La salida de Alejandro Vilches de la Secretaría Nacional de Discapacidad el 21 de septiembre no fue un simple trámite administrativo. Cinco meses antes, cuando todavía era interventor de la Andis, ya había puesto por escrito ante la Justicia federal un cuadro que calificó como “irregularidades de gravedad”. Según publicó La Nación, Vilches describió “sobreprecios sistemáticos”, “ausencia de procedimientos administrativos adecuados” y “debilidades estructurales” en los circuitos de compras del organismo. El detalle que más ruido hizo fue la comparación con el PAMI: insumos médicos y ortopédicos que la Andis pagaba hasta 20 veces más caros que lo que abonaba la obra social de los jubilados. En un caso, la diferencia trepó al 4.239% en la facturación de andadores, sillas de ruedas y prótesis. Nueve proveedores concentraban el grueso de esas operaciones: Indecomm, Droguería Floresta, Neurosalud, Farma Salud, Ortopedia Bernat, Artrobone, Imnova, Bymax Medical y Expo Trauma, que en conjunto le facturaron al Estado más de $25.000 millones.
El mecanismo que describen los informes era difícil de rastrear. Varios expedientes arrancaban con facturas presentadas sin licitación ni compulsa previa. En otros casos, un mismo pedido agrupaba distintas facturas, lo que enturbiaba el seguimiento de cada compra. La auditoría detectó incluso una factura de Indecomm pagada dos veces, por $28,7 millones cada vez. Los técnicos que trabajaron para Vilches compararon precios con presupuestos de mercado y con adjudicaciones del PAMI. Una válvula bicava transcatéter facturada a la Andis por $425 millones había sido adjudicada por el PAMI a $124,2 millones. Una endoprótesis aortoilíaca costó $369,8 millones, contra una referencia de $17,85 millones. Una silla de traslado postural facturada por Imnova en $18 millones tenía un valor de mercado estimado en $945.000. Una silla estándar de acero de Bymax se pagó a $11,5 millones cuando en el mercado local no superaba los $500.000 . Los informes también señalaron que Artrobone e Imnova compartían domicilio y tenían vínculos familiares entre sus integrantes, una situación que el documento vinculó con una posible “simulación de competencia”.
Mientras Vilches acumulaba documentación, la causa judicial avanzaba por otro carril. La Cámara Federal confirmó esta semana los procesamientos de Diego Spagnuolo y otras 18 personas por asociación ilícita, cohecho y otros delitos. Los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico valoraron chats y audios que exhibirían cómo funcionaba el direccionamiento de compras. En uno de los intercambios, el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, le escribió a otro funcionario: “Con esta droguería no se va a trabajar más”. La respuesta fue que le habían pedido demorar firmas de proveedores que no eran “de las nuestras”. En otra conversación, Garbellini ordenó: “No lo autoricen. Objetá todo, pedí documentación”, y días después: “Todo observado. No va”. La Cámara también ponderó mensajes que aluden a pagos de $5 millones y a la entrega de muebles a Spagnuolo a través de una empresa vinculada a Miguel Ángel Calvete, señalado como articulador privado del esquema. El fiscal Franco Picardi sostiene que Spagnuolo encabezaba una estructura que pedía coimas a laboratorios para direccionar contrataciones.
La renuncia de Vilches, aceptada por decreto el 22 de septiembre, dejó el área en manos de Pablo Di Liscia, ex presidente del IOMA entre 2017 y 2019. La designación se oficializó en medio de una pelea interna dentro del propio oficialismo por el Presupuesto 2027. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo incluía ajustes en las partidas para discapacidad que despertaron el rechazo de la oposición y también de sectores aliados. La senadora Patricia Bullrich encabezó las críticas dentro del bloque libertario y el Gobierno admitió que podría revisar las previsiones. La discusión derivó en un dictamen de comisión que reemplazaría la ley de emergencia sancionada en 2025 por una norma sin esa categoría. Los aliados que firmaron el dictamen exigieron precisiones sobre el financiamiento y advirtieron que podrían retirar su apoyo si no se garantizan las partidas. La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, puso el foco en uno de los puntos más sensibles del debate: la eventual desregulación del nomenclador único de prestaciones. “Es letal la desregulación del nomenclador”, dijo en Radio con Vos, y advirtió que el sistema actual garantiza que “una persona que no tiene un mango tiene el mismo derecho de acceder a las terapias que el que tiene una prepaga premium” .
