Derrota del gobierno: se aprobó menos de un tercio de la ley que presentó

La sesión en el Senado se estiró más de once horas y terminó ya entrada la madrugada del viernes con un resultado que, para el oficialismo, supo más a empate que a victoria. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada obtuvo la media sanción con 37 votos a favor y 33 en contra, pero el texto que llegó a Diputados quedó tan desguazado que apenas representa un tercio de lo que el gobierno había soñado cuando lo mandó al Congreso en marzo. Los libertarios tuvieron que tragarse el sapo de bajar dos de los capítulos más jugosos: el que facilitaba la extranjerización de tierras, que ya había caído antes de la sesión, y el que reformaba la ley de Manejo del Fuego, retirado sobre la hora, casi en el momento de la votación general. Lo que sobrevivió fueron las modificaciones a las expropiaciones, los desalojos exprés y el registro de la propiedad, un combo que, si bien festejaron en el oficialismo, dejó un regusto amargo en propios y extraños.

El derrumbe de los artículos más polémicos no fue un accidente, sino el resultado de una tarde en la que los votos se le escapaban a Patricia Bullrich como agua entre los dedos. El discurso de Joaquín Benegas Lynch al principio del debate terminó siendo el martillo que rompió el vidrio: el senador entrerriano calificó a los aliados de “ignorantes” y “tibios” por sucumbir ante el “show mediático”, y con esa frase se ganó el repudio de radicales, provinciales y hasta de algunos socios históricos. Maximiliano Abad fue claro al advertir que el capítulo de fuego era “regresivo” y que la jurisprudencia de la Corte Suprema ya consolidó el principio de no regresión ambiental. Flavia Royón, Beatriz Ávila y Edith Terenzi se sumaron al rechazo, y el oficialismo, al ver que el apoyo se desmoronaba, prefirió retirar el artículo antes que arriesgarse a perder todo el proyecto. La chubutense Terenzi, que ya había sido clave para voltear la ley de tierras, volvió a jugar su papel: se abstuvo en desalojos y votó en contra del manejo del fuego.

Lo que sí quedó en pie es lo que tiene a los inquilinos con el corazón en la mano. El proyecto acelera los desalojos por falta de pago mediante un juicio sumarísimo, el más rápido del Código Procesal, y acorta los plazos para que el propietario pueda iniciar la acción. Aunque se mantuvo el plazo de diez días para regularizar la deuda, las organizaciones de inquilinos advierten que la nueva vía procesal deja a las familias en una situación de extrema vulnerabilidad. Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, lo planteó sin vueltas: el capítulo 2 es “un ataque directo a las garantías de un juicio justo” y, con solo una declaración del propietario, en 72 horas una familia puede quedar en la calle. En un contexto donde más del 70% de los hogares inquilinos tiene deudas activas y casi un 30% está en emergencia habitacional, la ley se convierte en una amenaza concreta para millones de personas. Además, la modificación a la regularización dominial eleva de tres a diez años el tiempo de posesión pacífica exigido para acceder al título de propiedad, otro punto que generó rechazo en los sectores populares.

La jornada no fue solo un debate legislativo, sino una muestra de la fragilidad del oficialismo en el Congreso. Adentro, los discursos cruzados dejaron ver la bronca de la oposición y la incomodidad de los libertarios; afuera, las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes en una escena que trajo recuerdos de épocas más oscuras. El peronismo, con José Mayans a la cabeza, intentó que el proyecto volviera a comisión, pero perdió la votación 38 a 31. Para cerrar la noche, Patricia Bullrich salió a bancar el resultado con una explicación que sonó más a descargo que a celebración: “Esta ley vino un poco endiablada”, dijo, y repartió culpas entre la demora por la definición de Manuel Adorni, el Mundial y “la campaña anti Argentina”. La senadora insistió en que no hay vencedores ni vencidos y prometió una agenda futura con temas sociales y educativos. Pero en los pasillos del Senado, varios legisladores oficialistas no ocultaban su malestar con Federico Sturzenegger, el ministro autor del proyecto, por el costo político de una defensa que terminó despedazando el texto original y dejando al gobierno con un triunfo tan magro como cuestionado.