El gobierno del presidente Javier Milei se vio forzado a una retirada táctica de uno de los pilares de su agenda económica, al anunciar la postergación del debate de la Reforma Laboral para febrero. La decisión, comunicada por la senadora Patricia Bullrich, constituye un reconocimiento tácito de las dificultades para imponer el proyecto sin consensos y llega en un contexto de creciente presión social, disidencias dentro de la coalición oficialista y una derrota legislativa clave en el tratamiento del Presupuesto 2026. La medida contrasta con la promesa inicial de un tratamiento exprés antes de fin de año y expone las fisuras en la estrategia de choque del oficialismo.
El punto de inflexión se produjo en las primeras horas del jueves, cuando la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto, rechazó el polémico Capítulo XI. Este apartado buscaba derogar, entre otras normativas, la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Educativo. La caída de estos artículos, lograda por una movilización política que incluyó llamados hasta la madrugada de gobernadores peronistas a activistas del colectivo, funcionó como una señal de alarma para el oficialismo. Ante la perspectiva de que una insistencia en votar la reforma laboral sin acuerdos pudiera derivar en una nueva derrota, la conducción política optó por el repliegue. “Ayer algunas cosas no se votaron… El corazón del programa económico es no violentar el superávit fiscal. Esas leyes tenían una incidencia tan grande que nos generaban déficit fiscal”, argumentó Bullrich, vinculando directamente ambos hechos.
La postergación también puede leerse como una respuesta a la presión ejercida en las calles y en el ámbito parlamentario. La masiva marcha convocada por la CGT y movimientos sociales frente al Congreso y Plaza de Mayo puso un contrapunto visible a la narrativa oficial. En paralelo, bloques opositores y hasta senadores aliados al gobierno reclamaban más tiempo para analizar y modificar el proyecto de modernización laboral, al que calificaban de “nacido torcido”. Bullrich intentó presentar el cambio de cronograma como un gesto de apertura al diálogo, afirmando que “fue increíble la cantidad de gente que quiere participar”. Sin embargo, fuentes parlamentarias citadas en los medios señalaron un motivo más pragmático: la rebelión de los propios senadores oficialistas, hastiados de la presión, que le plantearon a Bullrich que “sin presupuesto, no hay reforma laboral”.
El escenario legislativo se complejiza aún más para el oficialismo por crisis paralelas que erosionan su capital político. En un frente judicial, el gobierno apeló un fallo de la justicia federal de Campana que le ordena cumplir de inmediato con la Ley de Emergencia en Discapacidad, dictamen que el magistrado fundamentó en la “clara discriminación a personas con discapacidad” y en un “argumento falaz” por parte del Estado . Esta pulseada legal se suma al revés en el Congreso, mostrando la firme resistencia que genera el ajuste en áreas sociales sensibles. Simultáneamente, la causa por lavado de dinero que involucra al exdiputado José Luis Espert, aliado del gobierno, tomó un nuevo cariz con el congelamiento de todos sus bienes y los de su entorno familiar por 90 días, ordenado por el juez Lino Mirabelli a pedido del fiscal Federico Domínguez . Este proceso, que investiga los 200.000 dólares recibidos de un empresario acusado de narcotráfico, generó además un pedido formal de remoción de Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto de Diputados, impulsado por la oposición bajo el argumento de que su situación es “insostenible” y paraliza el debate .
La acumulación de estos frentes —el retroceso en la reforma laboral, la derrota presupuestaria, el conflicto judicial por la discapacidad y la crisis de un aliado clave— pinta un cuadro de un gobierno que encuentra límites concretos a su proyecto. La estrategia de embate frontal, que logró algunas victorias iniciales, parece topar con una resistencia consolidada en el Parlamento, en la Justicia y en las calles. La postergación hasta el 10 de febrero le dará al oficialismo un respiro para rearmar sus alianzas y negociar, pero también concederá tiempo a la oposición y a los movimientos sociales para organizar una oposición aún más firme. El mensaje que deja esta semana es claro: la aplicación del ajuste profundo en un marco democrático enfrenta obstáculos que la fuerza bruta legislativa no puede superar por sí sola, obligando incluso a sus principales operadores, como Bullrich, a pausar y recalcular.
