Desguace en las políticas de DDHH: Corre riesgo el Archivo Nacional de la Memoria

En diciembre, se anunció el despido de 2500 trabajadores del Ministerio de Justicia, de los cuales 400 pertenecían a la Secretaría de Derechos Humanos. Además, se dieron de baja 200 contratos más, dejando prácticamente vacía la Secretaría. Los trabajadores han denunciado que la única política llevada adelante por la gestión de Baños ha sido desarmar, desarticular y vaciar la Secretaría.

El plan de retiros voluntarios promovido por el Ministerio de Justicia ha sido otro golpe para los trabajadores. Inicialmente se ofreció el retiro voluntario a alrededor de 2.800 trabajadores. Los trabajadores que no acepten el retiro voluntario son amenazados con despidos sin derecho a indemnización. Esta situación ha generado una gran angustia e incertidumbre entre los empleados, quienes temen por su futuro laboral.

La crueldad de la gestión de Baños se evidenció aún más cuando, a horas del brindis de fin de año, se anunció por WhatsApp el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti. Este espacio, ubicado en la ex ESMA, ha sido un referente en el campo artístico y de los derechos humanos. Los trabajadores fueron informados de que no debían presentarse a trabajar a partir del 2 de enero de 2025, debido a una supuesta reestructuración interna. Esta medida dejó a muchos empleados en una situación de “guardia pasiva”, sin saber si podrán volver a sus puestos de trabajo.

En este momento, el cierre del Archivo Nacional de la Memoria es otro golpe devastador para las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina. Este archivo, que funciona en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), es fundamental para preservar la documentación sobre violaciones a los derechos humanos en el país. Custodia fondos y colecciones de origen público y privado, vinculados principalmente con la última dictadura cívico-militar (1976-1983), que sirven como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad. Además, el archivo es una fuente invaluable para la investigación del pasado reciente y garantiza el ejercicio de derechos individuales y colectivos.

El cierre del Archivo Nacional de la Memoria no solo afecta a los trabajadores, sino que también pone en riesgo la preservación de documentos cruciales para la historia y la justicia en Argentina. La importancia de este lugar radica en su capacidad para mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado y asegurar que las futuras generaciones puedan conocer y reflexionar sobre este oscuro capítulo de la historia argentina.