En las primeras horas del jueves, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al Presupuesto Nacional para el año 2026, un hecho destacado tras tres ejercicios sin esta herramienta. La aprobación general, alcanzada con 132 votos a favor, contó con el respaldo de bloques como el PRO-UCR y varios gobernadores peronistas alineados con el oficialismo. Sin embargo, la celebración en el Gobierno fue parcial, ya que en la votación particular el capítulo XI del proyecto fue rechazado por 123 votos en contra versus 117 a favor. Este apartado, que el Ejecutivo consideraba central, proponía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, normas que habían sido sancionadas por el Congreso, vetadas por el presidente Javier Milei y luego reinstaladas mediante la insistencia de ambas cámaras con amplias mayorías. Según la visión oficial, mantener estas leyes representaría un incremento del déficit fiscal de hasta 7 billones de pesos.
El contenido del capítulo rechazado iba más allá de esas dos emblemáticas normas. Incluía también la eliminación del carácter móvil de las asignaciones familiares, como la Asignación Universal por Hijo, dejando su actualización a discreción del Poder Ejecutivo. Además, buscaba recortar el régimen de subsidios conocido como de zonas frías, limitándolo únicamente a la Patagonia, Malargüe y la Puna, y contenía disposiones sobre la conflictiva coparticipación de fondos con la Ciudad de Buenos Aires y modificaciones en el financiamiento del Poder Judicial. La oposición argumentó que se trataba de recortes directos a sectores vulnerables y a políticas públicas sensibles, un argumento que terminó inclinando la balanza en su contra. Tal como publicó la Agencia Noticias Argentinas, la derrota dejó al oficialismo con una aprobación parcial y expuso los límites de su respaldo parlamentario para el ajuste planteado.
Al día siguiente, el ministro del Interior, Diego Santilli, confirmó en declaraciones radiales la intención del Gobierno de revertir el revés. “Para el Presidente es innegociable”, sostuvo, anunciando que buscarían reintroducir el capítulo 11 durante el tratamiento del Presupuesto en el Senado, previsto para el 26 de diciembre. Santilli atribuyó el tropiezo en Diputados a que “hubo gobernadores que no pudieron convencer a sus diputados sobre este cambio cultural que propone Milei”. No obstante, esta estrategia chocó de inmediato con una advertencia jurídica contundente. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez señaló que el intento violaría el artículo 81 de la Constitución Nacional, el cual establece que la Cámara revisora no puede reintroducir artículos o capítulos ya rechazados por la Cámara de origen. “Cuando la Cámara de origen rechaza un capítulo o un artículo de un proyecto de ley, la Cámara revisora no puede reintroducirlo, ni directa ni indirectamente”, explicó, advirtiendo que tal maniobra podría configurar un “fraude parlamentario”.
La pulseada legislativa se definió con celeridad en el Senado. Pese a la presión inicial desde la Casa Rosada, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, se encontró con la firme negativa de sus aliados a reabrir el debate sobre el capítulo eliminado. Según fuentes parlamentarias consultadas por Letra P, Bullrich comunicó al ministro de Economía, Luis Caputo, que aceptara el texto vigente, ya que forzar una negociación podría empeorar la situación. El radicalismo, uno de los soportes clave, fue terminante: “Que paguen el precio en el Ejecutivo”, fue el mensaje que recibió la bancada libertaria. En consecuencia, la Comisión de Presupuesto de la cámara alta dictaminó el proyecto con las firmas de once senadores, respetando íntegramente el texto proveniente de Diputados, sin el polémico capítulo 11. “Estamos pasando a la firma el dictamen con el texto que se aprobó”, anunció el presidente de la comisión, Ezequiel Atauche.
El Presupuesto que llegará al recinto este 26 de diciembre proyecta un gasto total de 148 billones de pesos, un superávit primario del 1.2% del Producto Interno Bruto y un crecimiento económico del 5% para el año próximo, con una inflación estimada en 10.1%. Durante la reunión informativa, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, defendió la rigurosidad fiscal del proyecto, detallando que el 82% de los recursos están destinados a gastos sociales, previsionales, salarios públicos e intereses de la deuda. “El 18% restante quedan subsidios, el gasto universitario, esas dos cosas solas son prácticamente el 10%. Por eso, el 92% del presupuesto prácticamente no tiene mucho margen para discusión”, argumentó. Al ser interpelado sobre la suspensión de leyes que fijan pisos de inversión en educación y ciencia, Guberman sostuvo: “En lugar de hacernos los desentendidos y no cumplir, preferimos suspender para que todos quedamos legalmente cubiertos”.
El desenlace representa un revés táctico para el Gobierno, que no logró imponer su agenda de derogaciones a través de la ley de leyes, y deberá ahora, según trascendió en círculos legislativos, elaborar una estrategia alternativa para limitar el alcance de las normas que se pretende recortar. La tensión también dejó al descubierto fisuras en la coalición gobernante, evidenciadas por el enojo del PRO tras una designación unilateral de auditores durante la sesión en Diputados, un episodio que según fuentes del bloque citadas por Infobae, lesionó la confianza entre los aliados. El episodio presupuestario subraya la complejidad de gobernar con minoría parlamentaria y la resistencia que generan los intentos de desmantelar, por la vía expeditiva del presupuesto, políticas públicas consolidadas y ampliamente respaldadas por el arco opositor.
Vuelvo con el art. 81 de la Constitución argentina. El rechazo del capítulo XI de la ley de presupuesto por parte de la Cámara de Diputados como Cámara de origen, implica que la Cámara de Senadores como Cámara revisora no puede volver a incorporarlo directamente o introducirlo…
— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) December 19, 2025
