcializadas, como la falta de avance en investigaciones sobre funcionarios del gobierno de Cambiemos. Además, su nombramiento ha sido cuestionado por organizaciones de DDHH y sectores de la oposición, que lo acusan de falta de transparencia y de actuar con sesgo político.

Lijo también enfrenta denuncias por presuntas irregularidades en su gestión, como la contratación de personal sin concurso y la falta de celeridad en casos sensibles. Su manejo de casos emblemáticos, como la investigación por el memorándum con Irán, ha sido cuestionado por falta de transparencia y celeridad. Además, ha sido acusado de favorecer a figuras del poder económico en causas relacionadas con evasión fiscal y lavado de dinero. Estas decisiones han alimentado la percepción de que Lijo podría actuar con sesgo en la Corte Suprema, especialmente en casos que involucren intereses políticos o económicos. A pesar de contar con el respaldo de asociaciones judiciales y organizaciones no gubernamentales, su designación ha generado rechazo en sectores que ven en su figura un riesgo para la imparcialidad de la Corte Suprema.
La figura de Ariel Lijo también se ve opacada por las controversias que rodean a su hermano, Freddy Lijo, quien ha sido señalado por presuntas irregularidades y tráfico de influencias. Freddy, un empresario vinculado al sector de la construcción, ha sido investigado por enriquecimiento ilícito y corrupción, con denuncias que apuntan a que no puede justificar su abultado patrimonio. Estas acusaciones han generado dudas sobre posibles conexiones entre su actividad empresarial y la carrera judicial de Ariel, alimentando sospechas de que el juez federal podría haber beneficiado a su hermano o a sus socios en decisiones judiciales. Aunque no hay pruebas concretas que vinculen directamente a Ariel con los actos de Freddy, la sombra de estas acusaciones pesa sobre su candidatura y refuerza las críticas sobre su idoneidad para integrar la Corte Suprema.

¿Quién es Manuel García-Mansilla?

Abogado y académico especializado en derecho constitucional, con una carrera destacada en el ámbito académico, García-Mansilla ha sido profesor en la Universidad de Buenos Aires y ha publicado numerosos trabajos sobre derecho público. Sin embargo, su perfil ha sido cuestionado por su falta de experiencia en la judicatura, lo que lo convierte en una figura atípica para el máximo tribunal. Además, su postura crítica hacia las designaciones por decreto, expresada en una audiencia en el Senado en 2023, contrasta con su aceptación de la nominación en comisión por parte de Milei, lo que ha generado dudas sobre su coherencia y autonomía.

García-Mansilla también ha sido criticado por su cercanía con sectores del poder económico y por su participación en casos que involucran a grandes corporaciones. Su visión conservadora en temas como los derechos sociales y las garantías constitucionales ha sido señalada como un posible obstáculo para una Corte que debe resolver casos de alto impacto para la sociedad. Aunque su pliego ha recibido apoyos de instituciones académicas y profesionales, su designación por decreto ha sido vista como un intento del gobierno de controlar la Corte, lo que podría afectar su legitimidad y la confianza en su independencia.